Lilia Arellano.
“La violencia no deja de tener cierto parentesco con el miedo”: Arturo Graf
• “Pandemia” de asesinatos
• Meade, sin propuesta para detener ola de violencia
• Aumento de delitos en estados con comicios locales
• Sin alternativa para la militarización en el Congreso
• Proliferación de armas y debilidad de policías: SNSP
• Q. Roo, sólo pequeñas lecciones a grandes bandidos
• TLCAN y elecciones, riesgos para Estados: Moody´s
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2017.- La continuidad económica no parece ser en estos momentos la mejor propuesta de campaña a la Presidencia de la República, pero es la única sostenida por José Antonio Meade, aspirante externo del PRI, quien no manifiesta la menor idea de cómo solucionar el profundo y complejo problema de inseguridad en territorio nacional. México vive una “pandemia” de asesinatos, los cuales rompieron record en octubre. Este año pasará a la historia como el más violento. El tema adquiere trascendencia electoral pues siete de los nueve estados los cuales renovarán la gubernatura en 2018 enfrentan complicadas condiciones de seguridad, por el incremento en los homicidios dolosos y culposos, secuestro, extorsión, robo a transeúntes, a negocio, de vehículo y a casa habitación.
Al arrancar el proceso electoral rumbo a los comicios federales del 2018, el tema adquiere una importancia fundamental, pues la violencia y la criminalidad en algunas regiones de México no sólo afecta la vida cotidiana de las personas sino en el mediano y largo plazo reduce las posibilidades de crecimiento del ingreso y de reducción de la pobreza, como lo reveló un nuevo reporte del Banco Mundial. De acuerdo al informe “¿Desarrollo económico inestable? Choques agregados en América Latina y el Caribe”, los municipios con niveles más altos de crímenes relacionados con drogas en México registraron un decrecimiento anualizado del ingreso de 0.2 puntos porcentuales al año durante un periodo de un lustro.
Hasta las estadísticas oficiales evidencian no funciona la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal y las autoridades estatales, sin haberse presentado hasta el momento alguna renuncia o cese por incompetencia. Lo peor de todo es la insistencia en los mismos métodos aplicados desde el sexenio pasado, los cuales visto está no dan los resultados esperados. El gobierno de Enrique Peña Nieto sigue empujando la opción militar. En la Cámara de Diputados, el coordinador de la fracción panista, Marko Cortés, advirtió su bancada “no está en condiciones de votar por la militarización de la seguridad”, si el PRI y sus aliados no aprueban la reforma constitucional sobre el mando mixto policial. Los panistas condicionan el respaldo de su fracción parlamentaria a la Ley de Seguridad Interior impulsada por la fracción priista en San Lázaro.
El coordinador parlamentario del PRI, César Camacho, reafirmó la determinación de dictaminar el jueves en comisiones la Ley de Seguridad Interior, incluso de llevarla inmediatamente a votación en el pleno, si existen condiciones para ello. No obstante, los panistas condicionaron: “las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública propondrán a votación la minuta del mando mixto; si ésta se aprueba, estaríamos en condiciones de aprobar un régimen transitorio de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, pero si no se aprueba la minuta, no estamos en condiciones de votar la militarización de la seguridad en el país”, puntualizó Cortés.
No se observa en el Congreso de la Unión alguna alternativa a la opción de militarizar la seguridad pública, pues se insiste en continuar con la misma estrategia seguida en los dos últimos gobiernos estatales. Los resultados están a la vista: mayor inseguridad, una ola de violencia imparable y ciudadanos a merced del crimen organizado. Tan sólo en los nueve estados donde se habrá de renovar la gubernatura, en siete de ellos se enfrentan condiciones complicadas de seguridad: Tabasco, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla y Veracruz, donde se enfrentan retos importantes para bajar los índices delictivos.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, al presentar el reporte de delitos de alto impacto del mes de octubre, lamentó no existan posturas tanto de la autoridad como de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular el próximo año para resolver esta compleja problemática. Octubre es el mes más violento de los últimos 21 años, al contabilizar 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, esto significa un asesinato cada 16 minutos y 9 segundos en promedio. “Nos encontramos en la peor crisis de seguridad que este país recuerda. La violencia letal que vivimos no tiene comparación, pero también los delitos más cercanos al ciudadano, como son los robos, han llegado a los máximos históricos”, aseguró.
