Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Es fácil ser bueno; lo difícil es ser justo”. – Víctor Hugo.
En Veracruz no suelen ocurrir las casualidades políticas. A veces, los hechos que se desarrollan de manera paralela terminan por revelar con mayor nitidez el talante, la formación y la visión de quien gobierna. Eso es precisamente lo que ocurre hoy con dos episodios distintos, pero profundamente conectados, que colocan bajo la lupa el estilo de conducción de la gobernadora Rocío Nahle García: el combate frontal a la corrupción en la UPAV y el desmentido implícito a la narrativa victimista de Movimiento Ciudadano.
Por un lado, la detención y vinculación a proceso de exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz marca un punto de quiebre. No se trata solo de nombres o cargos, sino del mensaje político que acompaña las acciones de la Fiscalía General del Estado. Sergio “N”, Víctor de Jesús “N” y Frida Narayana “N” enfrentan imputaciones graves: incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público. No son delitos menores ni errores administrativos; son conductas que, de acreditarse, hablan de una estructura de saqueo y simulación enquistada durante años.
Más relevante aún es el contexto: desde el interior de la Secretaría de Educación de Veracruz se intentó, según diversas versiones, minimizar u ocultar el problema. El nombre del exsubsecretario Elías Calixto aparece como pieza clave de una trama que hoy mantiene a un exfuncionario prófugo, mientras otros ya duermen en Pacho Viejo bajo la medida cautelar de prisión preventiva, dentro del proceso penal 17/2026. Aquí no hay espacio para la nostalgia política ni para la protección corporativa. El mensaje es claro: quien se salió del marco legal tendrá que rendir cuentas, sin importar padrinazgos ni silencios cómplices.
En paralelo, surge el segundo episodio: la denuncia del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell, quien asegura que alcaldes de su partido estarían siendo presionados para sumarse a Morena. Un argumento que, dicho con franqueza, resulta poco creíble. No solo por la ausencia de pruebas, sino por el historial reciente de MC en Veracruz, un partido que abrió la puerta —y en algunos casos profesionalizó— a personajes con antecedentes penales y perfiles cuestionables, hoy incrustados en gobiernos municipales.
Pretender vender la idea de persecución política cuando lo que existe es una línea clara contra la ilegalidad es, cuando menos, un recurso narrativo pobre. La gobernadora Nahle ha sido consistente: no hay tolerancia para quien infringe la ley, venga del partido que venga. Pensar que su administración operaría para cobijar o reciclar perfiles con señalamientos delictivos es desconocer —o fingir desconocer— su formación técnica, su discurso público y su práctica política.
Ambos hechos, vistos en conjunto, confirman una constante: en Veracruz se intenta reinstalar el principio básico del Estado de derecho. Orden en la administración pública, orden en la vida política y orden en el ejercicio del poder. No es una consigna retórica; es una ruta de gobierno. Para algunos, incómoda. Para otros, necesaria. Pero, al final, inevitable. Porque en la visión de Rocío Nahle García no hay espacio para la ilegalidad disfrazada de política ni para la política usada como coartada de la ilegalidad. Orden, orden y más orden: esa es la señal.
Al tiempo.
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