Rodolfo Villarreal Ríos
Buscar que los ciudadanos no tengan acceso a leer tal o cual escrito es una costumbre que, a lo largo de los tiempos, se ha practicado mediante la quema de libros, la prohibición de imprimirlos o bien evitando su circulación. En ello, se han hermanado fulanos quienes, en su momento, se creían iluminados y estimaban que mediante la proscripción de textos detendrían el progreso inexorable de la humanidad. El éxito que les generaba tales medidas terminaría por ser temporal y al final acabarían exhibidos en su condición de ruindad. Pero llegar a esto último tomaba tiempo y mientras tanto los propagadores de la ignorancia actuaban a sus anchas.
Uno de los casos más exitosos registrados a lo largo de la historia fue la labor desarrollada durante tres siglos por los miembros de la curia católica en México. Ellos, como encargados de la educación, buscaron asegurarse de que no era necesario prohibir nada, durante tres centurias mantuvieron alrededor de los noventa y ocho por ciento de la población analfabeta y si algo se les escapaba, pues ahí estaba la Inquisición presta a armar la pira y prender fuego a los impresos, igualito lo harían tiempo después las huestes de la bestia austriaca. Pero, no nos desviemos y volvamos a México en donde, una vez declarada la independencia, los detentadores de la verdad absoluta (¡!) temían que entre el dos por ciento se encontraran malvados de esos que todo cuestionaban capaces de desperdigar ideas que no concordaban con el discurso prevaleciente.
La semana anterior les comentábamos acerca de una de las recomendaciones que los integrantes del Consejo de Estado realizaban a quien llamaban emperador. Se trataba del criollo quien se sintió noble, Agustín Cosme Damián, indicándole que impidiera la entrada de libros cuyo contenido era contrario a la religión católica. El compromiso que hicimos con usted, lector amable fue que en esta ocasión abordaríamos las sugerencias que esos mismos sujetos emitían “acerca de los [libros] que ya se han introducido [al país]…” Se preguntaban: ¿Qué medios legales podrían emplearse para impedir su venta y circulación?”
Ya se había declarado la independencia, pero no era cosa de soltar el negocio y dar pie a una sociedad de ciudadanos ilustrados, eso era muy peligroso especialmente cuando por aquí ya había libros cuyo contenido no coincidía con la verdad oficial. Por ello, los miembros del Consejo mencionado deseosos “de que se remedien tan enormes males de un modo compatible con las leyes [faltaba más], ha conferenciado entre sus individuos larga y detenidamente sobre los medios legales que deba consultar a S[u]. M[ajestad]. para evitar la venta y circulación de los libros y escritos contrarios a nuestra santa religión”. Ante esto no cabe sino preguntar: ¿Pues que clase de verdad ofertaban que ante el primer cuestionamiento se empezaba a derrumbar?
Esto último no estaba considerado, lo importante era que nadie se enterara de que podría existir otro punto de vista. Por ello, enfatizaban que “la ley, que autoriza al emperador para impedir que se introduzcan en el Imperio libros de esta naturaleza, dispone acerca de los que circulan, que se observen las reglas que ahí se prescriben. Estas son las que deben de guardar los ordinarios Diocesanos para prohibirlos legalmente, y las que después se han de practicar para que semejante prohibición sea una ley general del Estado”.
Dado lo anterior, los integrantes de aquel Consejo estaban molestos y urgían que se tomaran medidas. Ya sabemos que a los prohibicionistas les urge tener elementos para poder dar barniz legal a sus tropelías. Muestra de ello se dio al enfatizar: “Si los Ordinarios hubiesen ya publicado esta prohibición, y remitido las respectivas listas al gobierno, S.M. podría estrechar a los jueces de todos los pueblos del Imperio para que recogiesen los contenidos en ellas, aun antes de que se hubiesen ocurrido los demás trámites para hacer de la prohibición del Ordinario una ley general.
Esta facultad está expresamente indicada en el artículo 2º de la citada ley, que dispone que los jueces seculares, bajo la más estrecha responsabilidad, recojan los escritos que, observando las formalidades legales prohíba el Ordinario, como también los que se hayan impreso sin su licencia”. Sin embargo, dado que no se había emitido la mentada lista, pues al gobierno, siempre respetuoso (!!) de las formalidades, no le quedaba sino buscar otros caminos legales para impedir que aquellas ideas inquietantes fueran a desperdigarse entre quienes sabían leer y escribir, el dos por ciento de la población.
