Redacción MX Político.- El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales fijó un nuevo plazo de 24 horas al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), para que entregue a todos los trabajadores de la salud equipo de protección para evitar contagios de covid-19.
Y es que en algunos casos –abundó– el material se encuentra almacenado y la dotación ha sido restrictiva a personal de atención directa a casos positivos.
Este es el segundo ultimátum que se desprende de una solicitud de amparo promovida por el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México, en virtud de que, si bien tras la primera suspensión el titular de la dependencia, Gabriel O’Shea, hizo llegar los insumos a los hospitales, en algunos casos éstos se encuentran resguardados en almacenes y no han sido entregados al personal hospitalario.
Miguel Ángel Carrillo, coordinador jurídico del gremio, explicó que fue necesaria la promoción de un segundo amparo porque, además, los insumos asignados sólo se entregarán a médicos y enfermeras que atiendan casos confirmados, pero no al resto del personal que también se encuentra en riesgo de atender asintomáticos, o por laborar en áreas aledañas.
Al conceder la suspensión de plano, el juez determinó que en un término de 24 horas las autoridades responsables –el secretario de Salud estatal y el director general del ISEM– informen al Juzgado sobre el cumplimiento.
“Queda a su cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud de los miembros que representa el Sindicato Estatal de Servicios de Salud del Estado de México”, advierte el fallo.
De igual manera, asienta que “la violación de la medida de suspensión decretada implica la comisión de un delito”.
La dotación no es restrictiva para los agremiados al sindicato, en virtud de que la suspensión advierte que los insumos deben ser entregados a todo empleado del sector salud que labore en nosocomios con casos diagnosticados.
Carrillo Martínez indicó que los insumos debieron entregarse antes de la segunda fase, pues para esa fecha el gobernador Alfredo del Mazo anunció que se destinarían 300 millones de pesos para tal fin, por lo que no existe justificación económica que frene la distribución.
El retraso en las entregas, dijo, obligó a muchos de los médicos y enfermeras a adquirir material con su propio dinero, y en los casos en que sí fue entregado es insuficiente y de baja calidad: las batas desechables son muy delgadas, no llegaron los gorros, botas quirúrgicas, googles y/o mascarillas N95, lo que dista mucho de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que para estos casos prevé la necesidad diaria de 25 batas, 25 mascarillas médicas y 50 guantes no estériles.
A partir de la suspensión, indicó el abogado, el material deberá entregarse a los trabajadores, no a directores ni a los almacenes, “no para la estadística o la foto, pues si los médicos enferman, serán insuficientes para atender la pandemia. Primero hay que cuidarlos a ellos”, finalizó.
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