El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha devuelto a la Asamblea Nacional el proyecto de ley conocido como «antipillos», que había sido archivado por el Legislativo.
Esta decisión busca que se reconsidere una supuesta irregularidad en el proceso de archivo de la iniciativa, que tiene como objetivo combatir el lavado de activos en el país.
Un Llamado a la Reconsideración
En un comunicado difundido por el Ministerio de Gobierno, Noboa informó que ha enviado la resolución número PL-2023-2025-137 y el oficio número AN-SG-2024-0773-0, ambos fechados el 27 y 28 de noviembre de 2024. El presidente argumentó que, según la Ley de la Función Legislativa, los proyectos urgentes solo pueden ser archivados en un segundo debate con el voto favorable de la mayoría absoluta.
El anuncio llega un día después de que el secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz, confirmara que la ley fue archivada con 84 votos a favor. Muñoz también indicó que la iniciativa no podría entrar en vigencia debido a que se cumplieron los requisitos necesarios para su tratamiento legislativo.
Contenido del Proyecto
La «Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate del Lavado de Activos», comúnmente conocida como ley antipillos, propone aumentar progresivamente el impuesto sobre la compra de vehículos usados, pasando del 1% actual al 5%. Este aspecto ha generado críticas por considerarse una carga adicional para los ciudadanos.
El ministro de Gobierno, José De la Gasca, señaló que la Asamblea podría haber cometido una inconstitucionalidad al archivar la ley sin llegar a un segundo debate. Además, se ha planteado la posibilidad de que, si no se avanza en el tratamiento legislativo dentro del plazo establecido, Noboa presente nuevamente su proyecto directamente al Registro Oficial.
Reacciones en el Parlamento
La decisión de archivar la ley fue respaldada por las bancadas de Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, quienes argumentaron que la iniciativa no aborda adecuadamente el problema del lavado de activos y podría resultar confiscatoria para los ciudadanos.
El asambleísta Jorge Peñafiel, quien presentó la moción de archivo, calificó el proyecto como una medida que «le mete la mano al bolsillo» de los ecuatorianos.
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