Por José Murat
A propósito de la embestida xenofóbica que estamos presenciando a inicios del año, antes de cualquier debate en torno a la migración de nuestro tiempo tendríamos que ampliar la perspectiva y mirar a la historia y aún a la prehistoria. La migración es atemporal y universal: existe desde que los seres humanos, inexorable y legítimamente, se han desplazado buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
De sur a norte, de oriente a occidente, y en otras direcciones, el homo sapiens ha emigrado hasta poblar los cinco continentes, y los flujos no cesan porque el imperativo de mitigar las necesidades básicas de comida, refugio y vestido, están por encima de fronteras nacionales, credos ideológicos, sistemas políticos y modelos económicos. Y lo decíamos, no de ahora, sino de siempre.
Por eso, criminalizar a los migrantes, lo mismo en sectores gubernamentales y sociales de nuestros vecinos del norte que en algunos países europeos en donde gobierna o tiene una alta influencia la extrema derecha, es deshumanizante, es antihistórico, es flagrantemente violatorio de los derechos humanos. Es una actitud retrógrada, contraria a la civilización, y contraria incluso a los cimientos del progreso.
Legislar para “legalizar” primero la detención y luego la expulsión de un migrante sin juicio previo, sólo con la acusación sumaria, interesada y facciosa de un funcionario menor, por ejemplo, es contrario a los principios elementales del debido proceso que contemplan diversos tratados y declaraciones de derechos humanos, de los que Estados Unidos forma parte.
Separar familias, padres inmigrantes e hijos que ya tienen la nacionalidad norteamericana, sería contrario al estado de derecho porque estarían atentando contra sus propios ciudadanos al privarlos de sus progenitores, sería también abiertamente lesivo a la dignidad de toda la familia, al generar un daño psicológico irreparable.
Expulsar a quienes sólo buscan mejores estándares de vida, significa también no ponderar la enorme aportación que los migrantes hacen no sólo a las economías de sus países de origen sino sobre todo a las economías a las que sirven. No es una opinión subjetiva, es una realidad acreditada con cifras.
Para citar el caso de los migrantes mexicanos, es del dominio público que las remesas son ya la segunda fuente de divisas del país, sólo después de la exportación de autos.
El año pasado las remesas alcanzaron la cifra histórica de 60 mil millones de dólares, sin contar diciembre. Son una aportación fundamental para el sustento de sus familias, de sus comunidades de origen y de la propia economía nacional. Pero la contribución a la economía norteamericana es aún mayor, pues a México sólo envían alrededor del 25 por ciento de sus ingresos, el otro 75 por ciento lo gastan en bienes, servicios e impuestos en la economía local, sin contar la inmensa plusvalía que generan en las empresas, cultivos y distintos sectores económicos en donde aportan su fuerza de trabajo, productiva, esmerada y honesta.
Hay estados como California, Texas, Nuevo México y Florida, además de Nueva York y Chicago, cuyas economías, en algunos casos con un PIB estatal superior a la de la mayoría de países europeos, se desplomarían sin el trabajo, el consumo y las contribuciones fiscales de los trabajadores migrantes. Las ciudades fronterizas de ambos lados, sobre todo, languidecerían.
Y hay que decirlo, a Estados Unidos emigran también egresados de instituciones de educación superior y posgrados, que detonan ahí su conocimiento y desarrollan su potencial productivo. Tanto ellos como el resto de hermanos migrantes, son talentosos y productivos. Llegan a producir, no a delinquir. Criminalizarlos es una actitud sesgada, deshumanizada y regresiva.
En cuanto al T-MEC, es un mecanismo que ha beneficiado a las tres partes, a México, a Estados Unidos y a Canadá. Es un esfuerzo colectivo que en la teoría de juegos se llama esquema de suma positiva, porque al final nadie le quita nada a nadie y todos salen ganando. Claro, con sectores que habría que revisar de parte nuestra, como lo relativo a los productos agropecuarios, y especialmente los granos básicos.
Desmantelar, desvirtuar o debilitar al T-MEC sería perder competitividad frente a otros mercados, como el de China y el de los tigres asiáticos. Imponer aranceles a las importaciones, algo totalmente contrario al espíritu de los mercados de libre comercio, golpearía a las tres economías. El arancel cobrado a los productos e insumos que ingresan lo terminarían pagando los propios consumidores, lo que incentivaría la inflación, encogería los mercados y reduciría el crecimiento de la economía.
Eliminar y aún restringir los alcances del T-MEC sería el fin del mayor mercado común de mundo. Sería la mejor noticia, pero para los competidores de otros polos de poder económico, que siempre le han disputado la hegemonía a este lado del Atlántico, aunque también podría derivar en un enfriamiento de la economía mundial. Un esquema de perder-perder.
En suma, una embestida contra los migrantes, su criminalización y expulsión sumaria, sería inhumano y también lesivo para la economía que hoy se beneficia de su productiva fuerza de trabajo. Vulnerar al T-MEC sería también una decisión de perjuicio compartido para todos los actores. Es tiempo de elevar la mirada y proteger el interés de todas las partes. En próximas colaboraciones abundaremos sobre ambos temas.
