LATITUD MEGALÓPOLIS
PERFIL DE MÉXICO
Armando Ríos Ruiz
El ex Presidente Enrique Peña Nieto puede seguir campante. En estos días, notas periodísticas dieron cuenta de que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en su contra, por presumible soborno por 25 millones de dólares, a cambio de otorgar contratos a empresarios israelíes, para comercializar el famoso software Pegasus.
Tampoco sorprende, porque durante su administración se acentuaron los actos de corrupción a un grado ital, que superó a los anteriores sexenios en cuantía.
Un articulista escribió que, limitado de inteligencia, permitió que otros llevaran las riendas del país, mientras él se dedicaba a lo que había ido a hacer: hincharse los bolsillos y saturar sus cuentas bancarias. Hoy también han dicho que su gobierno corrupto sólo es superado por el del tabasqueño.
De manera que puede continuar en sus campos de golf y en el estreno frecuente de nuevas compañías femeninas, porque en México, en donde tendría que ser llamado por las instancias encargadas de procurar justicia, goza del total respeto del que aún manda desde algún lugar remoto, gracias al acuerdo que le permitió irse en paz y dejar que el nuevo arribara a la Presidencia.
El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó en una de las conferencias matutinas, que solicitaría al gobierno de Israel información y pruebas, para continuar con la investigación que, de resultar verídica, tendría que culminar con la búsqueda y arresto del ex mandatario, a pesar de que su beneficiario sucesor le prolongó el fuero. Pero toparía precisamente con este fenómeno y las cosas se olvidarán, porque la palabra del macuspano aún es ley.
Además, tendría un pretexto lógico que surge de los razonamientos del propio fiscal Gertz, totalmente ciertos. Dijo que “la relación con las autoridades de Israel no ha sido fácil”, debido a los problemas surgidos por lo que ocurrió en Ayotzinapa, con muchos años detenido.
También era obvio que Peña Nieto se apresurara a desmentir el hecho. Calificó de falsas y dolosas las insinuaciones de que recibió pagos ilegales para favorecer a proveedores de Pegasus y aseguró que nunca dio línea para asignar contratos a ningún proveedor. “No está en nuestro ámbito de competencia como Presidente o gobernador, Asignar contratos. Esta no es mi función”.
Pero siempre ha sido posible y de hecho ocurre constantemente, que un Presidente dé instrucciones a los encargados de cualquier área que, por regla general, se respetan sin cambiarles una coma. El sexenio pasado fue socorrido de estos ejercicios, no sólo a quien compraba, sino al todo el Congreso morenista.
Pero no hay problema. Todo queda en familia. La administración de López también pagó 312 millones 895 mil pesos a la red empresarial de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, o al mismo que vendió a Peña el señalado software Pegasus. Esa cantidad fue distribuida en esa red, que abarca varias firmas que recibieron el dinero de diversas dependencias del gobierno federal.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades graves, debido a que la adquisición de equipos tuvo un costo muy superior a su precio y no cumplía con las características mínimas de velocidad de procesamiento y de disco duro que requería la dependencia que los necesitaba y en otros casos, no pudo siquiera acreditarse la existencia del vendedor.
De hacerse una investigación de veras seria, tendría que abarcar dos sexenios y seguramente se encontrarían muchos involucrados, tanto entre el personal de ambos gobiernos, que partiría de la cima hacia abajo y que se extendería forzosamente a esa red de empresas que supo mover sus cartas para llegar a las sensibles ganas de obtener sumas millonarias. Para eso sirve el poder.
Por lo pronto, hay que hacer algo de alharaca. Decir que se abren carpetas de investigación e inclusive que se llegará hasta las últimas consecuencias, para hacer ver que se hace justicia, aunque los mexicanos ya inclusive hemos olvidado que quiere decir eso, como también hemos olvidado que se persigue el delito.
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