Después de más de 15 años de litigio, por tercera vez el senador Napoleón Gómez Urrutia y el sindicato minero fueron condenados a reconocer que los trabajadores mineros tienen derecho a beneficiarse del producto de los casi 55 millones de dólares que, de forma ilegal, retiró Gómez Urrutia del fideicomiso minero.
Se trata de un tercer laudo, siguiendo los lineamientos del Poder Judicial de la Federación, con lo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a condenar al sindicato minero y a Gómez Urrutia a repartir entre los mineros, los recursos que había en un fideicomiso para beneficio de esos trabajadores.
Sin embargo, de forma ilegal, según el laudo, dichos recursos millonarios, en lugar de haber sido aplicados en favor de los trabajadores, ingresaron directamente a las arcas del sindicato y Gómez Urrutia dispuso de ellos para beneficio personal.
Esta resolución, no solo ratifica que Gómez Urrutia dispuso de esa suma para su beneficio, sino que existe un universo de más de seis mil trabajadores que pudieran haber tenido derecho a que se les repartiera proporcionalmente esa cantidad.
Durante más de 15 años el Sindicato y Gómez Urrutia, han tratado de postergar la resolución final de este conflicto, pero al parecer, está cerca de solucionarse de forma definitiva, confirmando que los millones de dólares deben ser devueltos a los mineros.
Cabe recordar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) emitió en mayo pasado un fallo, en el que acata la resolución del Tribunal Colegiado en la que a Gómez Urrutia se le vincula como responsable solidario de la deuda.
En 2018, la misma JFCyA emitió un laudo que obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares a repartirles dicho fondo con los intereses o rendimientos generados durante más de una década.
Con ello, Gómez Urrutia recurrió a diversas maniobras jurídicas para no pagar. Incluso el sindicato argumentó que pagó 23 millones de dólares a trabajadores, un millón 500 mil dólares al fiduciario, y que 14 millones de dólares fueron embargados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019, desechó los amparos promovidos por el senador de Morena y ordenó al Tribunal Colegiado que los resuelva de forma definitiva, con lo que la JFCyA ratificó dicho laudo a favor de los ex mineros que integran al grupo conocido como “Los 719 de Cananea”.
