Lilia Arellano
“El verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquél que le reparte regalos, donaciones y beneficios”: Plutarco
● “Plan B” enfilado para su anulación
● Evitan la entrega de cuentas tras desaparecer dependencias
● Ordenan al Senado nombrar comisionados del INAI faltantes
Ciudad de México, 2 de mayo de 2023.- Mientras no exista una fuerte movilización ciudadana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la última trinchera en defensa de la democracia mexicana ante los embates a la división de poderes, la civilidad política, la legalidad y el orden democrático. No sólo el máximo tribunal del país debe resistir sino también debe ser acompañado y respaldado por la ciudadanía, como lo hizo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en las principales plazas de la República.
Fue vergonzoso, escandaloso y evidente el sometimiento del Poder Legislativo al aprobar un paquete de reformas que muy seguramente serán frenadas por el Poder Judicial debido al desaseo con el cual fueron aprobadas y la violación del procedimiento legislativo. El fin último de esas reformas no son los ahorros y la austeridad, como defienden los morenistas y sus bots en redes sociales, sino cubrir el desfalco al erario, el descomunal saqueo oficial a Segalmex, el Insabi,
Financiera Rural, entre otros, así como restar derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos, concentrar el poder y continuar con la militarización de la vida nacional, como sí la lealtad de los uniformados fuera moneda de cambio.
En el Congreso se exhibió un brutal atentado a la división de poderes, la cancelación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas y hasta a la salud. Un importante número de mexicanos esperan que en los próximos meses la SCJN mantenga su independencia bajo la guía de la ministra Norma Piña, y dé la batalla a favor de la democracia. Que resista los embates, se fortalezca ante el golpeteo de las hordas a sueldo que hostigan a los ministros y los amenazan con quitarles la vida en la misma sede del Poder Judicial.
Es necesaria la movilización social ante una serie de acciones en donde, día tras día, se arrebatan y cancelan derechos, instituciones y libertades, mientras detona la corrupción y la desaparición de miles de millones de pesos de las arcas nacionales, de los fideicomisos, y de los programas sociales a través de los cuales se ejerce el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hay puntos considerados como clave: la desaparición de Conacyt y la ocupación en su consejo de integrantes del Ejército y la Armada. Como si se tratara de borrón y cuenta nueva le dicen adiós al Insabi y a la Financiera Rural.
Uno de los más grandes éxitos de los priístas fue la fundación, la creación del IMSS y es precisamente con ese Instituto, eminentemente tricolor, que se refugian para intentar dotar de salud a las decenas de millones de mexicanos sin acceso a esos servicios. Con el agregado Bienestar, suplen al antiguo Coplamar, y curiosamente desde hace tres años no se menciona, como se hace con otras dependencias, la corrupción de antes y la existente. Se toma y se hacen agregados a lo conveniente para el discurso y las mediciones sobre simpatías, lo demás, sin análisis de por medio, se cancela.
Es prácticamente total el desconocimiento sobre el dinero, los créditos, el tamaño de la cartera vencida de la Financiera Rural; sucede lo mismo con los millones entregados al Insabi; inclusive y con el deseo de también apartarlo del gobierno está el Instituto Nacional de Migración y no se tiene información sobre los presupuestos asignados para su operación, aunque el primer diente del peine salió con lo destinado para darles de comer a los migrantes; y también relacionado con el estómago, con la comida, estan las cantidades asignadas a la Guardia Nacional. Con toda esta cerrazón puede comprenderse el porque de la pretensión de desaparecen el INAI
Dentro de este contexto nacional, es indispensable la Suprema Corte de Justicia de la Nación frene los embates contra la democracia, los abusos, el mal uso del poder y el oscurantismo. En ese objetivo, el ministro Alberto Pérez Dayán, propondrá en los próximos días a la SCJN invalidar en su totalidad la primera parte del llamado “Plan B” debido a seis violaciones graves al procedimiento legislativo en su elaboración y aprobación en el Congreso de la Unión. Ya se venció la barrera, la resistencia con la cual se pretendía poner en marcha ese Plan en el Estado de México y Coahuila.
El proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán recoge “un cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos de las Cámaras de Diputados y Senadores, y advierte sobre las infracciones cometidas por la mayoría parlamentaria conformada por Morena, PT y PVEM en el proceso parlamentario para aprobar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son de tal gravedad que violan los artículos 71 y 72 de la Constitución.
De acuerdo a dicha propuesta, las irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo “no son superables” y afectan de manera sustancial el principio de deliberación entre las partes dentro de una democracia representativa, además de afectar el debido proceso negar los derechos formales a las minorías parlamentarias. Por todo esto, el proyecto de sentencia que requiere ocho votos para lograr una mayoría calificada, propone se declare la invalidez total de las normas impugnadas, sin entrar al debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas.
El proyecto de sentencia concluye: “Por lo expuesto, y al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violación al procedimiento legislativo, lo procedente es declarar la invalidez total del Decreto impugnado, por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez”.
Al resolver siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, 46 senadores y 177 diputados federales de las minorías parlamentarias, la propuesta del ministro Pérez Dayán señala: las violaciones al procedimiento fueron las siguientes: a) Violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal porque el Decreto combatido se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposición de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma presentada para aprobación en la sesión de seis de diciembre de dos mil veintidós.
b) Porque la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario pues, para su aprobación, se recurrió al trámite de “urgencia u obvia resolución”; sin embargo, ni en el momento de su presentación, ni de la lectura de exposición de motivos, se advierten las razones para actualizar el supuesto artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ni las condiciones que, en relación a éste, ha establecido la Suprema Corte en jurisprudencia; y,
c) El Decreto impugnado fue aprobado en transgresión al principio de deliberación democrática, ya que no es el resultado del debate que debe existir en todo órgano legislativo, es decir, tramitación como de urgente u obvia resolución en la Cámara de Diputados, y las irregularidades cometidas en comisiones de la Cámara de Senadores impidió su conocimiento, la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo.
Por todo lo anterior, el ministro afirma que “ante la gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular.
DE LOS PASILLOS
Una jueza federal concedió una suspensión provisional para que el Senado apruebe el nombramiento de la tercera vacante al interior del pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Lo anterior, al responder a un amparo promovido por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Consejo Consultivo del INAI. El 31 de marzo, Francisco Acuña Llamas concluyó su cargo como comisionado y se dejó al INAI con 4 de 5 comisionados requeridos por ley para realizar sesiones, por lo que desde entonces el INAI se ha vuelto inoperante. La jueza federal determinó, a través de la suspensión, que la Junta de Coordinación Política del Senado cuenta con todos los elementos para remitir al pleno de la Cámara Alta el acuerdo “por virtud del cual se puede votar el nombramiento del reemplazo”…
Lograron fuese a través de una dependencia de gobierno se envíen las remesas. La estructura de una operación de esta envergadura no es simple y hasta ahora se ha fracasado con la creada para la salud, también en la distribuidora de medicamentos,con la fabricación de vacunas y ventiladores, en la reducida operación del Banco Bienestar, lo relacionado con las universidades Benito Juárez, entre otras y, tal vez, se deba a la incapacidad e inexperiencia de quienes fueron nombrados para emprender el cambio. Ahora la batalla no será solamente para poder responder como se aseguró: “se entregarán las remesas en 30 segundos”, sino para contar con la confianza de los remitentes. Los braceros no han logrado les entreguen el dinero adeudado por el gobierno desde hace años y ello, obviamente, afecta la seguridad de la entrega del dinero enviado para la sobrevivencia de las familias cuya desintegración ha sido dolorosa.
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