* Una de las últimas tropelías jurídicas de Gregorio Salazar Hernández, fue la liberación del ex tesorero del Patronato de la UAEH, Francisco Natalio Zamudio Isbaile, pieza clave para esclarecer la desviación de recursos en la Máxima Casa de Estudios de Hidalgo y donde aparece como directo responsable, la cabeza del Grupo Universidad, Gerardo Sosa Castelán; el impartidor de justicia fue cuestionado por sus torcidos fallos no solo por el Secretario de Seguridad, sino por la Presidenta de la República, y un Tribunal Colegiado echó abajó la exoneración del Jefe de la “Sosa Nostra”, emitida en septiembre pasado. Aunque por el momento, su liberación entorpece el seguimiento del caso sobre el desvió de recursos a la institución educativa, al dar un respiro a los mafiosos, el tema retomará más fuerza tras la elección del nuevo poder judicial, el próximo
1 de junio
SILOGISMOS
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
El juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, será después de la elección del Poder Judicial del primero de junio, firme candidato a una celda por la interminable cadena de pillerías antijurídicas que ha cometido en los últimos años.
La más reciente, la liberación del ex Tesorero del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Francisco Natalio Zamudio Isbaile, detenido el pasado 30 abril por una orden de aprehensión expedida por la Fiscalía General de la República (FGR), pero liberado ocho días después por el corrupto impartidor de justicia, el mismo que en septiembre pasado absolvió a Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del referido patronato, de los cargos por manejo de recursos de procedencia ilícita por más de 59 millones de pesos. Motivo por el cual, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó a unos días de asumir el cargo, “analizar a detalle”, la sospechosa exoneración.
Hace un mes, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, anuló la “chicanada” de Salazar Hernández, quien además con su sentencia libró al capo universitario de la prisión domiciliaria, luego de que se la hubiera concedido en el 2023, para abandonar el Penal del Altiplano, bajo insustanciales argumentos de su estado de salud.
De acuerdo a los magistrados del Colegiado, en su calidad de juez de distrito, carecía de facultades para resolver la solicitud de sobreseimiento, por lo que establecieron con claridad que el tendencioso impartidor de justicia, podría enfrentar responsabilidades jurídicas.
No obstante, la clara advertencia, el juez Gregorio Salazar volvió a ignorar las observaciones de la Presidenta Sheinbaum como de los propios magistrados, cuya jerarquía judicial es superior a la suya y, con el mayor de los cinismos, evitó que Zamudio Isbaile fuera enviado a prisión y compareciera ante la FGR.
El detenido es la pieza clave para concluir la investigación que pesa sobre el jefe de la llamada “Sosa Nostra” que desde hace cuatro décadas se adueñó del control y los recursos de la UAEH. De ahí que no se necesite ser aspirante al talento detectivesco de Sherlock Holmes, para inferir el grado de complicidad que existe entre los mafiosos universitarios y el juzgador.
Un dato que debe traerse a colación en este putrefacto e ilegal entramado, es que durante la precampaña de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, el ex Secretario de Gobernación y hoy líder de ese partido en el Senado, Adán Augusto López, recibió en un evento realizado en las instalaciones de la UAEH, el apoyo político del Grupo Universidad y el agradecimiento público del Rector, Octavio Castillo, por haber intercedido para que su jefe, Gerardo Sosa Castelán, saliera del Altiplano a la prisión domiciliaria.
Este hilo conductor, ubica al cuestionado impartidor de justicia en el rango de los “jueces por consigna” que lejos de dignificar la autonomía del Poder Judicial, la degradan al punto de hacer trizas al Estado de Derecho.
La figura de Gregorio Salazar ha terminado por transcender de manera vergonzante al escenario de la opinión pública nacional, luego de que en una de las más recientes mañanera, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lo exhibiera como el responsable de emitir resoluciones judiciales que “lejos de proteger a la sociedad” y a las víctimas de violencia, ha “favorecido a quienes las agreden”.
El funcionario fue contundente cuando dijo: “Es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a delincuentes”.
Y sin más rodeos, le puso nombre y apellidos a uno de los casos más emblemáticos: El juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien, apuntó Harfuch, el pasado 24 abril favoreció en el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del cártel de Sinaloa, al centro estatal de Aguaruto para cumplir con la medida de presión preventiva.
“Ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción“, abundó.
Y citó también otra de sus tropelías jurídicas, cuando en enero de 2023, ordenó la liberación de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo.
Ahora, para volver a proteger al Grupo Universidad y Gerardo Sosa Castelán, el juzgador ordena la liberación de Francisco Natalio, bajo argumentos tales como que la FGR no logró demostrar que el ex tesorero fue parte del esquema financiero mediante el cual se montaron empresas fachada como Contabilidad Siglo XXI, a pesar de que el testigo protegido, Oscar Pacheco Medina, ha aportado pruebas suficientes que Gregorio Salazar desestimó, como también el hecho de que sus propios familiares formaron parte de la citada firma fantasma, mediante la cual se desviaron recursos de la Máxima Casa de Estudios de Hidalgo.
Ahora el asunto es saber si Zamudio Isbaile no se dio ya a la fuga gracias a la lenidad del corrupto juez. Los mafiosos y su juez de consigna, saben que el ex tesorero en la pieza que falta en rompecabezas del saqueo a la UAEH y en la conclusión final para sentenciar conforme a derecho a Gerardo Sosa.
A pesar de las jugarretas para evadir por el momento las pesquisas de la FGR, el tema no tiene vuelta de hoja porque Salazar Hernández no se escapará de comparecer ante el nuevo órgano de control del Poder Judicial. Ya debe muchas y en todo el país la fama de sus sentencias torcidas es bien conocida.
Cuestión de tiempo para que la purga de los jueces corruptos inicie y el último capítulo de la corrupta “Sosa Nostra”, por fin se escriba.