Argüían que aun cuando la ley ya establecía que los jueces podrían recoger aquellos escritos que no han sido aprobados por los Diocesanos y aun cuando los que mencionaban eran aquellos que hablan de “…nuestra religión, o más bien conspiran terriblemente para trastornarla y destruirla, y están impresos sin licencia de algún Ordinario eclesiástico, y por esa razón parece que deben ser recogidos”.
Eso era aplicable solamente para los editados en la Nación. Los miembros del Consejo de Estado, sin embargo, estaban preocupadísimos por los males que pudieran causar la circulación de aquellas ideas y se preguntaban si el emperador “¿Podrá mirar con frialdad la circulación de unos libros impíos que tienen ya consternados a los hombres de bien y religiosos, que pueden con el tiempo turbar la paz y unión entre los habitantes del imperio?”
Acto seguido cuestionaban si en caso de que en tales libros se atacara a la independencia y mientras se cumplían con las formalidades del proceso se “ocasionaban conspiraciones en contra de la libertad política de la Nación ¿estaría el gobierno embarazado para recoger tales libros?” Asimismo, les surgía la duda de que sucedería si los eclesiásticos tardasen más en emitir las listas de libros prohibidos por lo cual preguntaban: “¿No serán mayores y cada día más irremediables los daños que causen al Estado la circulación y venta de esos libros?” Ahí no paraban y salieron dispuestos a mostrar que ellos se ubicaban en estrados muy por encima del resto de los habitantes de la Nación.
Enfatizaban que “la licencia, el libertina[j]e, y la irreligión hacen cada día progresos entre nosotros; que los hombres, siempre inclinados a lo malo, son fácilmente seducidos por unas doctrinas que abren puertas a los vicios, y quitan todo freno para contenerlos. De aquí es fácil reconocer los estragos horrorosos que harán en la creencia y en las costumbres semejantes libros, que, escritos en lengua castellana, o traducidos a ella, que andan en manos de todos, y están al alcance hasta de los más rústicos”. Acorde con aquellos fulanos, los integrantes del pueblo mexicano eran una partida de estúpidos y cualquiera podía verles la cara. Esto se confirmaba con lo que a continuación escribían.
“El pueblo sencillo, poco instruido en los fundamentos de nuestra fe y religión, la juventud incauta y las personas de ambos sexos, que por hacerse de moda leen semejantes escritos, conversan de sus doctrinas, refieren sus gracejos ridículos, beben un mortal veneno, que rápidamente propagaran en otros; por manera que la circulación de los libros impíos e irreligiosos deben descatolizar y desmoralizar a la Nación”.
Flaco favor le hacía a la religión católica estos fulanos. Si nos atenemos a sus palabras, de nada sirvieron tres siglos obligando a la población a escuchar sermones y aprenderse rezos y cánticos religiosos, al final de cuentas eran unos burros redomados carentes de cualquier sentido para poder comprender lo que era la religión católica, solamente les faltó decir que los predicadores se quedaron cortos en la utilización del fuete para hacerlos aprender.
Presos de la urgencia, los integrantes del Consejo de Estado iturbidista le recordaban a su emperador, a los miembros del Congreso, a todas las autoridades y a todos los individuos que servían al Estado que habían realizado juramento para defender la religión católica y, por consiguiente, “para cumplir con tan sagrada obligación, parece necesario que el gobierno tome medidas eficaces a fin de impedir la venta y circulación de estos libros”.
Como no había asidero alguno al cuál colgarse para darle barniz legal a la confiscación, el Consejo invocó la ley del 22 de febrero de 1813, emitida en España. En ella, “se excitaba al gobierno en circunstancias semejantes a las nuestras, para que en uso de sus facultades, y por los medios prescritos en la citada ley, procediese a la formación de la lista de los libros que no deberían correr y entretanto dicte las más enérgicas y prontas providencias que atajen desde luego este daño, y curen y precavan el estrago que del libre curso y venta de estos escritos y estampas obscenas se sigue a la causa publica, y especialmente a la religión, que la nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas. Luego el gobierno debe precaver [evitar] el estrago que hacen a la causa pública y a la religión la venta y curso de semejantes libros; y no hay otro remedio para conseguir el fin que impedir que se vendan y recoger los vendidos”.
