Lilia Arellano
“Es el resultado el que decide de qué lado está el derecho”: Immanuel Kant
● No daremos nombres: AMLO
● El SAT canceló créditos fiscales por $1.1 billones: Fundar
● Empresarios privilegiados litigan anonimato en juzgados
● Emilio Lozoya A., del primer círculo de EPN, inhabilitado
Ciudad de México, 23 de mayo de 2019.-Citas y contrataciones de despachos de abogados famosos cuyos personajes centrales son reconocidos pero, no por su conocimiento sobre las leyes, sino por el círculo de privilegiados en el cual prestan o han prestado sus servicios, están haciendo su agosto con los empresarios. Al destaparse ese oscuro renglón de las condonaciones buscan a toda costa defenderse, por muy caros que sean los horarios de los bufetes no se asemejaran a lo ahorrado, al monto de impuestos no pagados. El poder de las firmas presidenciales fue infinito y el primer objetivo es lograr no se sepa quiénes son porque eso afectaría severamente a sus firmas, las ventas. En el exterior y motivo de líneas a futuro está también impedir se termine de hundir en el lodo su siguiente generación, la de los vástagos cuya ociosidad los hizo crear una macabra secta.
“…No podemos dar a conocer los nombres de las empresas, eso lo tiene que resolver la oficina de Transparencia”, atajó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la demanda de organizaciones, legisladores y comunicadores sobre las condonaciones a grandes empresas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto otorgaron condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados por más de 400 mil millones de pesos; de éstos, 213 mil millones se concentró en 108 personas morales. Pero eso no es todo: además, el SAT canceló créditos fiscales, entre 2007 y 2018, por 1.1 billones de pesos, una quinta parte del presupuesto federal de 2019, denunció Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Ante las presiones, en su conferencia de prensa mañanera, el mandatario argumentó: el Instituto de Transparencia resolverá si se dan a conocer los nombres de quienes recibieron condonaciones fiscales. Esa misma política, añadió, se aplicará para toda la información sobre beneficios que recibían empresas o particulares. Mientras, en los juzgados, televisoras, farmacéuticas, automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos de futbol, cuyos pagos de impuestos millonarios fueron condonados durante los sexenio de Calderón y Peña Nieto, pelean para que sus nombres y los montos condonados no sean dados a conocer.
El gobierno federal ya remitió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) todos los documentos relacionados con los 400 mil millones de pesos de condonaciones fiscales otorgados en los últimos sexenios. De igual forma, al vencerse el plazo fijado, se entregaron todos los datos relativos a los periodistas que fueron beneficiados con apoyos durante las pasadas administraciones, vinculados a la información que difundían. En este caso, el gobierno no hará públicos los nombres de los involucrados, subrayó AMLO.
Iván Benumea Investigador de Justicia Fiscal Fundar, informó: “(además) falta que se informe cómo operaron las cancelaciones de créditos fiscales, que son medidas administrativas del SAT donde da de baja créditos fiscales o los deja de cobrar. Estas cancelaciones se acercan a 1.1 billones de pesos; estamos exigiendo esta información”, señaló en una entrevista. En esta parte, agregó, falta conocer quiénes son los contribuyentes físicos y morales, los montos y los beneficiarios; son figuras distintas, las cancelaciones son las suspensiones de acciones de cobranza.
En este caso, contrario a las empresas quienes buscan el anonimato mediante litigios para que se evite conocer de sus condonaciones, los beneficiados de las cancelaciones de créditos fiscales no pueden iniciar juicios, subrayó Benumea. Esto, porque una regla de la cancelación es que a los beneficiados se les puede volver a cobrar la deuda cuando tienen de nuevo activos. “Entonces, difícilmente alguien que deba tanto o que probablemente sea evasor de impuestos o su empresa quebró litigue y lo haga (pagar) por iniciativa propia”, advirtió el investigador.
De acuerdo con el abogado de Fundar, las condonaciones fiscales en el periodo 2007-2018 podrían alcanzar los 628 mil millones de pesos, 57 por ciento más que lo reportado por el gobierno federal esta semana. “Existe otro tipo de condonaciones que no necesariamente son impuestos, por ejemplo, multas, recargos. Calculamos que asciende a unos 628 mil millones de pesos, beneficios fiscales que también se concentran en personas, en grandes contribuyentes”, indicó.
