José Alberto Sánchez Nava
1.- México cruzó hasta este último 1° de diciembre de 2018, por una de sus peores crisis sociales sustentadas por la ligereza en sus actos y omisiones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la corrupción permeó en todos los ámbitos del Estado, la impunidad es lo que garantizó a los Servidores Públicos Institucionales que lo que administraban y ejercían en obras públicas y/o servicios públicos con o sin licitación fuesen un vertedero de dudas y desconfianza social del cual emanaban fantasmas de cohecho y de conflictos de interés con repercusiones al erario público, además por el robo de bienes nacionales vía paraestatales como PEMEX Y CFE.
2.- Lo anterior se sustentaba en materia Legislativa por ambas Cámaras, los Legisladores desatendieron el interés de los Ciudadanos a quienes en teoría representaban, y cuyo mandato se distorsionó por el conflicto de interés personal entre las dádivas que recibieron a cambio de una reforma o iniciativa de alguna ley en conflicto con el legítimo bienestar social, o en omisiones fiscalizadoras y sancionadoras de funcionarios corruptos, ello reflejado en las aprobaciones de presupuestos de egresos y leyes ingresos, las cuales se combinaron con el dispendio de los primeros y el exceso de los segundos.
3.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación accionó un arma fundamental en manos de los Ministros, la cual radicó en su facultad discrecional de la interpretación tendenciosa de lo que quedaba de la Constitución y le negaron a la ciudadanía el derecho de privilegiar el interés común respecto a cualquier iniciativa de ley enviada por el ejecutivo federal, cargando como antecedente con un negro historial de resoluciones históricas nada favorables para la sociedad en todas las materias y que enumerarlas sería materia de todo un tratado, sólo el criterio de la Corte para validar el Anatocismo o el cobro de interés sobre interés de forma anticipada en los contratos de crédito a favor de los bancos y que dejo en la calle literalmente al quitarles sus casas a miles de Mexicanos a partir de la crisis de 1994 en trasgresión al Código de Comercio, es un ejemplo emblemático, cabe comentar que ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha tenido que poner un alto a los excesos del Poder Judicial en México en sus elucubraciones interpretativas esencialmente en Materia precisamente de Derechos Humanos, gracias a la Participación Ciudadana.
4.-Los tres poderes que constituyen el Gobierno Mexicano aun cuando no lo aceptaban, ni siquiera para transmitir un mínimo de confianza a la ciudadanía, pasaban por alto la necesaria participación ciudadana sustentada en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que dicho artículo establece: “LA SOBERANÍA NACIONAL RESIDE ESENCIAL Y ORIGINARIAMENTE EN EL PUEBLO. TODO PODER PUBLICO DIMANA DEL PUEBLO Y SE INSTITUYE PARA BENEFICIO DE ESTE. EL PUEBLO TIENE EN TODO TIEMPO EL INALIENABLE DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LA FORMA DE SU GOBIERNO.”
5.- Sin embargo, un paradigma se cernía sobre la actitud de quienes detentaban tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo al ostentar dichos cargos por medio de una representatividad otorgada por el pueblo, con intermediación de los partidos políticos en procesos electorales, y con el arbitraje de las máximas autoridades en materia electoral, sin embargo la representatividad de los gobernantes propuestos por los partidos, se desapartaron del interés público y del interés superior de la nación desvirtuando el concepto de “Política” a un simple sinónimo homologado a “Corrupción e Impunidad” dichos términos sustentados en el absurdo sofisma de que el “fin” de representar el interés de la nación justifica cualquier medio por más corrupto que este sea, en el que los medios de comunicación jugaron un papel importante para manipular y disfrazar la terrorífica realidad de México frente a la imagen frívola de aquel Mexican Moment, que se resquebrajó en tan solo días y ante la expectación Mundial por los sucesos recientes y no tan recientes pero que han quedado al descubierto.