Por más que los miembros del Consejo quisieran presentarse como libres en sus mentes prevalecía el vasallaje, lo de independientes era oportunismo puro. Pero porqué extrañarnos si al final Agustín seguía buscando como continuar atado, por cualquier vía, a la casa matriz. Si usted se pregunta quienes eran los integrantes del Consejo de Estado iturbidista que emitían las recomendaciones, permítanos darle a conocer sus nombres: José Mariano Almanza, Manuel Velázquez De León, Manuel de La Bárcena (arcediano de Valladolid), Florencio Castillo (canónigo de Oaxaca), Tomás Salgado (juez de letras de México), José Nicolas Oláez, Rafael Pérez Maldonado, Mariano Nicolás Robles (maestro de escuela Chiapas), José Demetrio Moreno (canónigo de Puebla), y como secretario fungía José Domínguez
Aquel imperio de opereta no miraba hacia el futuro, buscaba seguir anclado en el pasado en donde el debate de las ideas era nulo y no quedaba otra opción sino acatar y aceptar como verdad única lo que les indicara el “emperador”, el arzobispo, el obispo, el monseñor, el párroco o cualquier cura de pueblo según fuera la jerarquía. Y, en medio de todo ello, seguir sumidos en la ignorancia que de eso se encargaban quienes decían preocuparse por la educación del pueblo a quien no le enseñaban ni a leer, ni a escribir, ni mucho menos a razonar.
Todo era obedecer y seguir la directriz marcada por la clase dirigente. Por un momento, nos pareció que este fue el manual en el cual abrevaron quienes hoy diseñan la educación pública en México. Pero quitémonos de pensamientos ominosos, esas son cosas del pasado. En el ahora, nadie aspira a establecer imperios o sucesiones monárquicas y mucho menos a suprimir las expresiones libres ya sean verbales, escritas o generadas en las redes sociales. Solamente a los mal pensados se les ocurre creer que algo así pudiera ocurrir en nuestro país. vimarisch53@hotmail.com
Añadido (25.41.141) El 7 de octubre, los tontos útiles salieron a expresar su apoyo a los criminales que cometieron la masacre hace dos años.
Añadido (25.41.142) ¿Alguien nos podría decir si es verídico que un buque de guerra estadunidense está frente a las costas de Yucatán y porqué la prensa nacional ha guardado silencio al respecto?
Añadido (25.41.143) Ruth, Gehrig, DiMaggio, Berra, Mantle, Jackson y Jetter ganaban Series Mundiales. Judge cobra 40 millones de dólares por temporada. En la fase regular, pegas cuadrangulares y es incapaz de ganar un título divisional. A la hora de los playoffs mucho porcentaje, liderazgo escaso y los Yankees eliminados. Ni quien lo dude, hay alturas que ni siquiera con el helio de la publicidad se pueden alcanzar.
Añadido (25.41.144). A menos de que el fulano que atraparon se llame cambio climático, los incendios suscitados a principios de año en California son una muestra de que tal fenómeno no es sino un cuento más con todo y la bendición del ciudadano Prevost Martínez.
Añadido (25.41.145) ¿Qué le puede aportar entrevistarse con la ciudadana Bachelet quien dejó a Chile camino al precipicio?
Añadido (25.41.147) Hasta donde han caído. Convierten en héroes a una parvada de fulanos que se treparon a las barcazas que iban carentes de cualquier ayuda a Gaza, no era más que una engañifa. Cuando los logros son escasos o nulos, pues a rendir pleitesía a cualquier engañabobos.
Añadido (25.41.148) La legislatura del Perú destituyó a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra por su “permanente incapacidad moral para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado”. ¿Qué opinan al respecto los miembros del Congreso de la Unión en México? Por cierto, en el fondo pareciera que se escucha el inicio del octavo párrafo de aquella pieza musical interpretada por Paquita La Del Barrio. ¿La recuerdan?
