En medio de una creciente controversia, surgieron acusaciones sobre un presunto fraude electoral masivo durante las recientes elecciones en México.
Según fuentes anónimas del gobierno y expertos electorales independientes, se estima que hasta cinco millones de migrantes fueron nacionalizados de manera expedita y recibieron credenciales de elector y tarjetas de bienestar como parte de una estrategia para influir en los resultados a favor de Claudia, candidata de Morena.
La información fue publicada por «La carpeta púrpura«, donde se indica que «el INM nacionalizó migrantes y el INE les dio credenciales de elector y AMLO les dio tarjetas de bienestar para comprar su voto».
Este proceso acelerado habría permitido que estos nuevos ciudadanos participaran activamente en el proceso electoral, un hecho que podría haber alterado significativamente los resultados.
El Instituto Nacional Electoral (INE), por su parte, enfrenta serias acusaciones sobre la integridad de su padrón electoral. Expertos han señalado que la lista nominal del INE supera en más de cinco millones la cifra de población en edad de votar registrada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), lo cual ha generado suspicacias sobre la validez de los votos emitidos y la posible manipulación del proceso.
Ante estas revelaciones, los partidos de oposición, incluyendo PAN, PRI y PRD, han exigido respuestas claras y transparentes por parte de las autoridades electorales. Se ha solicitado la comparecencia del Comisionado del INM para que explique detalladamente:
- El número de migrantes nacionalizados y sus nacionalidades específicas.
- El procedimiento y motivos detrás de la rápida nacionalización.
- La cantidad de credenciales de elector distribuidas entre estos nuevos ciudadanos.
- El número de migrantes que efectivamente votaron en las elecciones recientes.
Además, se ha planteado la preocupación sobre la existencia de credenciales de elector activas a nombre de personas fallecidas, lo que podría indicar irregularidades adicionales en el manejo del padrón electoral.
La situación se complica con las más de 2,895 impugnaciones presentadas hasta ahora por los partidos de oposición en diversos tribunales, buscando la anulación de las elecciones presidenciales por fraude electoral. Los abogados de estos partidos han solicitado investigaciones exhaustivas para determinar cómo la participación de los migrantes nacionalizados impactó en los resultados electorales y si realmente hubo una manipulación deliberada.
Por otro lado, la implementación de programas sociales como las pensiones para adultos mayores y las becas para jóvenes, gestionadas a través de tarjetas de bienestar, ha sido fuertemente criticada. Se acusa al gobierno de condicionar estos beneficios sociales al voto por el partido en el poder, Morena, lo cual ha generado un ambiente de desconfianza y manipulación electoral entre la población vulnerable.
El debate público se intensifica con cada revelación y acusación. Los expertos y observadores electorales han instado al INE a aclarar de manera transparente las discrepancias en el padrón electoral y a investigar las denuncias de fraude con diligencia y responsabilidad.
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