Por Alejandra Del Río Avila
En la política mexicana se ha vuelto costumbre que los adversarios se persigan no en las urnas ni en el debate parlamentario, sino en los tribunales, en la mañanera y en los medios de comunicación. El caso del Senador Alejandro Moreno Cárdenas es ejemplo claro de esta estrategia de linchamiento político: acusaciones estridentes, titulares escandalosos y juicios mediáticos que pretenden condenar antes de que exista una resolución legal.
El día de ayer, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral resolvió de manera contundente: no existió irregularidad alguna en Campeche durante el gobierno del legislador Priísta (2015-2019) La resolución favorable no sólo exonera jurídicamente a Moreno Cárdenas, sino que expone la fragilidad de las acusaciones que, con gran despliegue propagandístico, se habían sembrado en su contra. Una vez más, se confirma que en este país la justicia suele utilizarse como arma política y no como herramienta de Estado y que Morena utiliza los recursos del estado para perseguir a sus adversarios políticos y no a los delincuentes reales, en lugar de perseguir un caso que ya habia sido incluso juzgado en el pasado, debieran estar averiguando lo que sucedio en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, (2019-2021) cuando la seguridad estatal el entonces gobernador la puso en las manos del líder de una de las organizaciones criminales mas cruentas del país, “La Barredora” el ahora prófugo de la justicia Hernán Bermudez Requena.
El discurso oficialista encontró en “Alito” al enemigo perfecto: incómodo por su liderazgo opositor, cuestionador del régimen y la figura de más peso tanto dentro del PRI, como en la oposición. Convertirlo en símbolo de corrupción servía para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales. No es casualidad que las denuncias en su contra hayan surgido con perfecto oportunismo político y que se hayan sostenido más en filtraciones y versiones mediáticas que en pruebas sólidas.
La resolución del INE desmonta esa narrativa: no hubo desvío, no hubo desfalco, no hubo delito. Lo que sí hubo fue un intento de inhabilitar políticamente a un opositor. Y eso, más que una acusación, es una persecución sin tregua que ahora continuara en el Senado de la República buscando desaforarlo.
El caso abre un debate más amplio: ¿qué pasa cuando la justicia se convierte en herramienta de castigo político? La respuesta es peligrosa: se erosiona el Estado de derecho, se intimida a la oposición y se normaliza la impunidad para los aliados del poder. Los tribunales terminan siendo árbitros de conveniencia, y los ciudadanos, testigos de una democracia cada vez más debilitada. Si la Justicia es selectiva, es inexistente.
Por lo pronto “Alito” Moreno ha señalado: “ Seguiremos denunciando, los abusos de poder, las amenazas y defendiendo a México de un gobierno autoritario y de todos los narcopolíticos de Morena” subrayó que “Morena es un peligro para México, es un desastre y los vamos a desenmascarar. No nos doblan, no nos compran y no nos intimidan y les guste o no los vamos a derrotar en las calles y en las urnas”.
El fallo favorable al Senador Moreno es una victoria emblemática, sí, pero también una derrota moral para quienes pretendieron usar las instituciones para eliminar políticamente a quien no se arrodilla ante el poder presidencial. El tiempo y los expedientes lo han demostrado: las acusaciones fueron infundadas. Lo que queda en pie es la evidencia de una persecución política disfrazada de justicia.
