A pesar de la firme recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar la subcontratación en el Gobierno federal, los datos revelan que esta práctica persiste en la administración pública. Durante el año 2023, uno de cada tres contratos del gobierno se realizó a través de outsourcing, contradiciendo la postura oficial en contra de esta forma de contratación.
En cifras concretas, se registraron un total de 154,987 contratos en la administración pública federal durante el pasado año, alcanzando un monto que superó los 305,129 millones de pesos. De estos, 54,802 contratos correspondieron a servicios proporcionados por empresas externas, sumando un total de más de 139,323 millones de pesos.
En lo que va del presente año 2024, la tendencia persiste, con más de 70% de los contratos gubernamentales siendo realizados mediante subcontratación. Se han firmado 2,547 contratos por un monto total que supera los 29,719 millones de pesos. En este periodo, el 73% de estos contratos están destinados a servicios, representando mil 867 acuerdos por más de 25,379 millones de pesos.
Entre los servicios más destacados contratados a través de outsourcing se encuentran los relacionados con la limpieza, seguridad privada, mantenimiento, supervisión de obras, autotransporte, entre otros.
Es importante mencionar que el decreto que reformó la Ley del Trabajo en materia de subcontratación laboral, en su artículo 13, permite la subcontratación de servicios o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la ley.
A pesar de la permisividad de la legislación, el presidente López Obrador ha reiterado su postura en contra del outsourcing, calificándolo como ilegal e inmoral. En noviembre de 2020, declaró: «Aquí (en el outsourcing) despiden para volver a contratar. Entonces, esto es ilegal y es inmoral. Por eso ya no vamos a permitirlo».
El uso continuo de la subcontratación en el Gobierno pone de manifiesto la brecha entre la retórica oficial y la práctica administrativa, generando interrogantes sobre la efectividad de las medidas para erradicar esta práctica en las instituciones gubernamentales.
con información de LaOtraOpinión
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