Joel Hernández Santiago
Hace dos años fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, el periodista Javier Valdez. Inmediato, tanto la policía municipal como estatal y la federal prometieron que se buscaría a los autores materiales e intelectuales de dicho homicidio: dos años después no hay resultados para esta investigación.
De hecho, la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no ha identificado al autor intelectual del asesinato, según reconoce el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien aseguró que ‘el caso no está estancado’ y pidió paciencia. Paciencia-paciencia-paciencia.
Por lo demás, en el proceso penal que se sigue a dos presuntos autores materiales del homicidio, éste está detenido debido a que presentaron amparos contra la vinculación a proceso.
El caso de Javier Valdez, como también el de Miroslava Breach, fueron emblemáticos por la relevancia de ambos, porque organizaciones distintas de periodistas en México y fuera han insistido en que se haga justicia y porque son la muestra emblemática del estado que guarda la prensa y poder político o prensa y crimen organizado en un país peligroso por muchas razones.
En el caso de Miroslava Breach, que fue asesinada el jueves 23 de marzo del 2017 al salir de su domicilio en Chihuahua, luego de seis meses, el 11 de octubre de ese año, el gobernador del estado, Javier Corral, dijo que el móvil del homicidio fue una venganza. El 24 de diciembre de 2017 en Sonora, la Policía Federal detuvo a Juan Carlos M. O., alias ‘Larry’, presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava. En febrero de 2019, Édgar Salazar, hijo de Crispín Salazar Zamorano, fue detenido y acusado por ser otro de los presuntos autores intelectuales.
Es así que desde el año 2000, al menos 145 periodistas han sido asesinados en México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH). Sólo Afganistán y Siria han registrado más muertes de reporteros: y ambos son países en guerra.
Decir que la actividad periodística en México es de alto riesgo ya es un lugar común; un lugar común trágico. No sólo por la alta tasa de homicidios en contra de informadores, sino también por el gran número de amenazas, de hostigamiento y de distintas formas de intimidación. La desaparición de muchos periodistas es una muestra de este riesgo fatal.
Ya durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se exigió que se viera la forma de parar esta situación de alto riesgo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un reclamo al gobierno en aquel momento, lo mismo que organizaciones civiles de México y fuera del país. Se crearon oficinas de atención a delitos en contra de periodistas y representantes de Derechos Humanos, y aun así nada…
Luego, poco después de jurar su cargo el 1º de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pondría fin a los homicidios. Sin embargo en el lapso de su gobierno han sido asesinados por lo menos nueve periodistas en distintas partes del país y al momento poco o nada se ha conseguido como resultado de las investigaciones de estos homicidios.
Hace apenas unos días ocurrió en Oaxaca. El periodista y defensor de los derechos indígenas Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado la tarde del 2 de mayo en el estado de Oaxaca. Las autoridades dicen que “ya se integró una carpeta de investigación para el caso”… Lo más probable que este caso, como muchos otros, queden en eso: en ‘una carpeta de investigación’.
Y lo más reciente: la mañana del 16 de mayo fue encontrado muerto el reportero Francisco Romero, en Playa del Carmen. Otra “Carpeta de investigación”.
Según la organización Artículo 19, una organización fundada en 1987 de ámbito internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información y que tomó su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la mayoría de estos casos en México son cometidos por gente de gobierno en contra de informadores, el resto tiene que ver con el crimen organizado o asuntos de partes.
Lo lamentable de la situación es que las autoridades estatales, municipales o federales parecen no tener un interés cierto en hacer justicia en estos casos, y tan es así que un porcentaje mínimo de estos homicidios o desapariciones se han solucionado en razón al Estado de Derecho y en razón a lo que el presidente López Obrador insistió en su campaña: poner fin a la impunidad. Y el caso de los periodistas muertos parece ser ‘la muerte sin fin’.
A esto hay que sumar el estado de confrontación entre gobierno y prensa crítica en los meses recientes. El fundamentalismo al que se ha llegado en defensa del gobierno federal hace que a toda crítica corresponda un número interminable de reacciones en contra de quien se expresa dentro de sus libertades constitucionales y en razón a la responsabilidad de informar. De hecho se han creado grupos de reacción en contra de la crítica tanto en los medios tradicionales como en redes sociales.
De esta forma el panorama de riesgo para el periodismo mexicano se incrementa, no sólo por la alta tasa de homicidios, como también de agravios y amenazas de la ortodoxia gubernamental. Así que el panorama es grave para la libertad de expresión, la base de todas las libertades. ¿Hasta cuándo?
