LOS CAPITALES
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Múltiples denuncias han llegado a la oficina de la Secretaría de Energía, señalando un patrón alarmante de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al centro de estas acusaciones están José Antonio Lozano Segura, actual Coordinador Especial “A” (S.P.A. Gerente) de la Gerencia de Ejecución y Seguimiento de Pozos de Desarrollo, y Marco Torres Fuentes, Subdirector de Producción Región Sur.
Estos funcionarios, conocidos ya como los nuevos “reyes del huachicol petrolero”, habrían montado una red de asignación de contratos sin sustento técnico a favor de empresas como PetroHorus International, representada por Carlos Monroy. Nos dicen que lejos de destacar por su capacidad o innovación, PetroHorus ha sido favorecida con contratos clave, como los pozos Terra, Xinich y Sini, donde realiza supuestas “mediciones eternas” que sirven únicamente como pretexto para facturar millones de pesos sin ofrecer resultados reales.
Según testimonios internos, por cada pozo se facturan hasta 10 millones de pesos, sin que exista un beneficio tangible para PEMEX. Las operaciones son ficticias: las empresas permanecen instaladas durante meses generando reportes sin ejecutar actividad técnica alguna. Todo un montaje diseñado para drenar recursos públicos. El esquema parece diseñado para evadir auditorías, operar con total impunidad y garantizar pagos a empresas con vínculos directos con los altos mandos de PEMEX. En otras palabras, un huachicol moderno, pero esta vez en forma de contratos inflados y simulaciones operativas. Harían bien Omar García Harfuch y Luz Elena González, investigar esta red de corrupción que no sólo compromete los recursos de la nación, sino que daña gravemente la ya deteriorada credibilidad de PEMEX y de quienes encabezan la estrategia energética nacional.
Persisten problemas por la cancelación del evento Afterlife, ocurrido en mayo pasado.
La empresa boletera Fullpass informa que aún falta por reembolsar el importe de los accesos a unas 200 personas, pero que se buscan conciliar soluciones justas. La empresa también señaló la importancia de que la Profeco se mantenga dentro del ámbito de la imparcialidad y la objetividad, evitando expresiones que puedan interpretarse como juicios de valor o descalificaciones hacia las empresas involucradas. La compañía reitera su plena disposición para continuar colaborando de manera institucional con la Profeco, en beneficio de los consumidores y bajo los principios de respeto, transparencia y responsabilidad compartida.
Persiste el incremento de los delitos cibernéticos a empresas públicas y privadas.
En un contexto global en el que los ataques digitales crecen en sofisticación y frecuencia, urge fortalecer la formación de capital humano especializado. En efecto, la economía mexicana se encuentra en un proceso acelerado de digitalización: 93% de las grandes empresas y 84% de las PyMEs ya utilizan internet de manera cotidiana, mientras que 86 de cada 100 empresas utiliza algún tipo de servicio en la nube. Y, por supuesto, México concentra 47% de los ataques cibernéticos en América Latina (Fortinet, 2023), y se estima que es el sexto país más afectado por ransomware a nivel global (SonicWall, 2024). Además, destacan los ataques de phishing, malware, y denegaciones de servicio (DDoS), que afectan tanto a grandes corporativos como a pequeñas empresas.
De acuerdo con investigaciones de The Competitive Intelligence Unit con información de Israel’s Economic Office to Mexico y Statista, muchos casos, los incidentes son consecuencia de la falta de protocolos internos, baja capacitación del personal o, incluso, el uso inadecuado de herramientas digitales. Tan sólo entre la primera mitad de 2019 y 2021, los ataques de malware crecieron casi 40%, mientras que se estima que entre 2022 y 2026, estos se duplicarán, pasando de 15.8 a 30.8 millones.
El caso de Foxconn Baja California, víctima de un ataque de ransomware en 2022 que exigió 34 millones de dólares en rescate, ejemplifica el alcance económico de estas amenazas. Asimismo, el reciente ciberataque a Aeroméxico también evidenció la creciente exposición de las infraestructuras críticas y del transporte aéreo a amenazas digitales. De acuerdo con reportes oficiales, un grupo de ransomware habría comprometido cerca de 30 millones de registros de pasajeros, incluyendo información personal y de viaje como nombres, fechas de nacimiento, pasaportes, correos electrónicos y rutas.
Este incidente -no hay duda- subraya los riesgos de suplantación de identidad y fraude, compromete la confianza de los usuarios y revela la necesidad de fortalecer los protocolos de ciberresilienca y respuesta ante incidentes en empresas que manejan grandes volúmenes de información sensible.
Cabe destacar que el valor del mercado de ciberseguridad en México ascenderá a $3,050 millones de dólares para 2026, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 9.2%. Mientras el valor agregado de la economía digital equivale a 7.4% del PIB, los egresados de carreras TIC apenas representan 0.7% de la Población Económicamente Activa (INEGI). En el ciclo 2022-2023, se graduaron cerca de 40 mil personas en áreas TIC, la mitad provienen de programas de desarrollo de software.
De acuerdo con la OCDE, las habilidades más demandadas incluyen certificaciones en estándares ISO/IEC 27000 (estándares de seguridad), manejo de sistemas Gestión de Eventos e Información de Seguridad (SIEM, por sus siglas en inglés), inteligencia sobre amenazas y seguridad informática avanzada.
Entre 2021 y 2022, la oferta laboral en ciberseguridad en México creció 64.6%, mientras que la demanda para otras profesiones aumentó 27%. Esto refleja una presión creciente sobre el sistema educativo y el ecosistema empresarial para desarrollar capacidades técnicas y gerenciales orientadas a la protección digital.
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