La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 30 de enero una reforma parcial a la Constitución que transforma significativamente la estructura del poder en el país.
Esta nueva normativa, que fue aprobada por unanimidad, extiende el periodo presidencial a seis años y establece la figura de copresidente, consolidando así el control de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
El parlamento nicaragüense destacó que esta reforma es una «proclamación de amor patrio» y reafirma la voluntad del pueblo nicaragüense por defender su soberanía e independencia.
La nueva carta magna también garantiza la participación activa de las mujeres en la política, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes.
Arling Alonso, vicepresidenta primera de la Asamblea, afirmó que estas modificaciones consolidan a Nicaragua como un Estado democrático con justicia social. “Esta reforma plantea con contundencia que el Estado de Nicaragua es revolucionario y que el poder reside en el pueblo”, declaró.
Sin embargo, la reforma ha sido objeto de críticas por parte de grupos opositores y organizaciones internacionales, quienes la consideran un mecanismo para afianzar aún más el poder de Ortega y Murillo. Desde su regreso al poder en 2007, ambos han sido acusados de socavar las instituciones democráticas y reprimir a la oposición.
La nueva estructura del gobierno establece que los copresidentes elegirán a sus respectivos vicepresidentes y que todos los funcionarios electos en las últimas elecciones generales deberán cumplir con el nuevo periodo de seis años. Además, se elimina la separación de poderes, lo que significa que el Ejecutivo coordinará los órganos legislativo, judicial y electoral.
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