MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
En la ruta de apisonar el basamento de la 4T hay contrastes en el ejercicio de la administración pública, especialmente entre quienes están dedicados a hacer su tarea sin estridencias ni en busca de los reflectores, y aquellos que hacen suyas las candilejas con falsas honestidades para quedar bien con el inquilino de Palacio. Y los hay que se ofrecen garantes contra la corrupción.
Veamos. La semana pasada, en el ámbito de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, en Villahermosa, Tabasco, se dio una muestra de cómo piano piano se han destrabado y eliminado burocracias en la dotación de apoyos a la inversión y el crecimiento de la industria nacional, en especial a la de la energía, sector al que el gobierno de la 4T le ha apostado como pivote del desarrollo.
¿Qué ocurrió? Bueno, pues Bancomext-Nafin otorgó el primer crédito en apoyo a una empresa privada mexicana productora de petróleo y gas por la friolera de siete millones cien mil dólares, financiados para el proyecto de desarrollo del campo llamado “Mayacaste”.
Y fue asignado, le decía, a la empresa mexicana Grupo Diarqco, resultante de la ronda 1.3 que se celebró en diciembre de 2015 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sí, han pasado cuatro años, tres formalmente desde que el contrato correspondiente se celebró en mayo de 2016.
¿Y sabe usted quién estuvo atrás de esta importante tarea de apoyo a la pequeña y mediana empresa?, la Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria de Nafin/Bancomext, a cargo de la licenciada María Guadalupe Muñoz Reséndez.
Así, la banca de desarrollo del gobierno federal tiene en Muñoz Reséndez a una ejecutiva que, con su equipo y sin estridencia, destrabó burocracias inerciales que inhibían en Nacional Financiera y el Bancomext la disposición de créditos a empresas nacionales que le apuestan al desarrollo apartados de siglas y banderías.
EL CONTRASTE de este trabajo ocurre en el ámbito de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuyo responsable Víctor Manuel Villalobos Arámbula presumió enterraría la herencia de fasto y excesos de José Calzada Rovirosa que el tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa no pudo abatir como último jerarca en la Sagarpa.
¿Recuerda usted el escándalo por el atraso en la entrega de fertilizante y fallas en la distribución de semilla de maíz, incluso con gorgojo que se repartió entre productores del estado de Guerrero? De acuerdo con organizaciones de comisariados ejidales y Comunales de aquella entidad, citados en una nota informativa de Sergio Ramírez, reportero del diario La Razón, Villalobos Arámbula les informó que Jorge Gage Francois había sido removido de la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SADER, por su presunta responsabilidad de esa situación que devino en crisis para el campo guerrerense.
PERO GAGE FRANCOIS es una pantalla de lo que realmente ocurre en la SADER, donde hay evidencias de corrupción galopante que contradice al ánimo justiciero de la 4T e indican que el ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, como un solo hombre decide quién y cuánto vende a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural semillas híbridas “de calidad y a bajos precios utilizando la red de tiendas a cargo de Segalmex”, lo que incluso propuso al presidente López Obrador en un acto celebrado el 8 de febrero del año pasado, en un acto en Huetamo, Michoacán.
Documentos oficiales, uno de ellos bajo el número GER/003/2019 de la organización Semilleros Mexicanos Unidos A.C., refiere cómo Suárez Carrera incluso benefició con compras poco usuales y cantidades de semillas difíciles de producir, a empresas de dos de los principales directivos de la referida organización, a precios inflados, según montos registrados en documentos en poder de entresemana.mx
Por ejemplo, a la empresa IYADILPRO SADER le compró 38 mil 796 sacos a un costo de 52 millones 374 mil 600 pesos, una cantidad imposible de producir pero que, además, contrasta con la compra de mil 200 sacos a la empresa Azteca. Una más, la empresa NOVASEM vendió 36 mil 428 sacos a un costo de 49 millones 177 mil 800 pesos, mientras a NEEKXITA la SADER le compró mil 190 sacos a un costo total de un millón 606 mil 500 pesos.
Una tercera empresa beneficiada con la compra de semilla de alta calidad es FITOGEN, que vendió a la SAGARPA 33 mil 942 sacos con un precio total de 45 millones 821 mil 700 pesos. ¿Qué dirá la secretaria de la Función Pública frente a esta situación de evidente corte corrupto?
Y BUENO, EN EL CASO DEL IMSS, el director Zoé Robledo Aburto está en la prueba anticorrupción. En noviembre del año pasado abriría a todos los laboratorios mexicanos las licitaciones, una decisión que se entendió como el combate a la corrupción que galopaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social en esto de las adquisiciones que, pese a ser licitadas, beneficiaban a un grupo selecto de grandes empresas, una consideradas como parte del llamado “Cártel de la sangre”.
Este martes, estaba prevista la presentación de las propuestas de distintos participantes en la licitación de servicios de pruebas de laboratorio clínico en el IMSS.
Pequeños y medianos laboratorios confían en que Zoé Robledo no ceda ante presiones de la mafia de empresarios integrada en ese “Cártel de la sangre”. El tema no es menor.
Mire usted, hace tres meses fue publicada la convocatoria para la licitación del servicio de pruebas de laboratorio y las pequeñas y medianas empresas del ramo esperan que se proceda conforme a la oferta de la actual administración federal en el combate a la corrupción y el tráfico de influencias.
Ha sido una larga y tortuosa antesala para la presentación de propuestas –comentan representantes de pequeños medianos licitantes– frente a grandes integradores como Falcon, Centrum, Impromed, Hemoser y Selecciones Médicas perteneciente al grupo de fármacos especializados, que han presionado a laboratorios fabricantes de reactivos para estudios clínicos para que no prestaran su apoyo a las medianas y pequeñas empresas que “se han quedado chiflando en la loma viendo como este cartel comandado por Valentín Campos y Noé Ramírez se reparten el territorio nacional con servicios licitados”.
El “Cártel de la sangre”, recuerdan los representantes, ha operado desde hace más de una década y, ahora, presionan a esos laboratorios fabricantes de reactivos y empresas nacionales para que no apoyen a la nueva proveeduría que se ha registrado en la licitación pública número LA-O5OGYR988-E7-2019.
El riesgo, advirtieron los representantes, es que los derechohabientes del IMSS caigan otras vez en manos de este grupo de empresas que se ha enriquecido a costa de sus cuotas obrero patronales.
Como me lo platicaron se lo platico: “Esperemos que Zoé Robledo ponga en orden a estos capos de la mafia del “Cártel de la sangre” y abra la puerta a las pocas empresas de pequeño y mediano calado que logren evadir las presiones que este cartel ejerció para que no pudieran participar en esta licitación.
“Así como AMLO cumplió su palabra cuando en la inauguración de las nuevas oficinas centrales del IMSS en Morelia Michoacán prometió que nadie se va a robar el dinero de las medicinas, y se sancionó a las empresas que acaparaban los medicamentos, de la misma forma ponga orden y sancione a este llamado nada honroso Cártel de la sangre”. A partir de lo que se conozca este primer martes de febrero en la ruta de la licitación de servicios de prueba de laboratorio, el próximo 03 de marzo sabremos de qué tamaño es el compromiso de Zoé Robledo en el combate a la corrupción. ¿Qué le parecen los contrastes? Conste.
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