Lilia Arellano.
“Es mejor el uso de las riquezas que la posesión de ellas”: Fernando de Rojas
• Para pobres sólo protección Divina
• Ricos pagan seguridad privada y guardaespaldas
• Ruptura en PAN; Margarita Zavala analiza salida
• Por sismos, se harán ajustes a Presupuesto 2018
• Bono Cero, otro Fobaproa de utilidades bancarias
• Exhiben a Capufe ante irregularidades en cobros
Ciudad de México, 05 de octubre de 2017.- Hasta el momento y a lo largo de todo este sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó en el establecimiento de una estrategia para frenar los homicidios violentos en México. Mes a mes, la cifra de ejecutados rompe record, como consecuencia del crecimiento de las estructuras criminales y los enfrentamientos entre los cárteles de la droga por el control de la producción y comercialización de estupefacientes y las principales plazas del país. La impunidad criminal, la corrupción de la policía y la debilidad gubernamental la padecen principalmente los ciudadanos sin recursos. En cambio, los ricos contratan servicios de seguridad privada y se protegen detrás de “muros invisibles”.
De acuerdo a un reportaje de The New York Times publicado esta semana bajo el titulo “El contrato social está roto: la desigualdad se vuelve mortal en México”, las clases adineradas del país reaccionaron al aumento de la violencia con servicios de guaruras, policías y grupos de autodefensa. “Mientras México cae en su año más violento recordado y el Estado se muestra incapaz de responder, quienes poseen recursos toman medidas con sus propias manos. Terratenientes, hombres de negocios y ricos compran seguridad, por vías legales o no”, escribieron los periodistas Max Fisher y Amanda Taub.
La “guerra contra el narco”, impuesta a Felipe Calderón en 2006 por EU a través de la “Iniciativa Mérida” o “Plan México”, a fin de expandir el cinturón de seguridad norteamericano, fracturó los grandes cárteles del narcotráfico en pequeños grupos, los cuales diversificaron sus actividades criminales hacia el secuestro y las extorsiones, entre otros. El calderonato dejó un saldo de 121,683 muertes violentas, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque la cifra real es seguramente más elevada. La violencia y las muertes vinculadas a la impunidad extendida a las redes del narcotráfico en esta administración federal rompe cada 30 días sus propios récords, acumulando un total de enero de 2012 a septiembre de 2017 de 107, 696 víctimas y contando. Esto según los expedientes oficiales, las cifras reales se desconocen y solo calculan porcentajes de lo no denunciado.
El actual gobierno federal ha exhibido una total incapacidad para investigar, detener y desactivar las bases criminales, lo cual ha permitido el crecimiento de las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, el asentamiento de nuevas organizaciones como el cártel Jalisco Nueva Generación, quien disputa violentamente territorios al cártel de Sinaloa, el cual resintió la captura y extradición del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Esto ha provocado escalen cada año los asesinatos en territorio mexicano, incluso por encima de los perpetrados en el mandato de Felipe Calderón.
Los estados con mayor número de muertes en la gestión de Peña Nieto son liderados por el Estado de México, seguido por Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Baja California y Guanajuato. Todo parece indicar el mexiquense dejará un país más ensangrentado que Calderón. El riesgo es que México “pase del umbral de violencia endémica y se vaya al umbra más grave, que es de conflicto armado, como El Salvador”, advierte Ernesto López Portillo, fundador de la asociación civil Instituto para la Seguridad y Democracia.
Pero la violencia no pega por igual a las diferentes clases sociales del país. En las áreas más adineradas, como por ejemplo la zona de Santa Fe, los ricos contrataron los servicios de empresas de seguridad privada para protegerse a sí mismos y a sus negocios, mientras los ciudadanos ordinarios están desprotegidos. “Como las clases poderosas esperan menos del gobierno para su seguridad, la presión política para atender el crimen o reformar la policía se redujo, incluso a pesar de que la tasa de homicidio aumentó”, destaca el rotativo neoyorkino.
