Lilia Arellano
“En muchas empresas el silencio no es oro, el silencio es un sobre”: Jaume Perich.
• Odebrecht, no habrá impunidad: AMLO
• CNO acusa a ex funcionarios de Peña Nieto de corruptos
• Periodo extraordinario para desahogar Guardia Nacional
Ciudad de México, 22 de enero de 2019.- Hace siete meses, en estas mismas líneas, señalamos: “Para combatir la corrupción en México ha faltado voluntad política. Las pruebas de la amplia red de complicidades de funcionarios del primer nivel en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, están a la vista, y sin embargo, no pasa nada. El manto de impunidad es tan amplio que los cubre a todos y los mantiene al margen de cualquier investigación abierta en el Poder Judicial contra los integrantes de lo que Andrés Manuel López Obrador denomina la mafia del poder. Para combatirlos sin duda se requiere de un cambio de régimen y de una Fiscalía autónoma, pero cabe la duda si será suficiente”.
Hoy las condiciones están dadas. La mafia del poder fue derrotada en las urnas, se inició un cambio de régimen y opera ya la Fiscalía General de la República (FGR) con su nuevo titular, Alejandro Gertz Manero. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las indagatorias sobre el caso Odebrecht –cuyo fraude “se ha fraguado en al menos dos sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que se sigue operando en el país día a día a través de su filial en México, la empresa Breskam-Idesa mediante el proyecto “Etileno XXI”- seguirán su curso para poder dar resultados. En Palacio Nacional, sostuvo que en su gobierno no habrá impunidad y descartó que las pesquisas sobre este tema puedan ser frenadas. “Están abiertas las investigaciones sobre este caso, hay procesos abiertos que van a tener su curso y tienen que dar resultados”.
López Obrador declaró en su conferencia mañanera: “Ya son procesos en curso, no se pueden detener. He sido muy claro, lo que ya está iniciado ni modo que se detenga. Si sale esto de Odebrecht, va a proceder, por lo que a nosotros corresponde”. Estas declaraciones las hizo el titular el Ejecutivo federal luego de trascender que la firma brasileña, la cual admitió haber pagado millones de dólares en sobornos, ahora acusó que es víctima de una red de corrupción en México. A través de una queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló a 12 funcionarios del sexenio pasado, entre ellos a los ex titulares de la PGR y de la Función Pública, Alberto Elías Beltrán y Arely Gómez, respectivamente, de armar una estrategia para inhibir la investigación de los actos de corrupción y de los cuales sólo en México y Venezuela no han sido sancionados. Intencionalmente no mencionan a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, a quien tres ejecutivos de Odebrecht aseguraron ante el Poder Judicial de Brasil le entregaron, entre 2012 y 2016, 10 millones de dólares para asignarle contratos a la constructora brasileña.
Joao Araujo Horst, apoderado de Odebrecht, presentó la queja el pasado 3 de diciembre, en la cual señala: “Resulta evidente que ha sido estrategia de miembros del gobierno federal, a través de la SFP, imponer sanciones a mis representadas, en violación sistemática de sus derechos, como si éstas fueran resultado de la investigación de hechos de corrupción que han sido denunciados”. Según Odebrecht, con base en sus acuerdos con autoridades de Brasil y Estados Unidos, tiene la disposición de colaborar con las investigaciones que inició la PGR por los sobornos confesados por sus directivos a funcionarios mexicanos. Pero, acusa, las autoridades mexicanas lo que han hecho es iniciar indagatorias administrativas y sancionar a Odebrecht por temas que son absolutamente ajenos a las investigaciones de cohecho.
En esa estrategia del gobierno federal ubica la remoción de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y que se impida el acceso a versiones públicas de la investigación, pese a lo ordenado por el INAI. Además, que se dilate la resolución de la indagatoria, a pesar de que el ex procurador Raúl Cervantes reportó ya estaba concluida.
