José Luis Parra
Todo iba viento en popa con la 4T gamer: un nuevo impuesto de 8% a los videojuegos violentos, la bandera moral en alto y la idea de que las consolas no solo embrutecen, sino también financian el caos social. Pero bastó que los votantes más jóvenes se pusieran nerviosos en redes sociales para que la presidenta Claudia Sheinbaum pisara el freno y se echara para atrás. Reversazo con todo y chispas digitales.
Claro, nadie esperaba que el golpe de timón viniera sin consecuencias. El problema es que la decisión no fue sólo política ni moral. Fue legal. Y ahí entró Ricardo Monreal, el siempre dispuesto intérprete del librito constitucional, para recordarle a la presidenta —con finura de torero y precisión quirúrgica— que no, no puede simplemente anunciar que “ya no se va a cobrar” un impuesto aprobado, publicado y etiquetado en la Ley de Ingresos 2026.
O sea, Claudia podrá ser presidenta, pero no puede cancelar impuestos con una mañanera.
Contra el joystick, la Constitución
La gran batalla ya no es entre el bien y el mal, sino entre el Código Fiscal y la consola. En esta esquina: la Ley del IEPS, el Diario Oficial y la sacrosanta aprobación del Congreso. En la otra: una presidenta que no quiere enemistarse con la generación Fortnite, que vota, tuitea y se organiza mejor que cualquier sindicato.
Monreal dejó claro que aquí no aplica el “se me hace injusto, lo voy a quitar”. Si el impuesto está en ley, tiene que aplicarse. Y mientras eso no cambie por la vía legislativa, el SAT tendría que salir a cobrarle el 8% a cada gota de sangre digital derramada en pantalla.
La pregunta es: ¿y si no lo hace?
Combo: técnica fiscal + política populista
La jugada de Claudia fue, para decirlo suavemente, un populismo tributario con disfraz de sensibilidad social. Un combo doble: evitar un voto de castigo juvenil y, de paso, quedar como presidenta dialogante, moderna, razonable. Pero le falló el timing.
Porque mientras en Palacio Nacional aplauden el gesto “progresista”, en San Lázaro y en Hacienda se jala el freno de mano: el impuesto sigue vigente, con nombre y apellido —“Videojuegos con violencia”— y con estimación de recaudación exacta: 183 millones de pesos.
¿Y si el SAT decide no aplicar la ley porque la presidenta dijo que no?
Nos metemos en camisa de once litigios.
El problema no es el impuesto, es el método
Ni Monreal ni los abogados fiscalistas están defendiendo el IEPS por cariño a Mario Bros armado. Lo que defienden es el orden jurídico: si una presidenta puede desdecirse de la ley sin pasar por el Congreso, ¿qué impide que mañana diga que tampoco se cobre el IVA a las croquetas o el ISR a los influencers?
Es decir, el precedente es peligrosamente jugoso.
Una presidencia que se corrige sola, se contradice sola, se legisla sola. A eso le llaman “ejecutivitis”.
Y es contagiosa.
La consola no perdona
Al final, Sheinbaum quiso ganarse el corazón gamer y terminó abriéndose un frente jurídico. Los votos digitales no se compran con reversazos improvisados. A lo mejor sí se evita la molestia inmediata, pero se gana un ridículo técnico.
Y para acabarla, el asunto generó división dentro de Morena. No se trata de un grupo radical del PAN o una protesta de Youtubers fifís. Es el propio coordinador morenista en San Lázaro el que dice: “Señora presidenta, usted no puede hacer eso.”
Los videojuegos violentos no matan… pero sí hacen tambalear una narrativa de legalidad a la que se aferran como clavo ardiente desde el 3 de junio.
Y no hay reset que los salve.