Tabasco está sumido en una de las peores crisis de inseguridad del país, porque en el último año crecieron los asesinatos 18.45%; los homicidios culposos, 28.94%; el robo con violencia, 10.41%; y el robo de vehículos, 29.80%. “La entidad se posiciona como la número uno en materia de robo con violencia y robo a transeúnte. Es la cuarta más alta en secuestro y robo de vehículo y la quinta más alta en robo a negocio, la sexta más alta en violaciones si comparamos las tasas por cada 100 mil habitantes de Tabasco contra las otras 31 entidades”, indicó Rivas Rodríguez.
La Ciudad de México registra un alza de 8.45% en los asesinatos y de 7.30% en la extorsión; sin embargo, el robo con violencia, uno de los delitos más padecidos por los capitalinos, subió 13.92%. En cuanto a Jalisco, “ha presentado retos importantes en seguridad, porque debido a los narcobloqueos observados, vemos el homicidio doloso creció 25% en el último año, mientras el secuestro lo hizo en un 49.79%; el robo con violencia, 37.15%; robo a transeúnte, 51.61%; robo a negocio, 57.38%”; comentó el director de la asociación civil Observatorio Nacional Ciudadano.
Guanajuato ha visto crecer siete de los diez delitos analizados, principalmente el homicidio doloso, 37.32%; el homicidio culposo, 20.58% y la extorsión 199.43%. Comparado con los otros estados en tasas, registra la más alta en materia de homicidio culposo, la octava en robo a negocio y la décima en robo con violencia. En cuanto a Puebla, aumentaron ocho de los diez delitos, entre ellos el homicidio doloso, en 30.75%, y la extorsión, en 112.14%. “Se posiciona como la más alta en robo con violencia y la décima más alta en robo a negocio”, refirió Rivas Rodríguez.
En Veracruz ha repuntado el homicidio y el secuestro, en 28.66% y 23.93%, respectivamente. Es la tercera entidad que más secuestro registra. En tanto, Chiapas y Yucatán presentan ligeros incrementos en robo con violencia, extorsión, robo de vehículo y violación. Y Zacatecas se perfila como la entidad que terminará 2017 con la mayor tasa de carpetas de investigación de secuestro, indicó el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano.
De acuerdo al reporte del Banco Mundial, un aumento de 10 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes duplica las probabilidades de un municipio en México a seguir sufriendo pobreza crónica cinco a 10 años después. En el país, al igual que en Colombia, la movilidad económica ascendente –personas que logran superar los umbrales de pobreza- fue menos prevalente entre los hogares afectados por grandes choques. Casi la mitad de los hogares no afectados logró salir de 40 por ciento inferior de la pirámide de distribución del ingreso, un volumen casi dos veces mayor que el porcentaje de hogares que sí fue afectado por choques como desastres naturales o violencia, a los cuales el organismo llama “choques agregados”.
DEBILIDAD DE POLICÍAS
Según Álvaro Vizcaíno, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos de los principales factores del alza en la incidencia delictiva son la proliferación de las armas de fuego y la debilidad de las policías locales. Al hablar en el Noveno Foro de Seguridad y Justicia, el funcionario reiteró el sistema de justicia penal no es responsable ni tiene relación con el aumento, o en su caso, la disminución de los delitos, pues es un problema multifactorial.
De acuerdo a cifras oficiales, el uso de armas de fuego en la comisión de homicidios dolosos se ha incrementado 450 por ciento en los últimos 20 años. “También las encuestas de Envipe muestran que en 4 de cada 10 víctimas, el victimario utilizó un arma, hay más armas en la calle y esto hace necesario la implementación de una política de control de armas más eficiente”.
En cuanto a la debilidad de las instituciones de seguridad, destacó 600 municipios no tienen policía, y de las mil 800 demarcaciones que sí la tienen, el 86 por ciento tienen menos de 100. “No hay suficientes capacidades a nivel municipal para hacer frente al delito, y este es un problema que no viene de años recientes, viene de mucho tiempo atrás, de la falta de atención de algunas autoridades municipales o algunas estatales, en fortalecer las capacidades de esas policías”, señaló Vizcaíno.
Y precisó: “hay debilidades profundas de las policías estatales, es una de las piezas más débiles, posiblemente es una de las causas que producen el aumento de la incidencia delictiva, hay una enorme debilidad en las capacidades en muchas entidades y municipios”.
México tiene solamente 0.8 policías por cada mil habitantes, cuando el promedio de los países de la ONU es de 2.9 policías por cada mil. “Nosotros no llegamos ni a la tercera pate del promedio. El problema está en los estados y municipios, no en la Federación, la Federación ha aportado recursos federales”, indicó Vizcaíno.
