Joel Hernández Santiago
Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Al principio de este sexenio y durante algunos meses, el Ejecutivo mexicano repetía incesante la consigna juarista: “Nada ni nadie por encima de la ley”. Y era frecuente. A la menor provocación. Y se hacía en tono admonitorio y hasta amenazante para aquellos que infringieran las leyes mexicanas.
Y aún más –para dar contexto a la famosa frase que por entonces apareció en el discurso político desde Palacio Nacional y que ya hoy desapareció misteriosamente–, al jurar el alto cargo, se lleva a cabo una ceremonia en la que el nuevo presidente jura:
‘”Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.”
Con todo, con frecuencia se conocen abusos de gobierno en México. Funcionarios de distinto nivel hacen de su pequeño poder un coto de caza para obtener beneficios fuera de lo que las leyes establecen para pagar sus servicios con recursos públicos. O venden favores que luego cobrarán en distinta especie. Y así la historia que no es novedad pero que creíamos que cambiaría al iniciar este sexenio de gobierno.
Hace unas semanas el grupo de periodistas de LatinUs, un portal de noticias mexicano con sede en EUA, (fundado el 5 de diciembre de 2019 y en activo desde el 7 de enero de 2020), presentó un trabajo que muy seguramente les llevó un buen tiempo en su indagación…
…Y muy seguramente lo reflexionaron y lo pensaron con rigor antes de su presentación. Es muy probable que antemano sabían las consecuencias de la bomba informativa que presentaban y, por lo mismo, debían estar seguros de cada uno de los datos, cifras, tiempos y acciones que presentaban en el reportaje ahora denominado “La Casa Gris”…
Millones de mexicanos se sorprendieron al conocer su contenido. Tiene que ver con el hijo mayor del presidente mexicano y cómo es que vivió en una lujosa casa en Houston, Texas, EUA y, de forma suspicaz, se asocia la estancia de él con su esposa por un tiempo ahí, a los presuntos beneficios que pudo recibir la empresa Baker Hughes con Pemex: contratos, ampliación de contratos, incremento en los montos contratados, en meses recientes.
El reportaje pegó fuerte en el gobierno de la 4-T. Pero sobre todo pegó fuerte en el ánimo del presidente mexicano por lo que significa en su promesa de luchar en contra de la corrupción, de abuso de poder o de distintas formas de beneficio de los recursos públicos.
Y se enojó. Silencio los primeros días. Días después hizo alguna observación respecto al tema, aunque su eje central fue acusar a los periodistas de LatinUs y, en particular a Carlos Loret de Mola, de intentar dañar a la 4-T y sus objetivos. Y comenzó un periodo de indignación, de señalamientos, de acusaciones, de adjetivación y de descalificaciones…
Pero el 11 de febrero ocurrió algo insólito. El Ejecutivo nacional presentó una tabla en la que se muestran los ingresos anuales del periodista Carlos Loret de Mola; y afirmó que éste gana más que él, como presidente.
Fue una argumentación de defensa innecesaria. Grave también porque esa información que se presentó en contra del periodista supone unos ingresos que debieran ser demostrados, no simplemente exhibidos en cifras, pero sobre todo porque se estaría violando la secrecía de datos de un ciudadano, que según la ley deben ser confidenciales; y peor aún, que un funcionario público los exponga públicamente ante millones de personas.
Abogados dicen que se infringió la ley en distintos artículos que atienden este tipo de acciones. La Barra Mexicana de Abogados ha pedido explicaciones y una cauda de muestras de apoyo al periodista surgieron en cuanto ocurrió lo insólito. Organizaciones internacionales de periodistas advierten del peligro para el periodista y el periodismo por esta exposición.
Por supuesto habrá que ver si en efecto se infringió la ley y, como ha dicho el mismo Ejecutivo, “Nada ni nadie por encima de la ley”. Pero, sobre todo, con esta exposición y la divergencia diaria en contra de medios de información y periodistas se expone al periodismo al odio social.
Cada día se utiliza uno de los foros más importantes y costosos del país, generar animadversión en contra del periodismo y los periodistas mexicanos….
Periodistas que hoy mismo son agraviados por distintos flancos: por el poder político, el poder económico, el crimen organizado, los intereses políticos locales, algunos empresarios de medios amedrentados que despiden a periodistas a los que consideran críticos y que podrían causarles algún problema con el gobierno…
En poco más de tres años han muerto en México más de 128 periodistas en el ejercicio de su profesión según Artículo 19. En menos de treinta días fueron asesinados cinco de ellos en el país.
El gobierno federal y los gobiernos estatales y los municipales deben asumir su responsabilidad como funcionarios públicos y aceptar que pueden ser revisados en sus acciones y expuestas éstas por la vía de un periodismo serio y riguroso. Esto es así y así será siempre.
Por lo pronto sí, el tema Loret de Mola merece atención y merece solidaridad al periodista. Y también merece una revisión seria para saber si se infringió la ley y cómo se habrá de responder a ello si así hubiera sido. Los administradores de justicia en este país tienen la palabra: con México o con el régimen; con la libertad de expresión o con el interés político. Ya veremos.
