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- Quiere Jonathan Evitar Vacíos en la L56
Cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas. Kamal Haasan
La bancada de MORENA a la Legislatura 56 de Morelos va a aprobar —el tanteador es 15-5— la Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación, designará a los nuevos titulares de las Fiscalías general y anticorrupción, y destituirá al auditor superior de la Cámara de Diputados por actos de corrupción.
La composición de la L56 entrante en septiembre, cuenta con nueve diputados de MORENA y aliados, de mayoría relativa, es decir, por votación popular directa, y seis más de escrutinio proporcional, los plurinominales, de ese y otros acrónimos.
Si la reforma al Poder Judicial alcanza a las entidades federativas, la soberanía estatal replicará el cambio integral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal: los magistrados y jueces de Morelos podrán ser destituidos y designados sus sustitutos.
Como a nivel central, en los estados los magistrados y jueces podrán obligarlos a bajarse el salario, reducir el número de sus integrantes, cancelar su jubilación de por vida —y de por muerte—, y someterse, si desean continuar, al mismo sistema de votación a través del sufragio popular, previo cumplimiento de requisitos insoslayables.
En Morelos no sólo se elegirán jueces federales, sino locales. La elección federal la organizará el INE y la elección estatal, el Instituto Morelense de Procesos Electorales, como se plantea en la reforma.
La corrupción de los tribunales de Justicia de los estados obliga la reforma integral. Morelos es muestrario: no se castiga la violencia vicaria, protegiendo a los papás delincuentes y se reclasifican los delitos para encarcelar a inocentes o para no vincular a proceso a los culpables. Donde se le apriete brota corrupción.
Cuando la organización Latinobarómetro asegura que el 67 por ciento de los mexicanos no confía en los impartidores de justicia y el Índice de Estado de Derecho en México mantiene a Morelos en la penúltima posición de calificación reprobatoria a nivel país, la Legislatura 55, en contubernio con los poderes Ejecutivo y Judicial, cumplió el pacto que concluyó con la designación de dos nuevas magistradas, bajo el modelo de una de las peores formas de reparto del poder: la corrupción.
letraschiquitas
La única y verdadera intención de Jonathan Márquez, en su juicio de protección de derechos políticos, es que el árbitro electoral de Neptuno 6 aplique la paridad [10 mujeres, 10 hombres] transversal de los bancos diputadiles a cada partido, en la Legislatura 56. Lo que pretende el dirigente del PRI y ojo, no otra cosa, es que las próximas diputadas sean asignadas no a minorías ni últimos lugares en la toma de decisiones, sino que accedan al valor del poder político y, con ello, se observe a tiempo el vacío constitucional del próximo Congreso, con 19 diputados propietarios [una asignación corresponde a la suplencia] y 18 suplentes. En la L55, para algo sirve la memoria, Juan José Yáñez era diputado propietario sin suplente, y a su muerte generó una crisis legislativa de meses. Con el asesinato de la diputada Gabriela Marín hubo parálisis cameral. El cabildeo de Márquez, en realidad, recrimina además la calificación y asignación de las diputaciones de parte del árbitro electoral de Zapote 3, porque la L56 puede no funcionar eficaz y constitucionalmente, por errores humanos o virtudes políticas.