MAGICA DESAPARICION DE FONDOS
Aparecen en los reflectores algunos gobernadores señalados de peculado, abuso de autoridad y delincuencia organizada, inclusive. Las carpetas de investigación fueron levantadas en las entidades y a nivel federal. Sin embargo, hasta ahora, nada refiere habrán castigos mayores, las penalidades se verán disminuidas con tan solo regresar a las arcas parte de lo sustraído. Los escándalos y la exhibición hecha de sus acciones y personas podría considerarse una condena, un correctivo de por vida, sin embargo, y lo hemos visto, no es así. Con mucha ligereza en la espalda, sin el menor remordimiento, aparecen en los restaurantes, se reintegran a la sociedad y disfrutan sin rubor de lo robado, inclusive retornan a la vida pública y utilizan los reflectores para auto-victimizarse y hablar de las venganzas políticas o de las injusticias cometidas.
En Quintana Roo ya se llevaron a cabo 4 aprehensiones en los últimos tres meses. Uno ya obtuvo su libertad, Mauricio Rodríguez Carrillo; quien fuera al mismo tiempo acusada obtuvo una fianza y obviamente ya no está en el territorio; otro aprehendido no ve avanzar su caso y, recientemente, se detuvo a la contadora de CAPA. En el primero caso, se reintegró a la caja estatal la cifra de 29 millones y se garantizaron otros 10 quién sabe si para un posterior pago sin fecha, hasta ahora. Pero ¿los verdaderos daños causados cuando se utilizan los fondos públicos para incrementar fortunas personales y con ello se provoca el retraso de los pueblos, se eliminan servicios de salud, de vivienda, de educación? Eso, lo verdaderamente importante cuando se llevan a cabo estas sustracciones, queda sin ninguna condena, sin castigo.
CAPA y los números no cuadrados sobre más de mil millones de pesos es otro ejemplo. Hasta ahora se ha detenido a quienes por razones obvias y de jerarquía no tenían el control absoluto ni las decisiones de aplicación de los ingresos. Simplemente obedecían órdenes y su aprehensión se advierte busca sean testigos y declarantes para conocer cómo, cuándo y dónde se giraron las órdenes para hacer depósitos a la Sefiplan. A raíz de su detención, los empleados del lugar se han dado a la tarea de asegurar fue en los momentos de captación de grandes capitales cuando se presentaba en esas oficinas el equipo de Juan Pablo Guillermo para llevar a cabo las transferencias. Ni siquiera el señalado “clik” a la computadora era ejecutado por quienes hoy son las acusadas.
Con esa suma se podría haber llevado agua a comunidades carentes del vital líquido; se hubiese aprovechado para el drenaje de Puerto Morelos o de Bacalar o de Holbox. No se trata de que quienes sean los directamente responsables y no los “chivos expiatorios” reingresen a las arcas públicas una suma la cual siempre será mucho menor al sustraído sino se mida el efecto de sus acciones con los males provocados a los ciudadanos. Esas sumas recaudadas para la promoción turística, cuentan con renglones en donde se habla de mejorar la infraestructura de la ciudad y realización de otras obras sociales.
El desvío puede verse claramente en estos renglones. Las promociones las llevaron a cabo, tal vez no con la calidad que las sumas adjudicadas reflejarían, sin embargo permitieron se mantuvieran los índices de ocupación hotelera satisfactorios. Sobre lo otro, ¿acaso no podrían haber construido rastros TIF en los municipios con mayor población? ¿Cuántas calles de zonas olvidadas pudieron pavimentarse? ¿Les alcanzaban esos fondos para rehabilitar hospitales? ¿Hubiese sido suficiente lo captado durante todos los años que lleva la implementación del impuesto para contar con escuelas dignas, de doble turno, con comedores inclusive?
Los retrasos al desarrollo de los pueblos, el daño causado con esas sustracciones, con los robos, inclusive con la recepción de moches y extorsiones a cambio de aumentar densidades, otorgar rápidamente todo tipo de licencias, no cuentan con ninguna reprimenda. Hasta ahora y si bien nos va vemos el retorno de unos cuantos millones para nada significativos al compararse con los cientos sustraídos. Ese vacío habrá que llenarlo porque si bien el nuevo sistema penal acusatorio les resulta benigno, no basta el escándalo, el escarnio público, porque se da solamente en quienes se ven dañados y no en las altas esferas en donde los negocios se acostumbra apadrinarlos así, con sujetos sin honra ni dignidad.
