La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, presentó una propuesta de reforma integral al sistema de justicia en México, en un momento clave para la discusión de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La propuesta, que abarca 272 páginas, introduce 20 transformaciones centrales organizadas en dos secciones: aspectos institucionales y acceso a la justicia. Uno de los puntos destacados es la sugerencia de emitir una ley nacional de carrera judicial para estandarizar el acceso y ascenso a los cargos dentro del poder judicial en todo el país. Esta reforma también aboga por basar la selección y promoción de jueces en el mérito y las capacidades profesionales.
Entre las reformas más relevantes se encuentra la propuesta de eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, se plantea ajustar la figura de flagrancia para prevenir detenciones arbitrarias.
En cuanto a la seguridad pública, la propuesta sugiere abandonar el enfoque punitivista y el combate armado al narcotráfico, argumentando que estos modelos no han reducido la violencia y solo han incrementado los problemas. También se propone reducir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y fortalecer las instituciones civiles mediante mejoras salariales y laborales para los policías.
Otra propuesta importante es la creación de un Sistema Nacional de Defensorías para estandarizar la actuación ante casos de tortura o ejecuciones, fortalecer la autonomía de las defensorías públicas y mejorar la calidad del servicio profesional.
La reforma integral también incluye cambios en las fiscalías y ministerios públicos, aspectos que están ausentes en la reforma judicial promovida por Morena. Se sugiere la creación de modelos de carrera y certificación para el personal de las fiscalías y la posible formación de un organismo independiente, similar al Consejo de la Judicatura, para evaluar el desempeño del personal de estas instituciones.
En materia de amparo, la propuesta abre la posibilidad de otorgar suspensiones con efectos generales, en contraste con la reciente reforma a la Ley de Amparo que limita esta posibilidad.
La propuesta también destaca la importancia de asignar al menos el 2% del presupuesto público al Poder Judicial para mejorar su eficacia y eficiencia.
La presentación de esta reforma se realizó en paralelo con la discusión en comisiones del Senado sobre la reforma judicial propuesta por López Obrador. Además, se dieron a conocer dos documentos relacionados: uno del Consejo de la Judicatura Federal en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, y otro de la ministra Margarita Ríos Farjat, que incluyen propuestas para certificar a abogados litigantes y establecer clínicas de asesoría jurídica gratuita.
con información de LatinUs
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