MADRID, 12 Junio (AlmomentoMX).- . La Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) ha remitido un informe de valoración de 60 páginas que incluye más de 20 capítulos con recomendaciones y aspectos clave en la prevención del delito, protección a víctimas y cooperación entre distintos actores clave de la sociedad.
Han pasado 4 años desde la visita del Grupo de Expertos del Consejo de Europa (GRETA) y desde que en 2013 formuló sus recomendaciones al Gobierno español. En este tiempo, según organizaciones que forman parte de la Red contra la trata, como Proyecto Esperanza, España aún no ha avanzado suficientemente en un abordaje integral de la trata de seres humanos, más allá de la trata con fines de explotación sexual.
Tampoco ha habido mejoras sustantivas para incorporar las recomendaciones que hizo Greta a España para abordar la Trata de Menores de forma adecuada, de acuerdo con las exigencias del Convenio de Varsovia; por lo que sigue siendo necesario garantizar la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en todo el proceso de identificación formal de las víctimas y especialmente en las entrevistas formales de identificación.
Desde el Proyecto Esperanza y como parte de la Red Española contra la Trata de Personas se ha solicitado en numerosas ocasiones la aprobación de una Ley específica contra la Trata de Seres Humanos. Recientemente, en el en el marco de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados sobre un Pacto de Estado contra la Violencia de Género se ha reivindicado la adopción de una Ley para la Prevención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos que incorpore medidas específicas de protección para aquellas formas de trata que suponen además una forma de violencia contra la mujer.
En su informe de 2013 GRETA, considera que las autoridades españolas debían analizar las consecuencias de tener diferentes instrumentos legales para la identificación, derivación y asistencia de las víctimas de la trata, dependiendo de si son nacionales de la UE o de un tercer país, ya que esto podría afectar negativamente a sus derechos previstos en el Convenio.
GRETA observó en 2013 que el papel de las ONG se limitaba a informar de posibles casos de trata a la policía, a ofrecer asesoramiento jurídico y a aportar información para que ésta pueda ser tenida en cuenta para tomar la decisión sobre la identificación. Este análisis motivó que recomendara la participación formal de los actores de primera línea, incluidas las ONG, desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso de identificación.
Se ha producido un avance en la sistematización de dicha colaboración con la aprobación de la Instrucción 6/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre Actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Lucha contra la trata de Seres humanos y con la Colaboración de las Organizaciones y Entidades con Experiencia Acreditada en la Asistencia a las Victimas.
En dicha instrucción se prevé que tan pronto como se detecte que una persona pueda ser potencial víctima de trata las FCSE solicitarán el apoyo de las entidades especializadas para poderles ofrecer información sobre sus derechos y posibilidades asistenciales durante el proceso de identificación.
Sin embargo, en la práctica, las entidades especializadas durante la entrevista formal de identificación, se han comportado en muchos casos, en el papel de “de meras observadoras, sin dejarles, intervenir, ni preguntar a la víctima, ni hablar con ella con carácter previo para generar confianza”.
En este sentido, desde diversas organizaciones se ha propuesto que se haga un seguimiento y evaluación sobre la implementación práctica de la Instrucción 6/2016, paras que se garantice, que el apoyo de las entidades especializadas por parte de las fuerzas de seguridad y se les permita entrar en contacto con la presunta víctima antes de la entrevista formal de identificación, así como, mantener un rol activo durante la misma, para poder colaborar en la identificación”.
En su informe ejecutivo de 2013, GRETA, recomendaba a España crear un mecanismo de derivación específico para los niños y niñas víctimas de la trata, necesario para tener en cuenta sus necesidades especiales, involucrando a especialistas en infancia y oficiales de policía y fiscales especializados en menores. Algunas de las recomendaciones que hace la Red son:
– Priorizar el estatus de las víctimas menores de edad en una doble vertiente: por un lado, con respecto a los menores no acompañados [MENA] posibles víctimas de la trata y, por otro lado, con relación a los hijos e hijas menores que se encuentran en España a cargo de mujeres que son presuntas víctimas de trata.
– Garantizar una acogida de emergencia en centros especializados en la atención integral a menores víctimas de la trata y no como se hace ahora en los centros de acogida del sistema de protección general de menores que no cumplen con los requisitos para dar una atención de emergencia.
– Garantizar el derecho a la identidad y la nacionalidad de los bebés nacidos en el tránsito migratorio.
– Perfeccionar los procedimientos y pruebas para la determinación de la edad utilizando sistemas adecuados que incorporen especificidades holísticas, culturales, étnicas y sociales.
– Desarrollar protocolos de actuación, tanto a nivel nacional como autonómico, para la detección y atención integral a menores, que garanticen la actuación de las entidades públicas en la protección de los mismos, en situaciones de riesgo.
– Garantizar la reagrupación familiar preferente cuando las víctimas de trata que se encuentran en España están siendo coaccionadas y amenazadas por las redes con la posibilidad de tomar represalias contra sus hijos e hijas de menores de edad que se encuentran en el país de origen, especialmente en aquellos casos en que las víctimas están colaborando con las autoridades policiales y judiciales.
El informe de la RECTP incluye también un análisis de las principales formas de trata y nuevas tendencias observadas en España, los cambios en el marco institucional con la creación del Relator Nacional contrala Trata, la preocupación por la exclusión de la protección internacional a las víctimas de Trata y recomendaciones relacionadas con menores.
Marta González, Coordinadora de Proyecto Esperanza compareció el pasado 8 de mayo en el Congreso de los Diputados en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y la principal conclusión fue la adopción por parte del Parlamento Español de una Ley para la Prevención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Trata de Seres Humanos, que incorpore medidas específicas de protección para aquellas formas de trata que suponen además una forma de violencia contra la mujer.
La adopción de una Ley Integral de Prevención, Asistencia y Protección a las víctimas de la trata supondría poner en el centro a las personas y consolidar el enfoque de asistencia y protección integral que debe imperar ante esta grave violación de derechos humanos.
Cabe destacar que , la recomendación de aprobar una ley específica contra la trata fue una de las principales propuestas de la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, cuyo informe fue publicado en el BOE el 9 de julio de 2015.
Este, señala en concreto, en al apartado de propuestas y recomendaciones bajo el epígrafe 4.1 Ley de Trata: “Es general la recomendación de una Ley específica de Trata, que coordine las actuaciones de todas las instituciones implicadas y aúne en un solo texto la dispersión normativa existente en la materia. Esta demanda no es exclusiva de las entidades del Tercer Sector, sino que fiscales, magistrados y profesorado universitario que ha comparecido considera que su valor sería importante, por su carácter ejemplarizante y didáctico”.
AM.MX/kcc
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