Lilia Arellano.
“La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla”: Juan Luis Vives
• Monumental fracaso ante violencia
• R. Sales Heredia culpa a Estados Unidos de narcotráfico
• Evidentes fallas en estrategia contra crimen sin corregir
• Corrupción, principal obstáculo para detener los ilícitos
• Huachiloqueo, crece y se multiplica con total impunidad
• Presiona gobierno por controversias a Ley de Seguridad
• Ineficaz e incompleta, lucha contra la piratería en el país
Ciudad de México, 16 de febrero de 2018.- México resiente un descomunal fracaso en materia de seguridad, administración y procuración de justicia y respeto al Estado de Derecho durante la presente administración federal. La gestión del presidente Enrique Peña Nieto insiste tercamente en mantener una estrategia fallida la cual tiene al país sumido en una epidemia de violencia sin precedentes. La emergencia por la incontenible ola de crimen en diversas regiones del territorio nacional simplemente no es atendida debidamente, pues se repiten los mismos esquemas de confrontación derivados de la “guerra contra el narcotráfico”, detonada por el gobierno de Felipe Calderón.
Culpar al vecino del norte, a su voraz apetito de estupefacientes, y a la lucha entre las diversas organizaciones criminales por las principales plazas y rutas comerciales de las drogas, como lo hizo Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, no es suficiente. Se requiere una revisión total de lo hecho hasta el momento y el diseño de una nueva estrategia para resolver el problema, no para agravarlo como se ha hecho hasta el momento.
La corrupción y la impunidad son, tal vez, el principal obstáculo para detener la incidencia delictiva y la criminal. En verdad no es creíble, por ejemplo, que las autoridades, la Procuraduría General de la República (PGR) en este caso, no hayan consignado a nadie durante todo el año pasado por el delito de sustracción de combustible, a pesar de que levantó 2 mil 795 averiguaciones previas por este ilícito. Esto sólo se explica por la enorme red de complicidades entre los “huachicoleros” de cuello blanco, incrustados tanto en la empresa productiva del Estado, Pemex, y en el Sindicato Petrolero, el cual encabeza Carlos Romero Deschamps, así como en gobiernos municipales y estatales, por donde se ubican los ductos de Pemex.
En el Estado de México hay 479 averiguaciones previas abiertas durante el año pasado; en Baja California, 471; en Nuevo León, 442; en Tabasco, 361; y en Puebla 441. Esta situación contrasta con los registros del 2016, cuando la PGR sólo consignó 85 averiguaciones previas , y en 2015, un total de 341. El negocio del “huachicoleo” es próspero y crece más conforme se acerca el fin del actual sexenio. Destaca el hecho de que, en 2015, las autoridades lograron detener a 401 presuntos huachicoleros y, en 2016, la cifra se redujo a sólo 36, pero el año pasado nadie fue detenido y este delito se ubicó en una impunidad del 100 por ciento, a pesar de que Pemex reportó 10 mil 363 tomas clandestinas en 2017, 51 por ciento más que las de 2016. Así, se marcó un récord en este delito y se colocó a 2017 como el año con mayores puntos de ordeña desde 2010.
Ni Sales Heredia, ni Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y mucho menos el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, han logrado siquiera esbozar una estrategia diferente y eficiente para atender el problema de la incidencia delictiva y detener la ola de violencia en el país. Durante la más reciente conferencia de prensa ofrecida por el Comisionado Nacional de Seguridad, éste sólo se restringió a hacer una radiografía de la escalada de violencia, pero no más. De esta manera, señaló, la violencia en algunas zonas del territorio nacional, como la frontera norte, está asociada a la disputa de organizaciones delictivas para controlar el creciente tráfico de opiáceos a los Estados Unidos. ¿Y…?
También subrayó el fenómeno se presenta en estados con cruces fronterizos a Estados Unidos, en la región conocida como Triángulo Dorado en el norte del país, y en entidades donde se cultiva amapola, como Guerrero. La violencia en esas regiones, dijo, “se explica en buena parte por la disputa de los grupos delincuenciales por controlar estas plazas. Por controlar la oferta de estas drogas; caso similar pasa en Colima, en el Puerto de Manzanillo, donde llegan precursores químicos para la producción de droga sintética, particularmente, fentanilo”, precisó.
De acuerdo a las propias declaraciones de este funcionario, la cooperación México-Estados Unidos para frenar la oferta de estupefacientes hacia territorio estadounidense, no ha dado los resultados esperados, ante el crecimiento del mercado negro de opiáceos en EU. Los decomisos reportados por la autoridad son ridículos: 415 kilos de cristal, 45 de fentanilo, 614 kilos de metanfetamina y 2 de heroína en las carreteras federales.
PURAS FALLAS
Demostrado está que capturar líderes de bandas criminales desestabiliza a los cárteles y aumenta la violencia, y empuja a células fracturadas de los cárteles a incursionar en otros “negocios criminales”, como son la extorsión y el secuestro. Una forma más efectiva de reducir la violencia, de acuerdo a los profesores de Harvard, Thomas Abt y Christopher Winship, es luchar contra el flujo de armas ilegales. Esto no se logra intercambiando armas o pidiendo la entrada pacífica de éstas, sino se logra con políticas focalizadas para evitar las armas lleguen a las manos de quienes más probabilidad tienen de usarlas. Por tal razón, urge concretar con el gobierno de EU un acuerdo sólido el cual permita mayor vigilancia en las zonas de la frontera.
