Por Aurelio Contreras Moreno
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha terminado por dejar al descubierto que su propuesta del “perdón” es, en términos llanos, una patente de impunidad para aquellos a quienes “combatió” durante los últimos 18 años.
Sin espacio para interpretaciones, tanto en el programa de Televisa “Tercer Grado” la noche del lunes como durante un acto público el martes, López Obrador dijo, sin ambages, que su propuesta implica un “punto final”, en el que no se perseguirá judicialmente a quienes -aunque hayan sido señalados por él mismo por presuntos actos de corrupción- no tengan procesos penales abiertos antes del 1 de diciembre.
“Sí, es un perdón, es un perdón, así. (…) Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. (…) Tendríamos que empezar por los de arriba y no solo los de ahora, sino de tiempo atrás”, admitió durante la entrevista de este martes. Y acotó: “todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver”.
Lo primero que habría que destacar es esa propensión de López Obrador a hacer con las leyes lo que quiere. O ¿con qué facultades un presidente, por muy legitimado electoralmente que sea, puede decidir no llevar ante la justicia a quienes se les detecte, e incluso sea comprobable, que hayan infringido normas legales de cualquier clase?
Porque López Obrador ni siquiera habla en este caso de amnistiar a los corruptos, lo cual implicaría, por lo menos, un proceso jurídico-legislativo de por medio. No. Aquí se trata de un borrón y cuenta nueva porque así lo ha decidido, según él, para que “comencemos una nueva etapa y que ya inicie una nueva historia”.
Pero la única historia aquí es la misma de siempre: la de la aberrante impunidad que permitió, de manera encadenada, la gigantesca corrupción que quebró estados como el de Veracruz y que, irónicamente, fue el origen del malestar social que le permitió a Andrés Manuel López Obrador ganar la Presidencia de la República y obtener un poder cuasi omnímodo al arrasar su partido en el Congreso de la Unión.
El mandato que obtuvo el político tabasqueño, que asumirá el poder dentro de menos de diez días, fue precisamente el de combatir la corrupción. Pero no solo de ahora en adelante, como López Obrador propone, pues eso, más que combatirla, sería en todo caso evitarla.
Los mexicanos votaron el pasado 1 de julio porque se llame a cuentas a quienes hayan abusado de la confianza de los ciudadanos; a los que se enriquecieron obscena e ilegalmente desde el poder mientras la calidad de vida de las personas se desplomaba en amplias franjas del país; a quienes se coludieron con los criminales y convirtieron sus demarcaciones en zonas de guerra y mares de sangre; a los que por obra u omisión destrozaron familias y convirtieron en un enorme cementerio clandestino al país.
¿Con qué derecho el Presidente electo decide dejarlos impunes, sin siquiera investigar nada? Pues con el que su megalomanía le hace creer que tiene para disponer a su antojo de las leyes y de su aplicación. Solamente él perdona o condena. Él decide quién es bueno o malo. Quién conservador y quién liberal. Cuál es la prensa “libre” y cuál la “fifí”. Y ahora, cuáles ladrones estarán con él en el “paraíso” de la “cuarta transformación”.
Palabra de Andrés.
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