MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
En la elaboración mancomunada de la novela La Sucesión Presidencial 2018, el capítulo que los protagonistas de siglas e ideologías de singular amasijo, redactan en estos días de (inter) campaña podría denominarse Cada quien su Pillo, Los personajes, por supuesto, tienen esas pinceladas recurrentes de cinismo e impunidad.
Pero, verdad de Perogrullo, nada es nuevo; en otras campañas, abiertas, despojadas del eufemismo aplicado por los legisladores de todos los partidos, el recurso de descubrir y denunciar ladrones en las filas del vecino de enfrente ha sido práctica que, por recurrente no debe sorprender.
Si Ricardo Anaya trianguló recursos en una práctica harto conocida como lavado de dinero, pero presume honestidad e insiste en que él y sus compañeros de coalición metieron a la cárcel a los priistas corruptos, incurre en esa cínica práctica de escupir al cielo con el resultado de ser bañado con su propia bilis.
¿Usted cree que el joven aspirante a la Presidencia de la República irá a prisión?
Si Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es señalada con documentos de la Auditoría Superior de la Federación, de haber incurrido en una millonaria estafa mediante la triangulación de recursos de recursos públicos, igual ataja acusaciones y se declara inocente, aunque lo hizo mediante su vocero, aunque en la Cámara de Diputados hay exigencia para que comparezca y explique, porque nunca admitirá responsabilidad alguna, lo que sepa del asunto.
¿Es posible que la señora Robles más allá de comparecer en ese muro de los lamentos y pivote de las vanidades en que suelen convertirse las sesiones ante diputados, sea citada por el Ministerio Público Federal?
Mire usted, los que tenían que ir a prisión ya lo están, salvo el ex gobernador de Chihuahua. Sujetos a proceso penal, la mayoría de filiación priista y uno panista, forman parte de ese ajuste de cuentas con mensaje electoral para que se vea que hay mano dura, aunque a toro pasado se aplica la ley, pese a que, en su momento hubo denuncias documentadas.
Ese es un capítulo que se ha escrito en otras novelas de la sucesión presidencial o cuando el gobierno en turno quiere ser justiciero y hace justicia en los bueyes del compadre. Porque, eso de las impunidades tiene sus vertientes en todos los colores y siglas, especialmente cuando hay acuerdos no escritos.
De Vicente Fox Quesada y los hijos de doña Marta se tuvieron evidencias de tráfico de influencias y el asalto a las reservas petroleras y nada ocurrió. En esa administración nacieron nuevos millonarios y multimillonarios.
De Felipe Calderón igualmente hubo denuncias recurrentes de enriquecimientos ilegales, tráfico de influencias y mano libre para hacerse de dineros ajenos. A quienes, con pruebas documentales, se demostró cómo se hicieron millonarios y, de vivir en modestos departamentos en colonias de medio pelo, se hicieron de residencias en las zonas de pedigrí.
¿Nombres? Bueno, ahí están los de Alejandra Sota, hoy metida en el equipo de prensa del candidato José Antonio Meade Kuribreña; también se denunció en su momento a Roberto Gil Zuarth. Cada quien se defendió y salió sin mácula del escándalo.
Y, bueno, le cuento un capítulo que he referido en este espacio, como un ejemplo de la forma de hacer negocios por encima de ideologías y partidismos.
Cuando en el Palacio Legislativo de San Lázaro se acondicionó el edificio E, para oficinas de diputados y servicios administrativos, porque los senadores rechazaron la oferta primaria de cambiarse a ese inmueble, la obra fue licitada y casualmente la ganó una empresa que ofreció la cotización más alta, superior a los 32 millones de pesos.
La propuesta que se quedó chiflando en la loma, era de alrededor de 22 millones de pesos. En fin. Diríase que la que ganó ofrecía un trabajo de alta calidad.
Pero, los coordinadores de las bancadas del PAN, del PRD y del PRI, en esa LVIII Legislatura federal en la Cámara de Diputados, dejaron cabos sueltos y despertaron la sospecha del negociazo con recursos públicos que quedaría, como quedó, en la impunidad.
Los protagonistas de aquel capítulo que se encaminaba a apisonar el camino a la elección federal intermedia, fueron los coordinadores parlamentarios Felipe Calderón Hinojosa, Martí Batres Guadarrama y Beatriz Paredes Rangel, con el acompañamiento de un diputado federal veracruzano, Abel Ignacio Cuevas Melo, que se desempeñaba como presidente de la Junta de Apoyo Administrativo, ni más ni menos que responsable del manejo del presupuesto camaral, entonces.
Nada habría pasado, hasta que se conoció el verdadero costo de aquellas obras en el edificio E, que superó los 120 millones de pesos. Y resulta que, cuando Martí Batres Guadarrama asume la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, casualmente desaparece a la Junta de Apoyo Administrativo.
Para llegar a ese cargo, fue necesario el apoyo de Felipe Calderón y de Beatriz Paredes Rangel. El tema fue denunciado y publicado en esos días en el diario La Crónica de Hoy, en información –disculpe el protagonismo—de la que fui autor.
¿Y qué pasó? Nada. Cuevas Melo fue funcionario en la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación, además de delegado de la Sedesol en Veracruz, en esos tiempos de gobierno federal panista.
Martí Batres, hoy es uno de los prohombres del equipazo de la honestidad valiente de Andrés Manuel López Obrador y, bueno, Felipe ya fue Presidente y cuando quiso apropiarse del PAN en una jugada transexenal, le ganó la partida el chico de los dieces, Ricardo Anaya, quien frente a la denuncia de lavado de dinero, mediante su oficina de prensa respondió virulento:
“Además de corruptos, los priistas son unos cobardes que avientan la piedra y esconden la mano, tal y como quedó demostrado en la rueda de prensa que el día de hoy llevaron a cabo los voceros del candidato José Antonio Meade.
“No hay duda de que los ataques contra Ricardo Anaya son guerra sucia orquestada por el PRI para levantar la campaña en ruinas de su candidato, el cual se encuentra en un lejano tercer lugar en todas las encuestas”.
Y aprovechó el viaje para recargarse en la vecina de enfrente:
“En política no hay casualidades. El PRI-Gobierno pretende crear una cortina de humo para distraer la atención de los millonarios desvíos de recursos señalados por la Auditoría Superior de la Federación, y que ocurrieron bajo la titularidad de Rosario Robles en Sedesol y en Sedatu entre muchas otras dependencias.
“Desvíos que confirman lo que ha sido la tónica de este sexenio: una corrupción desmedida por parte de la actual clase gobernante. José Antonio Meade es cómplice de estos desvíos ya que fungió como tapadera”.
Pero el PRI ya le contestó y lleva el tema a la barandilla de la Procuraduría General de la República
¿Cada quién su pillo, su cínico e impune? Esta (inter) campaña, ya se puso interesante. ¡Vaya capítulo! Conste.
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