Sigue en curso conocer los nombres de las alrededor de 170 empresas que litigan su anonimato por ser beneficiadas por las condonaciones en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los juicios de amparo promovidos por bancos, casas de bolsa y grandes corporativos no han concluido. Éstos iniciaron en febrero de 2017. En ese tiempo Fundar exigió el cumplimiento de la sentencia 191/2016 emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien ordenó al SAT revelar el nombre de quienes fueron beneficiados por las condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales entre 2007 y 2015.
LOZOYA AL BANQUILLO
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber proporcionado información falsa en su declaración de situación patrimonial y omitir una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Adicionalmente, Edgar Torres Garrido, incondicional de Lozoya y quien fungió como titular de Pemex Fertilizantes, fue inhabilitado por 15 años y tiene una multa por 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto por la compra de la planta industrial de Fertinal.
El cerco se cierra sobre uno de los principales operadores políticos de Enrique Peña Nieto. Se encuentra en la antesala de acusaciones de responsabilidades penales que prepara la Fiscalía General de la República (FGR). El expediente de Lozoya Austin es voluminoso: está vinculado al caso Odebrecht por presuntamente haber recibido 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña presidencial del PRI en 2012, por lo cual tiene abiertas carpetas de investigación tanto en la FGR como en la Fepade. También, en abril de 2016, fue relacionado con el caso de los llamados #PanamaPapers, en los cuales se le relacionó con el despacho panameño Mossack
Fonseca, al cual supuestamente buscó para crear una empresa offshore en Dubái.
Asimismo, en julio de 2015, se le involucró en otro presunto acto de corrupción, esta vez con OHL, la empresa de la cual fue consejero antes de ser nombrado director general de Pemex. De acuerdo con audios filtrados a medios de comunicación, Emilio Lozoya Austin se habría reunido con Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, para acordar los términos de su participación en licitaciones de Pemex.
Edgar Torres Garrido ha estado ligado a Emilio Lozoya los últimos seis años. En enero de 2013, Lozoya lo sumó a Pemex como asesor ejecutivo y en agosto de 2015, lo nombró director general de Pemex Fertilizantes. Al salir de Pemex, su mentor y amigo lo sumó a la empresa que había fundado y que encabezaba, Makech Capital, donde es jefe de inversiones. En septiembre del año pasado, en los últimos meses de la administración de Peña Nieto, la SFP le abrió un procedimiento de responsabilidades, tras una acusación de la Auditoría Superior de la Federación por haber participado en la adquisición presuntamente irregular de la planta de Grupo Fertinal en 2015. Ahora, la SFP lo obliga a devolver al gobierno federal 620 millones de pesos, una suma que pocos mexicanos podrían tener.
Torres Garrido hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Por esa razón, “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infringido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”. El pasado mes de abril, en una visita a la refinería de Pemex en Minatitlán, Veracruz, el presidente López Obrador afirmó que la compra de la planta de fertilizantes había sido “un gran fraude”, debido a que primero se privatizó y después fue comprada por Pemex. “Valía cuando mucho 50 millones de dólares, pagaron 500 millones de dólares. Compraron chatarra… además han tenido que invertir y todavía hay una deuda de 500 millones de dólares más”.
DE LOS PASILLOS
Ricardo Peralta Saucedo releva a Zoé Robledo en la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. El abogado por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional, se desempeñaba como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora es el número 2 de la dependencia responsable de la política interior del país. Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, hizo el anuncio oficial en el Salón Revolución de la dependencia, en presencia de cientos de empleados…
En el abasto de medicamentos hay problemas, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien garantizó se resolverán, “así como se acabará con la corrupción en el IMSS y en otras instituciones gubernamentales. Hay resistencias como es lógico, pero no nos vamos a detener”, aseguró. En la conferencia de prensa matutina, López Obrador resaltó que tan sólo en 2018 el IMSS gastó 44 mil millones de pesos en medicamentos y “no hay”, mientras que en el ISSSTE erogaron 55 mil millones de pesos. “Hacían su agosto unas cuantas empresas proveedoras de medicamentos”, pero todo eso se tiene que terminar y si se necesita vamos a hacer licitaciones internacionales, “ya tenemos un convenio con la ONU”, sostuvo AMLO.
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