Cicuta
Jaime Flores Martínez
Viernes 20 de junio del 2025.- Practicante del discurso antimigrante como una herramienta política para lograr sus objetivos, al ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump habrá que recordarle su pasado criminal para que no tache a los migrantes de delincuentes y terroristas, responsables de los recientes disturbios en la ciudad de Los Ángeles California.
Y aunque está claro que Trump busca justificar su narrativa al acusar de violentos y criminales a los protagonistas de esos disturbios, debe quedar claro que las protestas estallaron a partir de las redadas realizadas ese día por personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Ante el allanamiento y maltrato registrados, los migrantes se organizaron y salieron a protestar pacíficamente hasta que Trump ordenó reprimirlos con el arribo de la Guardia Nacional.
¡Allí empezaron los desmanes!
Sin duda, otra vez Trump utilizó el discurso antimigrante como arma política.
Lo hizo en 2016, lo reiteró en su anterior presidencia y lo hace ahora.
Desde su última campaña presidencial prometió una cacería masiva de indocumentados; la militarización de la frontera y una red de campos de detención al estilo carcelario.
A Trump no le importa (da la impresión que hasta lo goza) sembrar el miedo, el odio y con el dedo índice apunta a quienes cruzan la frontera.
Ahora bien, la figura que lanza esas amenazas es la misma —históricamente— ha estado rodeada de acusaciones criminales, fraudes financieros y escándalos sexuales.
Trump ha enfrentado múltiples cargos a lo largo de su trayectoria, muchos de los cuales lo colocan en el lado oscuro de la justicia estadounidense.
En agosto de 2023, Donald Trump fue procesado en Georgia por intentar revertir ilegalmente los resultados de la elección de 2020.
Ese caso fueron 13 los cargos criminales, entre ellos asociación delictuosa para defraudar al Estado y manipulación de testigos.
Paralelamente un jurado de Nueva York lo halló responsable en 2023 por abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, quien lo denunció por haberla atacado en los años noventa.
Trump no solo fue declarado responsable; fue condenado a pagar más de 80 millones de dólares en daños, lo que refuerza su historial de violencia hacia las mujeres.
Este hombre también arrastra cargos federales por manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca.
En ese proceso se le imputaron más de 30 cargos en junio de 2023, todos relacionados con retención ilegal de información de seguridad nacional y obstrucción a la justicia.
Antes de eso, incluso antes de lanzarse a la política, Trump ya había sido señalado por fraudes financieros.
La llamada Trump University resultó ser una estafa.
En 2016, acordó pagar 25 millones de dólares para evitar el juicio colectivo en su contra.
Resulta insólito no es solo la magnitud de las acusaciones, sino la forma en que muchas quedaron suspendidas o disminuidas una vez que asumió la presidencia.
Al convertirse en jefe de Estado en 2017, el Departamento de Justicia adoptó la política de no enjuiciar a un presidente en funciones.
Tal medida blindó a Trump durante cuatro años y obviamente el escudo presidencial le permitió esquivar la justicia, incluso cuando el fiscal especial Robert Mueller documentó obstrucción en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016.
Trump no construyó un muro físico entre Estados Unidos y México, pero edificó uno simbólico, cargado de racismo, miedo y cinismo. Mientras exige castigo para aquellos que cruzan una frontera, él mismo esquiva las rejas gracias al poder que alcanzó.
Su retórica antimigrante es una cortina de humo que pretende ocultar algo más grave: un hombre que usó la política no para servir, sino para protegerse.
El verdadero peligro no es el migrante que busca trabajo, sino el político que usa el poder para eludir la justicia y ese político se llama Donald Trump.
Positivo
Qué bueno que las autoridades federales demostraron que no se quedan dormidos.
Más allá de las contradicciones del secretario de seguridad de Baja California general Laureano Carrillo, quien dijo que no le informaron y un día después dijo que “si sabía”, la realidad es que el gobierno federal tiene claros sus objetivos.
Sin disparar una sola bala, militares, marinos y oficiales federales capturaron la madrugada del martes a Pablo Edwin Huerta Nuño, el flaquito, cabecilla de la organización Arellano Félix.
Si el gobierno federal ni siquiera le avisó a la autoridad bajacaliforniana “será por algo”, aunque el trabajo lo hicieron.
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