Magacín CDMX
Alejandro Lelo de Larrea
Desde el fraude de 1988, todas las reformas electorales han sido progresistas, lo que le abrió la posibilidad a la izquierda para gobernar la Ciudad de México y a Andrés Manuel López Obrador para ganar la Presidencia, después del proceso de 2006 en el que acusó que padeció un robo en las urnas.
Hoy, incluso en contra del artículo 1 de la Constitución federal, en que se establece que los derechos humanos no pueden ser regresivos, el gobierno de la república prepara una reforma electoral con la que pretender eternizarse en el poder, reduciendo la representación de las minorías y sus posibilidades de crecimiento político real.
El Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum todavía puede optar por un camino progresista: qué se empaten la Constitución y la Ley secundaria en el tema de la asignación de diputaciones y senadores plurinominales, para que ningún partido político pueda tener una sobrerrepresentación mayor al 8%, sin importar si va en la alianza o como partido en lo individual.
Esta imprecisión fue la que permitió que en 2024 los órganos electorales le concedieran una sobrerrepresentación de más del 20% a Morena y sus aliados del PT y PVEM, porque mientras la Constitución establece que los partidos políticos no pueden tener más del 8% de sobrerrepresentación, la Ley secundaria que reglamenta ese artículo de la Carta Magna establece que el límite es para las coaliciones. En 2024, Morena y sus aliados, en conjunto, tuvieron el 48% de los votos en las urnas para el Legislativo, pero les otorgaron casi el 70% de diputaciones y senadurías.
Hoy una reforma electoral podría corregir esa aberración y al mismo tiempo garantizar mejor representación de las minorías, si se eleva a nivel nacional el modelo que existe en la Ciudad de México –incluso perfeccionado–. Esto implica no reducir el número de diputados federales ni de senadores para garantizar también que el PT y el PVEM apoyan la medida, pues ellos han vivido más de tres décadas precisamente de la representación proporcional, y hoy no se van a dar un balazo en la sien.
En la capital del país existe una figura electoral –aun no acabada– en la que algunos de los candidatos que quedaron en segundo lugar en su respectivo Distrito Electoral pero fueron de los más votados, accedan al Congreso como primera minoría, que también llaman coloquialmente el repechaje. Es igualito a como se eligen 32 de los 128 senadores, los de primera minoría.
Este modelo podría implementarse 100% en todo el país para eliminar todas las candidaturas plurinominales o de lista de partido, y así obligar a que todo mundo haga campaña, que los jerarcas de los partidos verdaderamente le daban el voto a la gente y no al control burocrático que tienen al interior estos grupos políticos.
Hay casos significativos en que los propietarios de los partidos políticos han estado en alguna curul sin jamás haber hecho campaña: Alberto Anaya, propietario del PT; Jorge Emilio González, del PVEM; Dante Delgado, de MC. También Alejandro Moreno, del PRI; Ricardo Anaya, del PAN; Ricardo Monreal o Adán López, de Morena. Sería interesante verlos en campaña, que tengan que ir ante la gente a dar la cara y pedir el voto. ¿Se imaginan a Adán teniendo que explicar el tema de ‘La Barredora’?
El modelo de la CDMX a nivel nacional podría preservar los 300 Distritos Electorales, y quien gane en su respectivo acceda directo a una curul en la Cámara de Diputados. Los otros doscientos legisladores representarían a las minorías, pues saldrían de los 200 mejores segundos lugares, con los detalles necesarios en la “letra chiquita”, como el límite de 8% de sobrerrepresentación por coalición o partido político.
Una reforma electoral de este calado le otorgaría autoridad moral en términos de democracia al gobierno de Sheinbaum, y que al mismo tiempo cese toda intención de quitarle la autonomía al Instituto Nacional Electoral; que tampoco elimine los órganos electorales estatales, porque atenta contra la potestad de las entidades federativas para elegir a sus gobernantes; que prevalezca el financiamiento público a los partidos políticos con mayor equidad para también evitar que el dinero sucio determine a los ganadores.
Así, el modelo Ciudad de México es una gran alternativa para acabar con la aberración de las “plurinominales”, sin quitarle la debida representación a las minorías, porque al mismo tiempo serviría para frenar la otra aberración: la sobrerrepresentación. Lo veremos.