Habrá de tomarse en cuenta está en las manos de la hacienda estatal el marcar impuestos y, en el caso de las grandes cadenas, por inexplicables razones éstos no van de acuerdo ni a sus inversiones y mucho menos a la ocupación hotelera registrada. A los moteles tampoco les aplican un seguimiento puntual y se satisfacen con el registro de un huésped por día en cada habitación cuando las rentas ya son hasta por horas y así los publicitan a la vista. Las omisiones y dejar pasar todos estos renglones con los cuales se captan recursos para las mejoras requeridas, para satisfacer aunque sea el mínimo de necesidades de servicios de quienes apenas tienen para comer por percibir sólo salarios mínimos, deben ser vistos de cerca y exigir acciones rápidas, prontas, porque lo más sencillo es argumentar ningún dinero alcanza ante el desarrollo registrado.
Seguiremos viendo el desfile de ex funcionarios detenidos. Probablemente se llegue a los ejes centrales, al titular de Sefiplan y a su jefe directo, es decir a Eleazar Villanueva, pero esa es solamente una probabilidad. De los miles de millones referidos al inicio de las investigaciones ya van en cientos y al final serán decenas. Se declararán culpables, anunciarán oficialmente el retorno de unos cuantos pesos y a vivir se ha dicho, con toda libertad y con una economía lo suficientemente boyante para permitir vivan de sus rentas hijos, nietos y bisnietos.
¿Quiere otro ejemplo ajeno a Mauricio Rodríguez Marrufo? Mañana hablamos de Carlos Trigos. Aunque también se podría mencionar a Gregorio Sánchez o a Francisco Alor, o lo que en pesos y centavos significará para Remberto Estrada privatizar el rastro municipal o cambiar las luminarias o mantener la contratación de la recoja de basura y su supuesta transformación, o de la Milla de Oro y sus condiciones de venta y operación, de los poderes detrás de cada uno de ellos los cuales, por cierto, están vigentes.
DE LOS PASILLOS
En su reporte Gobiernos Regionales-México, Perspectiva 2018, Moody´s alertó: una renegociación desfavorable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y un mayor gasto por el periodo electoral son los principales riesgos para los estados y municipios de México el próximo año. Y precisó: una renegociación desfavorable del TLCAN pudiera perjudicar en mayor grado a los estados exportadores: Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Sonora, Guanajuato y Campeche…
Roxana Muñoz, analista de Moody´s, señaló existe el riesgo de que las elecciones federales y locales impulsen un crecimiento acelerado en el gasto corriente; los perfiles de deuda se debilitarán y la liquidez permanecerá ajustada debido a un crecimiento esperado de la deuda de corto plazo. No obstante, matizó, el riesgo de mayor gasto no es generalizado en todos los estados, pues si bien habrá una elección federal para elegir Presidente, las elecciones estatales se concentra en siete estados a los que califican, por lo cual el riesgo está acotado a Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco y Veracruz…
A fin de dar seguimiento a las reformas estructurales y asegurar la competitividad del país, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) enumeró cinco desafíos a enfrentar por el próximo Presidente de la República durante su sexenio. Juan Pardinas, director general el IMCO, señaló: el primer desafío es la continuidad de las reformas educativa y energética, lo cual dependerá de acelerar la aplicación de las evaluaciones de desempeño magisterial y que Pemex genere las condiciones para competir en un mercado abierto. Uno más es la informalidad en la economía: el 57% de los trabajadores está empleado en el sector informal y el gobierno mexicano no aprovecha la tecnología para hacer más eficiente su desempeño. Además, deberá enfrentar la crisis en las relaciones México y Estados Unidos, así como combatir la corrupción y la impunidad…
Dentro de su “Memorándum para el Presidente (2018-2024), el IMCO propone combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública mediante la iniciativa “Vamos por una Fiscalía que sirva” y la creación de un sistema de servicio profesional de carrera para ministerios públicos estatales y municipales. “Para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción debemos afrontar el problema de la violencia como una derivación de la falta del Estado de Derecho. Deben funcionar los pilares básicos de la democracia”, señaló Pardinas…
Hoy, hoy, hoy, queda libre el precio de las gasolinas. Cada expendedor habrá de hacer público el precio al cual se venden en su establecimiento los combustibles. Hasta creen se puede pensar en una competencia, de eso nada. Menos cuando es un hecho las gasolinas costarán hasta 20 pesos o más por litro en el mes de febrero. Y para hacernos de una idea más clara de lo que nos espera, el Wall Street Journal prevé el ingreso de México a una zona de auténtica recesión iniciada el segundo mes del 2018. Febrero registrará, además, un peligroso déficit en la cuenta corriente y obviamente en la balanza de pagos. Frente a este panorama vemos partir muy sonriente y contento al ex titular de Hacienda en busca del sitio en donde puede causar mayores daños y crisis con las cuales quienes más tienen, más ganan. Su parejota, el gobernador del banco de México, también vuela. ¿Responsables? Ninguno. ¿Crecimiento? Al 1.45% del 6.5% requerido.
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