Por Aurelio Contreras Moreno
El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, con la complicidad de la Procuraduría General de la República, tiene ya trazada la ruta para recuperar la libertad en el mediano plazo, a pesar del inmenso daño causado al estado de Veracruz.
Aprovechando los beneficios del alcahuete nuevo sistema de justicia penal, diseñado para otorgar todas las facilidades posibles a los delincuentes en lugar de proteger los derechos de las víctimas, Duarte de Ochoa se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, acogiéndose a la figura que se conoce como juicio abreviado para evitar la fase oral y dar paso a una sentencia rápida. Misma que obtuvo de inmediato.
Esto es posible –y ahí el grado de complicidad- gracias a que la PGR se desistió del único delito grave que le había imputado, el de delincuencia organizada, por lo que ahora, al “aceptar” su culpabilidad, Duarte fue beneficiado con la reducción de la sentencia.
Y qué reducción. Tras la audiencia de este miércoles ante el juez de control que llevó el caso, de los 24 años que pedía originalmente la PGR solicitó para Javier Duarte la imposición de la ridícula pena de nueve años de prisión y el pago de una multa de 60 mil pesos. Sin ninguna agravante. Y el juez la concedió hasta con una “rebajita”: le dejó la multa en 58 mil 890 pesos. Una verdadera mentada de madre a todos los veracruzanos.
Nueve años y 59 mil pesos para el gobernante que devastó las finanzas del estado para que él y su camarilla se hicieran inmensamente ricos, mientras defraudaban al erario estatal por más de 40 mil millones de pesos.
Nueve años y 59 mil pesos para el sátrapa criminal que provocó la escalada de violencia más sangrienta de la historia de Veracruz y una emergencia humanitaria cuyos efectos se padecen hasta la fecha con miles de personas desaparecidas, ante lo cual su respuesta siempre fue reírse en la cara de las víctimas.
Nueve años y 60 mil míseros pesos para el rufián que, mientras veía caer asesinados a casi 20 reporteros durante su infame sexenio, les decía a los periodistas “pórtense bien” y mantenía a otros tantos con la boca callada a billetazos.
Pero eso no es lo peor. Javier Duarte pasará en la cárcel a lo mucho otros cinco o seis años, pues de los nueve que se le impusieron ya ha cumplido año y medio. Y si observa un “buen comportamiento”, tendría derecho a que se le conmutase la sentencia. Y entonces sí, aquí no ha pasado nada. A gozar de la vida, de los millones malhabidos y las propiedades que todavía están escondidas en diversos puntos del mundo por sus prestanombres. ¿Los 59 mil pesos?
Esos ya se los gastaba en una francachela de una sola noche, de las que acostumbraba diariamente mientras estuvo en el poder. Peccata minuta.
La desfachatez de la PGR y del gobierno de Enrique Peña Nieto es tal, que ni siquiera se molestaron en solicitar la inhabilitación de Duarte para ocupar cargos públicos en ningún nivel. Así que el ex gobernador más corrupto de la historia de Veracruz y seguramente de México tendría la oportunidad real de volver a ser funcionario una vez que recupere la libertad. Legalmente, nada se lo impediría.
Por lo demás, el proceso que se le quiso abrir en Veracruz por desaparición forzada de personas tampoco caminó. El Gobierno de Guatemala nunca concedió la extensión de las causales de extradición para agregar las imputaciones de la Fiscalía local. Y la administración estatal que tomará posesión el 1 de diciembre seguramente no retomará el caso.
Con esto toman mayor sentido las palabras de Duarte publicadas apenas el pasado martes en una entrevista en El Heraldo de México, en la que se refrendó como un hombre “leal al jefe de las instituciones” y un “soldado del Presidente” que terminó por entregarle la llave para abrir la reja de la prisión.
También declaró que, a pesar de no conocer a Andrés Manuel López Obrador –con cuyo partido se le vincula desde la campaña de 2016-, “es el Presidente más legitimado. Ganó a pulso, por cómo trabajó para llegar a donde está”. Saque sus conclusiones.
La justicia en México no existe, es una burla. Para quienes la detentan, la ruina de un estado y el dolor de millones de personas valen nueve años y 59 mil míseros pesos.
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