Ricardo Del Muro / Austral
La madrugada de este miércoles, un grupo de encapuchados lanzó una bomba molotov contra el edificio del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ubicado en Periférico Sur Poniente, colonia Penipak de Tuxtla Gutiérrez.
El ataque provocó alarma, ya que inicialmente se le relacionó con los hechos violentos ligados al proceso electoral, pero todo indica que, por la forma en que se realizó la agresión, se trata de presuntos estudiantes radicales de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Las manifestaciones y actos vandálicos, como lanzar bombas molotov, incendiando la puerta del Palacio de Gobierno y las instalaciones de la Secretaría de Educación, además de secuestrar y quemar autobuses, son prácticas recurrentes de los normalistas de la Mactumactzá para presionar a las autoridades para la obtención de plazas, becas, subsidios y recientemente para suspender la investigación penal en contra de 95 estudiantes.
Según los normalistas, la detención de sus compañeros en mayo de 2021 por apoderarse de la caseta de cobro de la autopista Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, no fue por haber cometido un delito, sino que se trató de “un acto de represión” ya que demandaban exámenes presenciales para los alumnos de nuevo ingreso, oponiéndose a la propuesta de la Secretaría de Educación de realizarlos en línea.
Aunque fueron liberados por un juez en agosto del mismo año, los estudiantes denunciaron que la FGE reactivó las carpetas de investigación, lo que los pone en riesgo de volver a prisión, aunque algunos de ellos ya egresaron de la Escuela Normal y tienen plaza en el sistema educativo estatal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de acuerdo a las primeras indagatorias y el reporte del C5, durante las primeras horas del miércoles, un grupo de aproximadamente 30 personas descendió de un camión de tres toneladas, prendiendo fuego a las instalaciones que albergan el IEPC, vandalizando además un vehículo marca Mitsubichi que se encontraba estacionado fuera del lugar.
Más tarde, la presidenta del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, informó mediante un comunicado que “ya se iniciaron las denuncias correspondientes ante la autoridad competente”.
Aseguró que el proceso electoral que inició el 7 de enero “continúa cumpliéndose a cabalidad conforme a las fechas establecidas en el calendario electoral, para llegar a la jornada del 2 de junio”.
El consejo general del IEPC rechazó y condenó “cualquier acto de violencia que pretenda empañar o alterar el proceso en el que participarán miles de ciudadanas y ciudadanos” e hizo un llamado para “optar por el diálogo como la única vía para dirimir diferencias”.
Los actos vandálicos también fueron reprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas que hizo “un llamado a quienes participaron en estos hechos para que realicen una reflexión, como sujetos que viven en una democracia y hacen uso de los derechos que ésta les garantiza”.
Señalaron que “a la autoridad electoral local no le corresponde determinar la legitimidad de las causas que motivan la manifestación y el reclamo, pero sí estamos seguros de que no es amenazando a la democracia como encontraremos el camino para la solución a dichos reclamos”.
Apenas ayer, el reporte del observatorio de Data Cívica “Votar entre Balas”, dio a conocer que en el mes de enero en Chiapas se registraron cuatro eventos graves de violencia político – electoral: el asesinato de un precandidato de la alianza PRI-PRD-PAN; un atentado contra promotores electorales y amenazas a dos funcionarios electorales.
En su informe de octubre, el observatorio se refirió al asesinato de tres precandidatos y el secuestro de cinco encuestadores de Morena, dos de ellos asesinados y otro desaparecido. RDM
