Joel Hernández Santiago
El caso de las trece personas muertas la tarde del lunes 16 de julio por un conflicto agraria en la Sierra Sur de Oaxaca, entre pobladores de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec causó estupor en muchos y se volvió noticia local, nacional e internacional. Un poco para mostrar la barbarie que se vive en México y muy particularmente en esta entidad.
Dos días después de lo ocurrido y por el que se “integró una carpeta de investigación” según el Fiscal estatal, Rubén Vasconcelos Méndez, el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa dijo que el hecho era reprobable pero que “es un hecho aislado”…
Tan aislado que según cifras de la Secretaría General de Gobierno, hasta mayo de este año había 364 conflictos agrarios activos, muchos graves y de éstos 29 son considerados ‘focos rojos’.
Lo raro es que estos conflictos se han incrementado en poco más de dos años: En 2016 los conflictos identificados eran 194; en 2017 fueron 360 y en lo que va de este año son esos 364, los que machacan la conciencia social oaxaqueña y pone en entredicho la capacidad de gobierno tanto estatal como municipal en Oaxaca.
Por estos días, con frecuencia se detectan muertes por enfrentamiento entre comunidades o entre partes, ya por deslindes, por derechos de agua, de tierra, robo de bienes producidos y más. Y a falta de soluciones legales, los habitantes de municipios o agencias prefieren resolver los diferendos “a su manera”, lo que conforma delitos y rebela la ausencia de Estado de derecho.
Esto recuerda aquel relato de Diego Valadés: “La muerte tiene permiso”: Los habitantes de una comunidad agraria entre montañas, reciben a la autoridad estatal luego de semanas, meses años en los habían solicitado su intervención para solucionar los abusos de un cacique que se había apropiado de tierras, de agua, de productos y de vidas…
Cuando, después de mucho, llega gente de gobierno los habitantes relatan la tragedia que han vivido, incluida la violación de algunas de sus hijas… Y exigen a la autoridad una solución. La autoridad no sabe qué hacer porque están frente a campesinos enardecidos hartos del villano.
Entre gritos enardecidos y razones justificadas los campesinos piden permiso para dar muerte al cacique como única solución. Los enviados deliberan y deciden autorizarlos porque no hay tiempo ya para soluciones legales: una vez autorizados, los campesinos informan a la autoridad que el cacique “ya ha pasado a mejor vida.”
La crisis de seguridad en Oaxaca es grave. En los primeros seis meses de 2018 se registraron 551 homicidios dolosos, según informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto en tan sólo seis meses. En todo 2017 ocurrieron 919 crímenes de esta naturaleza.
Pero a esto habría que aumentar el incremento desproporcionado de robo, asalto, secuestro, rapto, violaciones, feminicidios, corrupción, en unos cuantos meses. Esto hace que, según un informe de la LXIII Legislatura del Congreso del estado, el 74 por ciento de la población se siente inseguro, en tanto que la Policía Estatal de Oaxaca está calificada como la quinta peor del país.
Pero, ‘son hechos aislados’, se dirá: sin embargo una de las exigencias más enfáticas hoy en todo el país, y naturalmente en Oaxaca, según están las cosas, es la de la seguridad pública. Así que el presupuesto de egresos para 2018 del gobierno de Oaxaca para la prevención del delito y procuración de justicia es de 2 mil 201 millones 553 mil 832.90 pesos.
Aun así, apenas el diez de agosto se supo que la Policía del estado tiene un déficit de 3,500 a 4 mil elementos debido a que “la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado no han autorizado una ampliación de plazas” según el capitán José Sánchez Saldierna, comisionado de la Policía estatal.
‘Que esta corporación tiene 3,120 elementos, cifra que representa el 0.9% por cada 100 mil habitantes. Pero que estos no se pueden incrementar porque “las plazas requieren una inversión millonaria con la que no cuenta el gobierno estatal”. Además, ‘los salarios más bajos del país para elementos policiales está muy por debajo de la media nacional, pues sólo reciben 4,500 pesos quincenales’ (Encuentro, Elizabeth López, p.3. 10-VIII-18).
En todo caso la situación es grave y va en incremento y nadie desde el gobierno parece decir “esta boca es mía”. Poco se sabe de soluciones legales desde la Fiscalía que tanto entusiasmo provocó en su inicio pero que hoy mismo resulta en un verdadero fracaso.
¿Qué sigue? Las exigencias de seguridad pública y alto a la violencia y al delito están en la boca de todos, o casi todos aquí. Garantizar la seguridad a los habitantes de una entidad en su vida y en su patrimonio es una muestra de buen gobierno. ¿Ocurre esto en Oaxaca? ¡Ah! ¿Y el presupuesto dónde está-donde quedó?
jhsantiago@prodigy.net.mx