Los grupos de autodefensa no aparecieron en las zonas más azotadas por la violencia, sino en los municipios donde la brecha entre los más pobres y los más ricos es mayor. “(Los grupos de autodefensa) empezaron como una solución local a la violencia. Comunidades, hartas de la policía, se organizaron en grupos de autodefensa para reemplazarla. Pero ello sólo aceleró la descomposición de México, con la proliferación de pistoleros sin entrenamiento quiénes muchas veces actuaron con impunidad”, señala el NYT, al destacar: cada aumento porcentual de la tasa de desigualdad genera un incremento de 1.5% de la tasa de homicidio.
El diario estadounidense abundó: en las áreas rurales, donde surgieron grupos de autodefensa, el “centro de gravedad” del poder se acercó todavía más a los más ricos, ya sea narcotraficantes, dueños de grandes explotaciones agrícolas o empresas extractivas de recursos naturales –minas e hidrocarburos, por ejemplo-.
PIERDE MARGARITA ANTE RICARDO
Todo parece indicar en las próximas horas el PAN sufrirá un resquebrajamiento. Al escribir estas líneas, Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, valoraba abandonar las filas del PAN para registrarse como candidata independiente a la Presidencia de la República. Tras 30 años de militancia en Acción Nacional, Zavala analizaba optar por la vía independiente o seguir luchando por la postulación del PAN a Los Pinos, al considerarse derrotada en la contienda interna por el dirigente nacional albiazul, Ricardo Anaya, el corruptible “chico maravilla”.
El próximo domingo a la medianoche vence el plazo para registrarse como aspirante sin partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Las posibilidades de que Margarita Zavala se convierta en abanderada panista se han reducido pues el actual dirigente, Ricardo Anaya, tiene control sobre el blanquiazul y sobre su engendro: el Frente Ciudadano por México desde donde mantiene sus aspiraciones presidenciales. Además, ha hecho todo lo posible por mantenerse en el cargo y utilizar los recursos partidistas para sus fines personales.
En el Frente Ciudadano no habrá elección abierta del candidato presidencial. El candidato será Ricardo Anaya, quien cuenta con el respaldo de las dirigencias del PRD y MC, quienes ya dejaron a Zavala fuera de la jugada. Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado eluden la elección abierta como la exigen Zavala, Moreno Valle y Aureoles, con lo cual le impiden a la ciudadanía a elegir a su abanderado. Así, Anaya asegura la candidatura presidencial; Alejandra Barrales la de la Ciudad de México, y Dante Delgado va por Jalisco y varias senadurías. Sólo los une las búsqueda del poder, no hay programa de gobierno y mucho menos proyecto de Nación. Únicamente buscan satisfacer sus intereses personales.
Pero Anaya enfrenta aún la lucha interna contra los calderonistas. Militantes del PAN exigieron al INE investigar a fondo al dirigente nacional, a quien acusan de falsificar un documento, lo cual pudiera constituir un delito. El ex titular de Cofepris, Miguel Ángel Toscano, interpuso una denuncia contra Anaya ante el INE por alterar una modificación a los estatutos del partido, con el fin de permanecer en su cargo y aprovechar los recursos y spots para su beneficio en la búsqueda de la candidatura presidencial del 2018.
Damián Zepeda, secretario general del PAN, registró ante el INE un cambio estatutario “que no existió”, señaló en redes sociales el ex presidente Felipe Calderón. La situación es “gravísima”, porque la alteración puede ser un delito, consideró el senador Javier Lozano. Para Ernesto Cordero, presidente del Senado, lo que hizo la dirigencia del PAN para beneficiar a Anaya “va más allá de la prudencia, decencia y honorabilidad”. El INE tiene que investigar si el cambio en los estatutos del partido existió, coincidió la senadora Luisa María Calderón.
El Comité Nacional panista, encabezado por Anaya, rechazó los señalamientos de los calderonistas por “imprecisos” y lamentó que “algunos panistas” pretendan confundir dentro de “la lucha anticipada por la candidatura presidencial”. No es la primera vez que Anaya utiliza esos argumentos. En días pasados, tras revelarse información sobre la propiedades del dirigente, inexplicablemente rico, la respuesta fue la misma: la información es falsa o imprecisa.
