Epistolario
Por Armando Rojas Arévalo
LOURDES: El presidente lanza el petardo de hacer una consulta para la revocación del mandato, en marzo del año entrante. Tú sabes si le sigues la corriente al cuento que nos distrae de los problemas torales del país, que cada vez son más y más graves, o de plano lo rechazas. En lo personal no me iré con la finta y no volveré a tocar el tema, porque me parece una trampa. Este hombre es muy astuto, hay que reconocerlo. Cuando nosotros venimos, él ya hizo el viaje cinco veces.
El titular del Ejecutivo sabe que no sería válida, puesto que en las reformas constitucionales que se hicieron en el 2019 no se precisan las razones por las cuales se le puede revocar el mandato. No se puede decir “este señor nos cae mal y queremos que se vaya”, y ya. No hay ley reglamentaria que establezca las razones para que un presidente renuncie. ¡Que no se haga el presidente!
Voy por partes. Primera trampa.
La “consulta” sería en marzo de 2022, y resulta que en ese año (2022) habrá elecciones para gobernador en Durango, Oaxaca, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, y renovar 436 cargos de elección popular, entre diputados locales y presidentes municipales. Curiosamente en dichas entidades no gobierna MORENA. Por lo tanto, la citada consulta sería un instrumento propagandístico muy efectivo en la campaña electoral para el propio presidente y su partido.
Segunda trampa: La consulta para la revocación sería dos años antes de la elección presidencial, por lo cual el evento también se convierte en poderoso instrumento de propaganda en favor de las causas políticas del gobernante.
La tercera trampa es provocar más gastos –despilfarros- en el erario. La propuesta que hizo el mandatario de realizar la consulta el 21 de marzo del año que viene, costaría alrededor de ¡9 mil millones de pesos!, según ha revelado el consejero presidente del INE, LORENZO CÓRDOVA, al estimar que la organización de dicho ejercicio costará lo mismo que la elección del 6 de junio y no los 522 millones que gastaron en la consulta popular del 1 de agosto pasado para ver si se “enjuicia” o no a los ex presidentes.
¡Como si estuviésemos nadando en dinero como McPato o los problemas del abasto de medicamentos estuvieran resueltos! Carajo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la famosa “revocación”, porque nuestra carta magna no la contempla como una forma de terminar el ejercicio de los cargos públicos.
La reforma constitucional establece que la revocación de mandato solo será vinculante (obligatoria) “por mayoría absoluta de los votos”, y únicamente si acuden a votar al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores.
LAS REFORMAS APROBADAS en noviembre de 2019 en los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución federal, son con el propósito de que la ciudadanía tenga instrumentos legales para decidir si, al término de la mitad de su gobierno, el presidente, un gobernador o un alcalde pueden o no seguir en el cargo.
¿Cómo se podrá pedir la revocación?
Una de las modificaciones que se hicieron a la propuesta original es que ni el jefe del Ejecutivo ni el Congreso podrán solicitar la revocación, derecho que solo los ciudadanos podrán hacer valer a través del INE. La reforma al artículo 35 de la Constitución indica que la revocación de mandato del presidente de la República será realizada por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y deberán cumplir con el 3% de los inscritos en la Lista Nominal, siempre y cuando, la solicitud la presenten ciudadanos de 17 entidades federativas.
En el proceso electoral de este año, la Lista Nominal estuvo conformada por 93 millones 528 mil 473 personas, por lo que el 3% equivaldría a 2 millones 805 mil 854 electores. A los 30 días, el INE verificará las firmas y emitirá la convocatoria respectiva.
Para que la revocación de mandato sea válida debe participar el 40% de las personas inscritas en la Lista Nominal, cuyo porcentaje equivaldría a aproximadamente 37 millones de electores 411 mil electores. En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –ahora en crisis por el golpe de estado al presidente en funciones- será el órgano encargado de emitir la declaratoria de revocación, así como de resolver las impugnaciones en su contra.
En caso de que el titular del Ejecutivo sea removido, la Presidencia del Congreso de la Unión asume de manera interina el mandato y el Poder Legislativo tendrá 30 días para nombrar un nuevo presidente que concluya el mandato. Esta persona terminaría el periodo de gobierno restante, que en el caso de este sexenio, concluye el 30 de septiembre de 2024.
Como lo plantea con cierta ironía el presidente, en la consulta nos divertiremos bastante. Él sabe que la exigencia de la revocación no es fácil, porque no busca tirar a un mandatario por el solo hecho de que nos cae bien o porque creemos que no ha hecho cabalmente su función. No es, dicho corrientemente, “enchíleme otra”. Sería provocar la ingobernabilidad que a la mitad del sexenio grupos de ciudadanos se muevan para pedir que el Ejecutivo se vaya.
MIENTRAS TANTO, muchos son los problemas que nos tienen preocupados. La violencia, en primer lugar. Que los grupos criminales se han aposentado en más del 40 por ciento del territorio nacional. Que los llamados Cuerpos de Autodefensas se estén armando para la protección de los pueblos, como si estuviésemos en una guerra civil (¿o eso quiere el presidente?)
Subió la gasolina. Subió el gas. Subió la luz. Subió el precio de la tortilla. Los problemas de salud se han agravado. En dos años y medio que lleva este gobierno han subido tres veces las cuotas por el uso de autopistas. No hay empleo. Etcétera.
P.D. PREGUNTA PARA VIDENTES: ¿En que podría parecerse México a Nicaragua en tres años, si los pronósticos apocalípticos se cumplieran? Nomás digo.
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