Después de un muy largo periplo de cincuenta y seis años que me permití hacer en compañía de la patente que me autoriza ejercer la carrera de licenciado en derecho, por todos los recintos de justicia de la Nación, solo me resta desintoxicarme de tanta corrupción e incorrecta aplicación de la ley, propiciada por diversas autoridades de la época del neoliberalismo, misma que fue lamentablemente heredada a la Cuarta Transformación de la República, para volver con mayores bríos a la brega cotidiana de tribunales y defender a brazo partido los indeclinables principios jurídicos contenidos en el Pacto Federal.
Todo viaje que se respeta, y por sobre todo los abogados con muy largas horas de vuelo, lo iniciamos sabiendo que la justicia no se vende, lo que se vende es la injusticia.
Desde el jurista de los primeros tiempos, hasta los actuales, los abogados hemos ejercido siempre nuestra profesión con la más completa conciencia de que la justicia que se imparte en nuestros recintos debe ser gratuita, tal como lo ordena el espíritu y mandato Constitucional inserto en el artículo 17 y no debemos dejar de proclamarlo como uno de los más sagrados derechos de los mexicanos.
Fue y es un deleznable espectáculo ver a funcionarios de la justicia que han deshonrado la profesión en el pasado reciente y esos pseudo togados se abstuvieron de defender valerosamente los derechos imprescriptibles de nuestra Carta Magna; supieron brillar defendiendo la “arbitrariedad” y la “corrupción”, defendieran los “derechos” de lo “injusto”, de la “indignidad” y “del abuso de autoridad”.
¡¡¡Vale recordar lo que aconteció en Tlalixcoyan!!!. ¡¡¡Hay que recordar la indignidad!!!. Los hechos fueron recopilados y contados en una averiguación previa presentada ante la Procuraduría General de la República, la cuál nunca quiso ser indagada, no obstante los excesivos pedimentos para que se actuara como mandata la Constitución y no quiso ser indagada, por el solo hecho de que al Estado no le convenía que se supiera que había creado alianzas con el narcotráfico. Hay que recordar esa indignidad.
Con esa canallada se atacó a bala y plomo a México, a sus instituciones y a sus leyes y la consecuencia fue y es imponente, se prostituyó la justicia, se pisoteó nuestra Constitución Política, se manchó de excremento a México, a pesar de las protestas del Foro Independiente de la República y de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
Pero aquí en la Cuarta Transformación no debe ni tiene que ocurrir aquello de brindar impunidad a la delincuencia del poder. Los dirigentes de la misma se ofrecieron, prometieron, se comprometieron a rescatar a nuestra justicia, salvar a México de la inmundicia de la corrupción en nuestros recintos de impartición, procuración y administración de justicia y no lo han hecho.
Hay un medio decisivo para saber si lo expuesto con antelación es verdad o una impostura. Cuando un País atraviesa por crisis supremas de corrupción, cuando siente que todo va a sucumbir, cuando aún deben ser evocadas aquellas palabras pronunciadas desde Washington, que hoy me permito recordar: “bajo los puentes de la Procuraduría General de la República, corren dos ríos. Uno de mierda y el otro de dólares”, cuando aún se encuentran vigentes las imputaciones efectuadas desde una Corte Federal en New York expresadas por “el chapo” al decir “uno de los protectores del narcotráfico lo es ….. y pronunció su nombre. La justicia debe actuar.
¿Dónde está la moral, la virtud, lo prometido?.
Sólo me resta decir ¡Ya veremos!.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
