Javier Peñalosa Castro
A imagen y semejanza del pastor de los estadounidenses, los oligopolios financieros de aquel país amagan al débil (en este caso, naciones que han escuchado el canto de las sirenas, como la nuestra) con la intención de amedrentar y sacar la mayor ventaja de aquel a quien consideran vulnerable y presa fácil de sus instintos depredadores.
Tal es el caso de la firma Moody’s, que se dedica a calificar instrumentos de deuda de acuerdo con el riesgo que perciben. Esa empresa, que había dicho recientemente que el resultado de las elecciones presidenciales de 2018 no influiría en las calificaciones de riesgo, se auto enmendó la plana y dijo esta semana que un eventual triunfo de López Obrador sí causaría turbulencias.
¡Y cómo no! Con el triunfo de casi cualquier otro candidato —lo mismo Meade o Nuño; Margarita o Anaya—, muy probablemente las leoninas concesiones que se han estado entregando a empresas extranjeras para que se lleven nuestros recursos mineros y, en breve, la riqueza petrolera a cambio de algunos miles de empleos pésimamente pagados y sin cubrir impuestos equivalentes a sus estratosféricas ganancias, estarán garantizadas.
Si finalmente los beneficiarios del llamado neoliberalismo—los partidos políticos que se han anquilosado y acomodado a los beneficios del poder, los consorcios nacionales y extranjeros que han medrado con los recursos de la nación— fallan en su intento de imponer el miedo mediante las campañas de descrédito y otras bajezas para volver a cerrar el paso a Andrés Manuel López Obrador, y finalmente el tabasqueño logra asumir el poder, con toda seguridad revisará las concesiones entreguistas e inconvenientes para la nación y sus habitantes, y con ello vendrán los amagos de cerrar fuentes de empleo
Durante los últimos 20 años, a las familias que tradicionalmente se han beneficiado con el negocio de la minería en México se sumaron como socias o por su cuenta empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense, que han abierto minas en distintas regiones del país, operan con sistemas de extracción que resultan riesgosos para los trabajadores y pagan una fracción de lo que les cuesta este tipo de mano de obra en otras naciones.
En un artículo publicado en estos días, el líder del principal sindicato minero en el exilio, Napoleón Gómez Sada, revela que mientras aquí empresarios mineros como Baillères, Larrea y Ancira, así como las firmas extranjeras que se han beneficiado con las dádivas del gobierno mexicano, pagan a sus trabajadores entre cinco y diez dólares al día, algunas mineras canadienses otorgan hasta 53 dólares la hora.
Precisamente esos son los negocios que temen a la llegada de una nueva opción política, pues saben que con ello muy probablemente perderán —o verán reducidos a proporciones razonables— los privilegios inexplicables que se les han concedido para que exploten bienes que, por mandato constitucional, corresponden a la nación.
Por supuesto, estas empresas recelan de un cambio verdadero de régimen que revise no sólo la extracción de la riqueza del subsuelo que llevan a cabo sin tributar al fisco como es debido, sino que se queden con el valor de la mano de obra mexicana a la que explotan… y encima de todo presumen que son “generadores de empleo”.
Peor aún, en minas como las de Grupo México, de Larrea, los trabajadores no sólo dejan su trabajo a cambio de unas cuantas monedas, sino literalmente entregan la vida, como ocurrió con los 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, que murieron por la negligencia criminal de esta empresa, que sigue operando en condiciones altamente inseguras otras minas, sin haber perdido el favor de los gobiernos que han seguido al de Vicente Fox, en cuyo gobierno ocurrió esta tragedia, y que poco o nada hizo por los deudos de estos trabajadores.
Por si fuera poco, estas empresas contaminan y envenenan impunemente el ambiente, e incluso cuando gobiernos como el del estado de Zacatecas intentan hacerlos que compensen estos daños mediante el pago de impuestos específicos para remediar sus destrozos, se defienden como gatos bocarriba y terminan por echar abajo cualquier intento de que compensen los daños causados al entorno y a las personas.
A empresarios de ese estilo es a los que les da pánico pensar en que llegue alguien que los obligue a pagar impuestos por sus ganancias y a tratar con mayor justicia a quienes extraen las riquezas del subsuelo en su beneficio.
Ahora que se han estado entregando concesiones para la explotación de yacimientos de petróleo en aguas someras (se dijo que la inversión era indispensable para perforar en aguas profundas), y que se tienen planes de seguir desmantelando Pemex, los beneficiarios de estas acciones deben ver con verdadero terror la posibilidad de funcionar de manera más justa.
Son esas voces las que alertan contra el “populismo” y el riesgo de que México se encamine hacia un régimen fallido, como el de Maduro, y así, asustando con el petate del muerto, pretenden volver a impedir que AMLO llegue al gobierno.
Por supuesto, pretenden ignorar que el tabasqueño gobernó la Ciudad de México durante seis años, y que si algún reproche se le hizo fue precisamente porque algunos juzgaron que benefició a empresarios de la construcción con proyectos como los segundos pisos y los permisos de construcción en Santa Fe.
Así, pese a los gritos y lamentos de quienes ven amenazados sus privilegios, son cada vez más los empresarios de todos los tamaños que están dispuestos a trabajar para sacar a México del abismo de corrupción e injusticia en que lo han sumido sus gobernantes durante más de tres décadas. Cabe esperar que este creciente número de ciudadanos no se dejen espantar con los gritos de alarma de los corifeos de los peores intereses y permitan que ocurra un cambio de rumbo que, al menos, nos permita salir del atascadero en que nos encontramos.