6.- Era evidente que existía entonces, un conflicto de intereses en esa representatividad que ostentaban los gobernantes por intermediación de los partidos políticos, frente a sus propios actos de corrupción y de los cuales gozaban de plena impunidad, sin embargo, todos estábamos conscientes de que los partidos políticos para que estos verdaderamente cumplieran con su cometido constitucional y delegaran en armonía con el Pueblo los cargos de elección popular a gobernantes, lo menos que debían cumplir era con los “principios básicos e ideológicos” de cada uno de esos Partidos Políticos, de otra forma cualquier acto contrario a esos principios, el gobernante corrupto quedaría revocado de esa representatividad de fondo del poder, para solo quedar con una representatividad apócrifa, carente de poder mandatado por el pueblo, así fuese el propio Presidente de la Republica el cual con un poder legislativo a modo, tal como ocurrió podía perder la cordura y recortar y modificar la Constitución Política a intereses de grupos o personales y en afectación del orden y estabilidad social.
7.- Es por esa razón de que los mexicanos debemos aprender, es que después de este pasaje tétrico el cual concluyó a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se debe establecer un medio de contención constitucional a fin de que no se repita esa terrible crisis de credibilidad de las instituciones en México, que se implemente conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un gran organismo constitucional autónomo una “Gran Comisión Ciudadana Descentralizada y Fiscalizadora Contra la Corrupción e Impunidad”, esto es así, porque los temas de inseguridad pública, inseguridad social, inseguridad política, inseguridad jurídica, inseguridad económica etc., se develó ante los ojos del mundo que fue responsabilidad por acción u omisión del Gobierno Mexicano, el cual solo reaccionaba contra los reclamos de los ciudadanos, cuando era llamado por las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar los excesos no de las Instituciones, sino de personajes que en uso de una representatividad popular en conflicto de interés con el cargo que ostentan, actuaban bajo los esquemas repulsivos de corrupción e impunidad.
8.- Los Mexicanos lo único que tenemos frente a los excesos del Gobierno con un valor inalienable, imprescriptible y universal, son nuestros derechos humanos, un salario justo por nuestro trabajo es un derecho humano, el derecho de no ser golpeado ni detenido si no es con una orden de juez competente debidamente fundada y motivada no solo una garantía constitucional sino un derecho humano reclamable ante las instancias universales, igualmente el derecho de asociación, el derecho a la libertad, el derecho a la educación.. Sin embargo el mejor derecho humano para lograr este cambio en nuestro país fue el derecho de votar y ser votado al margen del lesivo acto de la compra del voto.
9.- La represión del gobierno al derecho de manifestarse pacíficamente los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos más elementales que implique la participación ciudadana fuera del contexto ideológico de los partidos para hacer valer la libertad de expresión, de las ideas, la asociación etc., es un atentado en contra del interés público por tratarse de derechos humanitarios, los cuales en México se encuentran resguardados por una Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual actúa en eficiencia solo si los medios la ponen bajo la lupa en sucesos de trascendencia pública y mediática, por los demás no ha pasado de ser un nido de burócratas en una nómina que al parecer empieza a despertar sospechas.
10.- Es momento de que sea la Ciudadanía quien ejerza un mínimo derecho de observación fiscalizadora frente a los excesos del poder de gobernantes a fin de ejercitar acciones nacionales e internacionales frente a los actos de corrupción e impunidad que pudiesen afectar el interés público Nacional, y para que “La Opinión Publica” deje de ser solo una expresión de inconformidad generalizada pero sin ningún rumbo ni alcance efectivo frente a los excesos del poder con el apoyo de empresas informativas chayoteras, y para ese fin se hace impostergable la conformación de una Comisión Ciudadana Descentralizada y Fiscalizadora Contra la Corrupción e Impunidad, la cual atendería reclamos e injusticas sociales a fin de dejar de institucionalizar la esperanza de resolución incierta respecto de los graves problemas que aquejan a nuestro País por parte de quienes ostentan la voluntad popular abstracta y discrecional, ésta comisión podría surgir sin ningún problema en el ejercicio al Derecho de Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Cívicos y Humanos de la Ciudadanía, con personalidad jurídica sin fines de lucro, en los treinta y dos Estados, cuyo número de integrantes por Estado podría ajustarse a un factor de proporcionalidad territorial y por el número de habitantes, lo cual nos daría voz frente al estado de forma ordenada por medio de representantes de Organizaciones Civiles o de Ciudadanos de probada solvencia moral, a fin de constituir un punto de equilibrio social frente a los tres poderes que constituyen el estado, en una verdadera participación ciudadana a fin de complementar y ordenar todo tipo de consulta ciudadana sobre aspectos trascendentales de la vida pública de nuestro país.
