Por José Alberto Sánchez Nava
“La economía no golpea de improviso; anuncia sus embates con suficiente antelación para quien sabe leerla.”
- Enero de 2026: cuando el calendario revela el verdadero costo del Estado
La Cuesta de Enero suele explicarse como un exceso individual, pero en 2026 esa lectura es insuficiente. Este inicio de año exhibe, con crudeza, los efectos reales de las nuevas disposiciones fiscales que han entrado en vigor: mayor recaudación, mayor control y una redistribución silenciosa del costo económico hacia sectores específicos y, en última instancia, hacia el consumidor final.
El ciudadano no lee decretos ni dictámenes legislativos, pero los resiente en el supermercado, en la factura de servicios y en la reducción de su ingreso disponible. Enero deja de ser una pendiente emocional para convertirse en un diagnóstico estructural del modelo fiscal vigente.
- Recaudación reforzada: el objetivo explícito del Paquete Económico 2026
El diseño del Paquete Económico 2026 es claro: incrementar la recaudación sin elevar formalmente impuestos generales, apostando por gravámenes selectivos y una fiscalización electrónica más intensa. Desde una óptica jurídica, se trata de un Estado que privilegia la eficiencia recaudatoria sobre la expansión del ingreso disponible.
El efecto inmediato es perceptible: mayores ingresos para el erario, sí, pero también una presión creciente sobre cadenas productivas completas. El incremento en la recaudación no se produce en el vacío; se financia con ajustes de precios, reducción de márgenes y traslado de costos al consumidor, especialmente en los primeros meses del año.
III. Sectores bajo presión: cuando el impuesto se disfraza de política pública
Las nuevas disposiciones impactan de manera directa a sectores específicos como bebidas azucaradas, tabaco y juegos de apuestas. El argumento es conocido: desincentivar conductas nocivas o de riesgo. Sin embargo, en la práctica, estos gravámenes funcionan como impuestos regresivos encubiertos.
El ejemplo es ilustrativo: el aumento en el costo de bebidas azucaradas no reduce automáticamente su consumo, pero sí incrementa el gasto proporcional de los hogares de menores ingresos. Desde el prisma constitucional, esto cuestiona el principio de equidad tributaria, pues el peso del impuesto no se distribuye conforme a la capacidad económica real, sino al patrón de consumo.
- Fiscalización electrónica intensiva: el nuevo rostro del control fiscal
Uno de los cambios más relevantes de 2026 es la intensificación de la fiscalización electrónica para todas las empresas, sin distinción de tamaño. Facturación digital, cruces automáticos de información y auditorías algorítmicas se convierten en la regla, no en la excepción.
Para el gran corporativo, esto implica sofisticar sistemas de cumplimiento; para la micro y pequeña empresa, significa asumir costos administrativos adicionales que muchas veces resultan asfixiantes. Jurídicamente, el reto radica en garantizar que el combate a la evasión no derive en una presunción generalizada de culpabilidad fiscal, contraria a los principios de seguridad jurídica y debido proceso.
- Inflación, clima y fiscalidad: una tormenta convergente
Con una inflación prevista cercana al 4%, el impacto de los nuevos gravámenes y de la fiscalización intensiva se amplifica. El incremento de costos fiscales se suma a los efectos logísticos derivados de los frentes fríos de enero, encareciendo productos básicos en diversas regiones.
La previsión de al menos seis frentes fríos durante enero no es un dato menor. En varios estados, las bajas temperaturas afectan cosechas, retrasan el transporte de mercancías y encarecen la logística. El resultado es inmediato: frutas, verduras y productos básicos suben de precio.
El consumidor urbano rara vez asocia el clima con su ticket de compra, pero la conexión es directa. Desde una perspectiva de derecho económico, la falta de infraestructura resiliente y de políticas de mitigación convierte a los fenómenos climáticos en un factor recurrente de inflación regional, trasladando al ciudadano costos que deberían prevenirse desde el diseño estatal.
El resultado es una tormenta convergente: inflación moderada en el discurso, pero severa en la experiencia cotidiana. El derecho al mínimo vital se ve nuevamente tensionado cuando múltiples factores —fiscales, climáticos y logísticos— erosionan simultáneamente el poder adquisitivo.
- Empleo y formalidad: el costo oculto del nuevo entorno fiscal
La caída en la expectativa de contratación para el primer trimestre de 2026, situada en torno al 24%, no puede desvincularse de este contexto. Un entorno de alta fiscalización y costos crecientes desalienta nuevas contrataciones formales y fomenta esquemas precarios.
El trabajador enfrenta un dilema jurídico y económico: conservar la formalidad con menores oportunidades o aceptar esquemas informales con mayor vulnerabilidad. Esta disyuntiva revela una contradicción estructural entre la política recaudatoria y la protección efectiva de los derechos laborales.
Conclusión
La Cuesta de Enero de 2026 no es un fenómeno espontáneo: es la expresión cotidiana de un modelo fiscal que prioriza recaudar, controlar y corregir conductas. Comprenderla exige algo más que disciplina financiera; requiere conciencia jurídica y lectura crítica del rumbo económico del país. Porque cuando la ley fiscal se endurece sin equilibrio social, el costo siempre termina pagándolo el ciudadano.