Visto está no es con la política de polígonos como se reducirá la violencia. Los responsables de la seguridad en el país han seleccionado alrededor de 4 centenas de polígonos de atención, los cuales son áreas territoriales dentro de 57 demarcaciones que tienen altas problemáticas de criminalidad. Sin embargo, la evidencia mostró los polígonos son áreas todavía muy grandes. La violencia es un fenómeno tan focalizado que cualquier intervención con carácter territorial resulta inefectiva. Por eso, la única forma de identificarla es recibir información de las personas que viven en la comunidad sobre los patrones de violencia. Ello requiere tener procesos estandarizados para recopilar información de vecinos o ONGs locales. No se requiere necesariamente inteligencia policial, sino inteligencia comunitaria.
El mando único policial no es la respuesta absoluta para combatir la violencia en el país. Si éste se traduce en la creación de una policía que reciba órdenes desde la Federación sin capacidad para desarrollar inteligencia propia, fracasará. La violencia es local y, por tanto, necesita policía local. A la fecha, se ha juzgado la mayor parte de las intervenciones para la reducción del crimen en México con base en evidencia obtenida a partir de estudios internacionales. Es tiempo de comenzar a desarrollar evidencia propia, sin que ello signifique creer ciegamente en las evaluaciones de impacto.
La mayoría de los esfuerzos que se han realizado para mejorar la justicia en México se refieren a reformas en procuración y administración de justica, relegando a la prevención como una apéndice con pocos recursos de la Secretaría de Gobernación. Los policías deben entender como parte de sus labores comunes la de prevenir, no sólo la de capturar criminales.
De acuerdo con Thomas Abt y Christopher Winship, en general los estudios sobre reducción del crimen a nivel mundial tienden a mostrar que toda política aumentará su efectividad si sigue seis acciones: (1) focaliza, (2) previene la violencia más que reacciona a ella, (3) trata de incrementa la legitimidad de las instituciones de justicia, (4) pone atención a la implementación, (5) tiene una teoría de cambio bien determinada, y (6) promueve la colaboración entre varios autores.
RECHAZO A LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Tras la interposición de controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) -una norma “que pretende perpetuar el fracasado modelo de seguridad pública e invadir competencia entre entidades, tras haber vivido el año más violento del sexenio”-, por parte de diversos municipios de todo el país, “han existido presiones y acciones que parecieran ser una represalia” contra los promotores de dichas impugnaciones, advirtió el colectivo Seguridad Sin Guerra.
Esa asociación, formada por más de 300 grupos y personas, destacó uno de esos casos es el del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde la Secretaría de la Defensa Nacional canceló el convenio de colaboración que tenían para la vigilancia de carreteras, y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio.
Seguridad sin Guerra condenó esas acciones, “que pueden traducirse en afectaciones a la seguridad y derechos de las personas”, y manifestó su apoyo a las autoridades municipales que contravinieron la LSI. Entre los municipios que impugnaron la LSI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán, en el Estado de México; Oxkutzcab, Tepekan y Hoctún, en Yucatán; Ahuacatlán, Soltepec y Tepeyahualco, en Puebla; Morelia y Cherán, en Michoaacán; Hidalgo del Parral, en Chihuahua, y Oxchuc, en Chiapas.
El colectivo también manifestó su respaldo a la controversia constitucional presentada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “no sólo por ser el único mandatario que lo hizo, sino porque las razones expuestas en su demanda fundamenta plenamente la invasión que la Ley impone a la soberanía de los estados por las autoridades federales”.
INEFICAZ, LUCHA CONTRA PIRATERÍA
Para la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés), organismo el cual vigila los derechos de autor de mil 900 empresas estadounidenses en el mundo, los esfuerzos en materia antipiratería en México son ineficaces. El marco legal de nuestro país tiene un retraso de por lo menos dos décadas si se compara con estándares internacionales, aseguró.
Ya han pasado 15 años de que México se adhiriera a tratados internacionales en materia de protección de derechos de autor e internet, pero su régimen jurídico sigue careciendo de varios elementos claves exigidos, destacó IIPA, quien en su recomendación para el próximo Reporte Especial 301 de la Oficina del Representante de Comercio de EU, colocó nuevamente a nuestro país en la lista de nueve naciones que deben reforzar sus acciones contra la ilegalidad de contenidos.
México ocupa ya el segundo lugar a nivel mundial, sólo por detrás de Rusia, y el primero en América Latina, en grabaciones de películas en los cines. El año pasado, IIPA encontró que 81 cintas estadounidenses fueron grabadas en forma ilícita en territorio mexicano.
DE LOS PASILLOS
La policía de la Ciudad de México encabeza la lista de las instituciones señaladas por realizar detenciones arbitrarias, reportó la Comisión de Derechos Humanos local. De enero a agosto de 2017, al menos 89 personas iniciaron una queja ante ese organismo contra dichos oficiales. En total, durante dicho periodo, la CDH recibió 175 quejas por ser presuntamente violatorias al derecho a la libertad y la seguridad de las personas, en específico por detención arbitraria. Los oficiales preventivos concentraron el 50.8 por ciento de las quejas. Mientras, 17 personas iniciaron queja contra elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y 12 contra la Policía Auxiliar. Del total de expedientes revisados por la CDH, 104 continúan en trámite.
Este viernes, Juan Díaz Pimentel, secretario de Salud de Oaxaca, quien llegó a la administración de Alejandro Murat el 9 de enero de este año, hizo efectiva su renuncia, en la cual acusó el paro de labores iniciado por trabajadores del sector salud impide investigar y llegar a los responsables de un presunto saqueo a la institución… Los trabajadores de salud de Oaxaca comenzaron sus protestas este año para evitar el despido masivo de empleados, algunos aviadores y de quienes fueron contratados sin cobertura presupuestal.
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