Por José Alberto Sánchez Nava
“Una democracia que teme a la crítica, deja de ser democracia y se convierte en un espejismo de poder absoluto disfrazado de legalidad.”
- Introducción
El más reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) marca un antes y un después en la frágil línea que separa la protección de los derechos humanos de la imposición del silencio a la ciudadanía. En el expediente SUP-REP-401/2024 y acumulados, la mayoría de las magistraturas decidieron no ver lo evidente: que la crítica ciudadana a figuras de poder, incluso cuando son familiares de funcionarios electos, forma parte esencial del debate público en una democracia sana. En cambio, lo interpretaron como violencia política de género.
El caso es alarmante no por su espectacularidad, sino por lo que representa. Una ciudadana denunció en redes sociales un posible acto de nepotismo: acusó que el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna presionó para que su esposa obtuviera una candidatura. No hubo insultos, calumnias, ni amenazas. Solo una opinión crítica sobre cómo el poder se hereda y se comparte entre los mismos círculos familiares.
Pese a ello, el TEPJF no solo sancionó a la denunciante con una multa, sino que la obligó a disculparse públicamente. La lectura que hace el Tribunal es más que discutible: interpreta que, al señalar una posible imposición de una candidatura por razones familiares, se incurrió en “estereotipos de género”. El razonamiento, francamente, resulta forzado.
- Libertad de expresión vs. protección: ¿incompatibles?
La libertad de expresión no es un privilegio que dependa de la investidura o de la comodidad de los poderosos; es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 6º constitucional y en los tratados internacionales firmados por México. Es, además, la piedra angular del debate democrático.
La propia jurisprudencia 46/2016 del TEPJF ha establecido con claridad que expresiones severas, vehementes, molestas o perturbadoras están amparadas por la libertad de expresión en el contexto político-electoral. Sin embargo, hoy ese criterio fue ignorado.
¿En qué momento cuestionar el nepotismo se convirtió en violencia de género? ¿Desde cuándo la crítica al uso del poder se desvió hacia una supuesta agresión a la identidad de género de una candidata que ni siquiera fue nombrada directamente?
Esta confusión conceptual no solo pone en riesgo la libertad de expresión, sino que trivializa la verdadera violencia política de género, que sí existe, que es grave, y que no debe utilizarse como escudo para blindar privilegios familiares o políticos. Llamar las cosas por su nombre no debería ser un acto criminal.
- El uso instrumental del género para blindar el poder
Lo verdaderamente peligroso es que este fallo crea un precedente escalofriante: cualquier crítica ciudadana a una mujer con vínculos de poder podrá ser interpretada como violencia de género. La consecuencia es clara: blindar a familiares de funcionarios de cualquier escrutinio público, creando una zona de impunidad discursiva, en la que el apellido importa más que la rendición de cuentas.
El voto fue dividido: dos a favor de revocar la sentencia previa que sancionaba a la ciudadana, y dos en contra. Un desempate definió el veredicto. La ley, que debiera proteger la voz ciudadana frente al poder, hoy ha sido usada para someterla.
Este uso retorcido de la perspectiva de género —invaluable en la defensa de los derechos de las mujeres en política— se convierte, en este contexto, en un mecanismo de censura. Así, las instituciones que deberían garantizar el debate democrático son utilizadas como garrotes jurídicos para callar a quien se atreve a levantar la voz.
- Contexto ampliado: el patrón autoritario en los estados
Este no es un caso aislado. En todo el país vemos cómo desde el poder se busca inhibir la crítica pública, especialmente cuando toca intereses familiares o redes de poder locales.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha impulsado una polémica “ley mordaza”, disfrazada como protección de datos personales, pero que en los hechos criminaliza la difusión de información sobre funcionarios públicos, incluso si es de interés público. Diversas organizaciones civiles han advertido que esta reforma pretende blindar al gobierno estatal frente a investigaciones ciudadanas y mediáticas sobre corrupción, adjudicaciones amañadas y conflicto de interés. Un mensaje claro: “Si informas, te castigo”.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha instrumentalizado la comunicación pública para atacar a sus críticos. Desde su espacio semanal “Martes del Jaguar”, ha difamado a periodistas, exhibido ilegalmente conversaciones privadas y estigmatizadas voces disidentes. Lo que para ella es libertad de expresión, para otros se convierte en censura institucionalizada si se atreven a cuestionar al poder. La incongruencia es evidente: quien critica al poder, paga con sanción; quien lo detenta, tiene carta blanca.
En Tamaulipas, la ciudadanía ha sido testigo de cómo se puede utilizar la Fiscalía del Estado como escudo político. Durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, cualquier intento de investigación federal fue bloqueado desde el ámbito local. Hoy, las redes de poder no han desaparecido: los líderes sociales, activistas y periodistas enfrentan intimidación constante. La denuncia se castiga con desprestigio y acoso judicial. La crítica sigue siendo peligrosa.
Estos casos demuestran que la tendencia es clara: se persigue a quien señala, se protege a quien gobierna. La ciudadanía pierde espacio, y el poder, cada vez más, se vuelve una torre de cristal blindada con leyes que castigan la palabra.
- Democracia amordazada
En una democracia robusta, los funcionarios —y sus entornos inmediatos— están expuestos al escrutinio público. Lo contrario es instaurar una aristocracia política en la que cuestionar los lazos familiares equivale a delinquir. El mensaje es claro: “No critiques al poder si no estás dispuesto a ser castigado”.
La resolución del TEPJF tiene un efecto inhibidor que excede el caso particular: ¿cuántos ciudadanos se atreverán ahora a denunciar lo que consideran un abuso, un acto de nepotismo, una imposición partidista? ¿Qué opinador se atreverá a señalar redes de poder sin miedo a ser acusado de violencia política o de difamación institucional?
Esto ya lo hemos visto antes. Los regímenes autoritarios no se instalan de un día para otro. Se construyen con precedentes como este. Con sentencias que, en apariencia justas o técnicas, generan efectos profundamente nocivos para el ejercicio de los derechos fundamentales.
- Epílogo: la democracia en peligro
El silencio impuesto mediante sanciones judiciales no fortalece la igualdad ni la equidad de género. Por el contrario, refuerza un modelo donde el poder se convierte en patrimonio familiar y donde toda crítica puede ser judicializada. La crítica ciudadana no es violencia. Es una forma de resistencia, de vigilancia social, y de defensa de la república.
Cuando se sanciona la palabra sin insulto, se protege la investidura antes que la verdad. Cuando se castiga una denuncia, se amordaza a la democracia.
Y cuando el Tribunal deja de ver libertad de expresión donde claramente la hay, la República entera pierde voz. Y con ella, el futuro.
