Ricardo Del Muro / Austral
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió un dictamen dirigido al gobierno de México en el que denunció “la criminalización y detención arbitraria” de los defensores de derechos de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, sentenciados a 25 años de prisión por “defender su territorio”.
Un caso que, al ser abordado por la ONU, reactiva el tema de los “presos políticos”, que parecía ser un obscura mancha ya superada del viejo régimen, pero además está vinculado a la oposición de algunas comunidades indígnas a la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque, que es un proyecto fundamental para el desarrollo turístico de Chiapas.
De acuerdo al comunicado difundido el martes 25 de julio en el portal digital de Aministía Internacional y Radio Zapatista, que fue reproducido por varios medios, señala que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septuembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial.
Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco indígenas permanecen recluidos desde hace más de tres años y dos meses en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, acusados, según el documento, “sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de un policía municipal, sucedido en mayo de 2022”.
Reconocidos los cinco detenidos tzeltales como defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU considera que su criminalización está motivada precisamente por su labor en la defensa de la tierra y el territorio. Dentro de su opinión, enmarca la detenciones arbitrarias en con el contexto de San Juan Cancuc, municipio Tzeltal “donde históricamente la población se ha opuesto a megaproyectos como la presa hidoeléctrica y la “supercarretera”, además de rechazar la militarización de su territorio”.
El comunicado ha sido difundido por Amnistía Internacional y Radio Zapatista, cuando apenas ha transcurrido un mes de que el gobernador de Chiapias, Eduardo Ramírez Aguilar, dio el banderazo de salida para la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque, un proyecto fundamental para el desarrollo turístico de Chiapas, propuesto desde hace 15 años pero que no se ha podido concretar por la oposición y los amparos de los pueblos indígenas ubicados en el territorio de pretende cruzar la autopista.
Los 153 kilómetros de este megaproyecto carretero pasan por los municipios de Palenque, Salto de Agua, Chilón, Ocosingo, San Juan Cancuc, Tenejapa, San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas, además de Ocosingo.
La carretera fue impusada en el sexenio de Enrique Peña Nieto pero no se concretó; Andrés Manuel López Obrador la integró al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019 – 2024, pero tampoco pudo realizarse, ya que el proyecto enfrentó una fuerte oposición de los grupos indígenas, principalmente en Oxchuc, y en otras poblaciones con presencia de zapatistas.
En marzo de 2025, los 13 municipios mayas que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas para la construcción de la autopista y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales.
A pesar de este panorama adverso y de que la obra no estaba contemplada originalmente en los proyectos carreteros de la federación, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, encabezó el pasado 8 de junio un evento en San Cristóbal donde inició a la construcción de esta carretera, que según el comunicado oficial, será conocida como “La Ruta de las Culturas Mayas”, una obra estratégica que busca fortalecer la conexión entre los pueblos indígenas, fomentar el turismo cultural y detonar el desarrollo económico de la región.
Previo al inicio de los trabajos, se firmó un inédito acuerdo entre representantes de los 17 sindicatos de volqueteros de Palenque y Salto de Agua con los consorcios encaragados de la construcción, lo que garantiza la participación activa de los trabajadores locales. La primera etapa contempla la conexión Palenque – Ocosingo y posteriormente se extenderá hasta San Cristóbal.
De acuerdo a la nota de Angeles Mariscal, pubicada en el portal Chiapas Paralelo, la obra fue presentada como “prioritaria” por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Ramírez Aguilar. Por ello, especialistas contratados por el gobierno volvieron a reestructurar el trazo de la obra para evitar pasar por lugares donde había mayor oposición de la población, como el municipio de Oxchuc.
En otras zonas, dijo el gobernador ese día, “empezamos el diálogo con las comunidades de manera sigilosa y discreta para que no vinieran los intereses externos”. Sin embargo, la reciente difusión del documento elaborado por el Grupo de Trabajo de la ONU, podría interpretarse como la presión de los grupos antagónicos para liberar a los principales dirigentes indígenas que se oponen al proyecto carretero. RDM
