Por Aurelio Contreras Moreno
Aprovechando el alboroto causado por iniciativas como la que buscaba ampliar las causales y temporalidad para practicar la interrupción de un embarazo no deseado en Veracruz, o la que creó los fideicomisos para la reestructuración de la deuda de la entidad, el régimen yunista se dio vuelo durante la sesión de la LXIV Legislatura del Estado del pasado 27 de julio.
Varias iniciativas que favorecen los intereses políticos y financieros del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares fueron aprobadas “fast track” en el Congreso local, con la complicidad de diputados de varias fracciones legislativas “opositoras”, incluido el propio PRI.
Una de estas iniciativas fue la ampliación de la concesión del cobro del peaje en el libramiento de Plan del Río por 30 años más a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán SA de CV, propiedad de la acaudalada familia Ruiz Anitúa, muy conocida en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y allegada no solamente al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sino en su momento también a los ex mandatarios veracruzanos Miguel Alemán Velasco y Fidel Herrera Beltrán, así como al quintanarroense Roberto Borge Angulo, durante cuyas administraciones también hicieron múltiples y millonarios negocios.
El beneficio económico que recibirá por esta operación el gobierno de Yunes Linares es del orden de los 800 millones de pesos anuales, libres de polvo y paja. Para obtener el apoyo de los diputados de “oposición” –salvo honrosas excepciones-, se les habría ofrecido a cambio entregarles obra pública, como la ampliación del tramo carretero San Julián-Tamaca y la construcción del libramiento de Cardel, a través de empresas creadas ex profeso para ello.
Otra jugada de la sesión del pasado 27 de julio fue la aprobación -a la mala- de varios créditos para ayuntamientos, aun cuando varios de éstos no contaban con un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda Municipal de la LXIV Legislatura.
Los créditos a los ayuntamientos de Puente Nacional, Emiliano Zapata y Tihuatlán se aprobaron sin estar dictaminados, mientras que los de Pánuco y Tlalixcoyan se fueron sin la firma del presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, el priista Carlos Morales, al no considerarlos viables técnica ni financieramente. Varios de esos gobiernos municipales, como los de Pánuco y Emiliano Zapata, son totalmente afines al gobierno estatal.
Otro tema que pasó casi desapercibido durante esa sesión, y que también está acompañado de fuertes caudales financieros, fue la aprobación de asociaciones público-privadas (APP) para la construcción de obra pública municipal. De acuerdo con estimaciones del Congreso local, solo la del Ayuntamiento de Veracruz –que a partir de enero de 2018 será gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador- va a manejar unos dos mil 500 millones de pesos.
Para tener una idea de lo que representa ese monto, tan sólo la reestructuración de la deuda pública del estado le va a dejar al gobierno de Yunes Linares un ahorro en intereses por unos mil millones de pesos, a lo que hay que sumar 800 millones del fideicomiso que se encargará de operar la reestructura y otros 900 millones por concepto del descongelamiento de garantías. En total, dos mil 700 millones, casi lo mismo que lo que obtendrá el ayuntamiento porteño por su APP.
Todo este dinero lo manejará el régimen yunista exactamente en la víspera del inicio de los procesos electorales de 2018, cuando estará en juego el relevo en la Presidencia de la República, la gubernatura, las senadurías y las diputaciones locales y federales.
Vaya que hicieron un negocio redondo en el Congreso. Y lo mejor: a cambio de migajas.
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