José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño, ex directores de Pemex, y el ex titular de Pemex Transformación, André Arthur Glorieux González, también fueron señalados por Odebrecht en esa presunta andanada. Entre sus acusaciones directas destaca que la Función Pública, a cargo entonces de Arely Gómez, la inhabilitó por cuatro años para concursar por contratos públicos con base en un documento “prefabricado” y que Pemex se ha negado a reconocer el contrato Tula I para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo.
Otros ex funcionarios acusados por Odebrecht son en general funcionarios y protagonistas secundarios: la ex fiscal federal de la PGR, Silvia Nathalie García; el ex director Jurídico de Pemex, Jorge Eduardo Kim; el ex jefe de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, Carlos Alberto Sención; el ex jefe del área Unidad de Responsabilidades de Pemex, Javier Ramírez; el ex titular de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, Martha Elvia Rodríguez Volante; el ex gerente de Contrataciones de Pemex, Armando Hiram Hinojosa; el ex administrador del Proyecto Salamanca, José Arón Marrufo Ruiz; y el gerente de Proyectos I de Pemex Transformación, André Arthur Glorieux.
Ocho procedimientos administrativos de sanción les iniciaron a la Constructora Norberto Odebrecht (CNO), así como a Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y sus ejecutivos, de los cuales dos se acumularon y al final quedaron seis. En uno se le impuso una inhabilitación de 2 años con 6 meses y el pago de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos, en otro sólo 2 años y en uno más la inhabilitación fue de cuatro años, pero en este caso un tribunal ordenó reponer el procedimiento.
CNO fue inhabilitada en diciembre de 2017 por un periodo de 4 años para participar en contrataciones por supuestos cobros indebidos de costos indirectos en el contrato para construir las plataformas de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo. Según CNO, la sanción se basa en un dictamen contable del 21 de agosto de 2017 aparentemente encargado por Pemex al despacho Enrique Estrella y Asociados S.C. Sin embargo, CNO argumenta que “nadie sabe quién, cómo ni con qué recursos se contrató a un despacho contable que emitió un dictamen de 3,610 hojas que no se entregó a las quejosas, pero en el cual se fundó el procedimiento sancionatorio iniciado en su contra y que derivó en la inhabilitación por 4 años”.
También CNO fue inhabilitada en febrero de 2018 por 2 años por presuntamente actuar con dolo o mala fe en su pretensión de obtener pagos en exceso por más de 119 millones de pesos. Y el 16 de abril de 2018, la SFP inhabilitó a la empresa CNO y su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México por un periodo de 2 años con 6 meses para participar en contrataciones y le adjudicó el pago de una multa de 543 millones 488 mil 615 pesos.
Pero el delito de fondo sigue sin ser dilucidado: el soborno a Emilio Lozoya Austin. Durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto fue evidente la apatía y falta de disposición de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública para investigar los hechos denunciados, sustentados en declaraciones juradas ante las autoridades judiciales de Brasil. Las investigaciones en México fueron totalmente frenadas y aún se desconoce si los sobornos fueron en su totalidad a parar a financiar las campañas priístas, principalmente la presidencial –de ahí la armadura de impunidad a ese ex funcionario- o si llegaron a bolsillos particulares como los de Lozoya Austin. Las indagatorias deberán avanzar y responder a estas interrogantes.
DE LOS PASILLOS
En el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la bancada de Morena presentará este miércoles una propuesta para que se convoque a un periodo extraordinario y se desahogue cuanto antes el dictamen sobre la creación de la Guardia Nacional. El martes, en la apertura de los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, las bancadas del PAN, PRD y PRI se manifestaron en contra de una Guardia Nacional que implique una militarización de facto. Coincidieron en proponer un esquema de “parlamento abierto” para la revisión de la minuta que turnó la Cámara de Diputados, con la intervención de organismos de la sociedad…
Tras la inasistencia de los titulares de Hacienda, Energía, Pemex y Profeco a la comparecencia el pasado 15 de enero, funcionarios del gobierno federal fueron citados nuevamente ante el Congreso para explicar acciones contra el robo de combustible que derivó en desabasto en algunos estados del país. La cita es el próximo lunes 28 de enero a las 10:00 horas ante la Tercer Comisión de la Permanente.
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