Por Aurelio Contreras Moreno
El tema del manejo opaco de los recursos al interior del Poder Legislativo del estado de Veracruz sigue siendo materia de controversia, más allá de los pleitos internos de los diputados locales.
Como señalamos en la anterior entrega de la Rúbrica, la diputada local del PAN Cinthya Lobato hizo explotar una bomba en el Congreso del Estado por sus acusaciones en contra del coordinador de su propia bancada, Sergio Hernández Hernández, a quien se le escucha increpar por el manejo discrecional de los recursos que tanto él como todos los líderes de las bancadas reciben para usarlo, supuestamente, en tareas de apoyo a actividades legislativas.
Dicha ministración de recursos está incluso contemplada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, que establece que son derechos de los diputados recibir “una dieta mensual, compensaciones, subsidios, ayudas y demás percepciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones legislativas, de control, de representación y gestoría”.
Sólo que tal parece que al establecer la normatividad vigente que se trata de un “derecho” de los diputados, esto les hizo creer a los legisladores que pueden hacer lo que quieran con este dinero que reciben del Poder Legislativo y que, por consiguiente, se trata de recursos públicos de los veracruzanos.
Como mencionábamos en la columna anterior, el coordinador de la bancada de Morena, Amado Cruz Malpica, admitió que sí reciben estos apoyos, que en el caso de su partido son del orden de un millón 200 mil pesos mensuales. El Grupo Legislativo del PAN recibiría un millón 600 mil pesos, y así el resto de las fracciones parlamentarias, en proporción con su número de integrantes.
Pues nada, absolutamente nada de ese dinero está debidamente transparentado y mucho menos fiscalizado. Sólo los diputados saben qué es lo que hacen con esos recursos, pues no están obligados a justificar su uso.
Así lo confirmó la diputada local del PAN y presidenta de la mesa directiva de la LXIV Legislatura del Estado, María Elisa Manterola Sáinz, quien defendió la opacidad y la discrecionalidad en su aplicación: “habrá diputados que su dinero lo pueden ocupar en lo que quieran. A ver, si yo quiero ocupar el dinero de este mes que me toca en el bautizo de mi hijo, (…) si un diputado quiere agarrar su recurso e irse de vacaciones con su familia, ese dinero lo damos para labores legislativas y de comisión”.
¿Es justificable que un recurso que como los mismos diputados admiten, se les entrega para labores legislativas y de comisión, se utilice en pagarse vacaciones y fiestas familiares, o en tareas de promoción política partidista-electoral? Para ellos, tal parece que sí.
Por más que intenten tapar el sol con un dedo, y aun cuando el origen del enfrentamiento entre los diputados panistas sea de índole político-electoral con tintes personales, lo que es una realidad es que no existe una verdadera rendición de cuentas ni más ni menos que en donde se encargan de elaborar las leyes que rigen al estado de Veracruz y se revisan los manejos de los recursos de las administraciones municipales y estatal, lo cual abona a la desconfianza y a la pésima imagen que los ciudadanos tienen de los legisladores de todos los partidos, en todos los niveles.
Porque a la opacidad y la discrecionalidad, todavía hay que agregar el cinismo.
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