El gobierno de la “Cuarta Transformación” deja sin recursos a programas tan delicados y urgentes como el de la atención a las víctimas del delito y la violencia, para garantizar sus proyectos y líneas asistenciales.
Redación MX Político.- El gobierno busca obtener recursos financieros por todas las vías, incluyendo el recorte presupuestal a programas vitales y hasta, muy probablemente por la vía impositiva, cuando se anuncie en pocos días un nuevo incremento al impuesto a los refrescos, las cervezas y los cigarrillos.
Lo anterior a fin de garantizar la permanencia de sus programas asistenciales con jóvenes desempleados o que no estudian; con acciones “innovadoras” en materia forestal, como el sembrar arbustos y frutales de manera extensiva. Sin contar con sus 3 objetivos icónicos del sexenio, cuya promesa el presidente ha asegurado que cumplirá “a sangre y fuego”: la construcción de la Refinería de “Dos Bocas”, el “Tren Maya” y el “Aeropuerto de Santa Lucía”.
Mientras tanto, numerosos sectores de la sociedad sufren los estragos del olvido y el mutismo gubernamental. Uno de ellos es el segmento poblacional integrado por las víctimas del delito y la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones.
Un flagelo este último, que se ha enseñoreado en las calles y los pueblos de México. No es un problema menor… pero sí, es un asunto que no “acarrea votos” ni respaldo popular.
Este lunes se anunció que despedirán a 60% del personal adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano central en la atención a victimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos en el país. No hay para sueldos; menos para combustible, mantenimiento de inmuebles ni pagar la renta. La dependencia está al borde del colapso. Es inminente su desaparición.
Ayer se anunció a más de 100 funcionarios que se quedaban sin trabajo. En riesgo no solo está la asistencia sino el resguardo de los datos personales del Registro Nacional de Víctimas, pues no hay dinero para sistemas informáticos.
La medida es reflejo del recorte al presupuesto anunciado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días, dentro del plan emergente para paliar la crisis del coronavirus, que se empalmó con la crisis económica.
Más crisis en el país de las crisis; aunque por lo regular las crisis suelen llegar al final de cada sexenio administrativo de gobierno, cuando la pillería prepara su “graciosa huída” y los números tienen que ser “domados” y “acomodados” para volverse “presentables en sociedad”. Hoy quizá esa crisis que los mexicanos conocemos por allá en el penúltimo año del sexenio, hoy nos cayó de sorpresa muchos meses antes, cuando no llegábamos ni al segundo añito del gobierno de la 4 T. ¡Qué tristeza!… ni su pastelito le alcanzamos a hacer, porque no tuvimos ni para eso.
No hay dinero por ningún lado… sólo para las cosas que sí importan.
Casi el 60% del personal de la CEAV perderá su trabajo en los próximos días ante la falta de recursos para pagarles.
Además, no hay recursos para pagar ni la renta de la sede central, ni los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país.
Lógicamente, tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 víctimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras 5 mil.
Incluso, al no haber dinero para mantener sistemas informáticos, se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas con los datos personales de más de 34 mil personas.
“La CEAV informa que el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, advirtió hoy esa dependencia a través de un comunicado oficial.
La CEAV reconoce que este nivel de afectación tiene su origen en el mal diseño con el que fue construido el organismo hace unos años. Se trata de un organismo que carece de inmuebles propios, donde la gran mayoría de sus servicios son subcontratados y donde dos terceras partes del personal es eventual o de contratación “outsourcing”.
Debido a esto, la nómina de esos colaboradores, las rentas y servicios esenciales se cubren justamente con las partidas 2000 y 3000 de servicios generales que el gobierno decidió recortar a un 75%. La CEAV subrayó que explicó esta situación a la Secretaría de Hacienda, pero fue inútil y se ordenó la reducción.
“Se autorizó sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”, estableció el comunicado.
Algunas de las consecuencias que traerá consigo este recorte al presupuesto del organismo son los siguientes:
*La pérdida de los puestos de trabajo de casi el 60% del personal de las áreas centrales, que equivalen al menos a 230 funcionarios que se quedan sin trabajo.
*No se cubrirá el pago de renta, agua, luz ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 centros de atención estatal. La deuda tan solo por estos servicios supera los 120 millones de pesos.
hch