Ricardo Anaya se reunió esta semana con Margarita Zavala para decirle: “no son tiempos” de definir al candidato presidencial y el Frente Ciudadano por México será el que defina el método de selección. Lo mismo le dijo a Rafael Moreno Valle, quien también ha presionado para buscar se revele el método de elección del candidato. Anaya rompió el acuerdo de no ventilar púbicamente la reunión, tras revelar en un noticiero que se había entrevistado con ella. Según el dirigente panista, no habrá ruptura al interior de ese instituto político, pese a las versiones en el sentido de que Zavala buscará la presidencia de la República por la vía independiente.
Aunque como suele suceder, al final pudiera darse la alineación. En el inter se hicieron presentes en medio de una tragedia vista como amenaza para la sobrevivencia partidista.
AJUSTES AL PRESUPUESTO EN 2018
El presidenciable secretario de Hacienda, José Antonio Meade, confirmó se harán ajustes al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, porque “el entorno ha cambiado” y se deberá hacer frente a las necesidades económicas derivadas de los terremotos de septiembre y emprender la reconstrucción. Ante el pleno de la Cámara de Diputados, el funcionario convocó a los legisladores: “nos tocará juntos ayudar a recuperar la esperanza y dar certeza a los mexicanos afectados por los desastres naturales”.
Los ajustes, aclaró, se harán respetando las políticas fiscales, “pues hacerlo de manera distinta abonaría calamidades financieras a las naturales”. Agregó: “la arquitectura fiscal responsable y los mecanismos probados de administración de riesgos han permitido mitigar efectos y responder a desastres naturales”.
A pesar de la contingencia por los terremotos de septiembre, en el gasto 2018 están garantizados los programas para el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos con más necesidades, dijo el funcionario, quien indicó los programas sociales prioritarios se mantienen en términos y no habrá un solo beneficiario que se vea afectado.
Quienes esperaban algunas modificaciones entre las cuales resaltara estar impedidos de otorgar condonaciones tributarias, extensión de recibos para exentar impuestos, reducción de los mismos o “tratamientos” especiales a fin de evitar seguir incrementando la deuda y lograr obtener los recursos necesarios para enfrentar la etapa de reconstrucción y mantener cierto equilibrio en las finanzas públicas, simplemente: se quedaron chatos.
Orgullosamente anunció lo que simple y llanamente puede considerarse un Moderno Fobaproa. El bono cero tan publicitado no tiene otro significado que más endeudamiento interno y a un plazo de 20 años. Según se dijo existe la facilidad de obtener hasta dos millones de pesos en un crédito para reconstruir la vivienda afectada pagando un interés “módico” del 9 por ciento anual, es decir, aplicando una tasa fija dizque preferencial. Mensualmente, al solicitar la cifra mencionada, se tendría la obligación de liquidar poco más de 17 mil pesos durante 20 años y el capital, ese lo paga el gobierno con los impuestos de todos los mexicanos, absorbe de nuevo una deuda con la cual las instituciones bancarias hace otro gran negocio.
No existe un solo renglón desde la visión del grupo Atracomucho desde el cual dejen a un lado hacer negocios. De tal forma que ha sido la ciudadanía la de los rescates, son los ciudadanos quienes pagan por la revisión de sus inmuebles, son los mexicanos quienes absorben de punta a punta el endeudamiento de esta forma de reconstrucción, es la sociedad quien, con el pago tributario pone los recursos necesarios para que el titular del Ejecutivo y su gavilla se suban el cuello y presuman de ser gobierno y de interesarse por el bienestar de los gobernados. ¿Más dosis de burla o con esa tenemos?
DE LOS PASILLOS
El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, ordenó a Banobras resolver si rescinde el contrato por el que Caminos y Puentes Federales (Capufe) opera 54 autopistas, carreteras, puentes y libramientos, y conminó a la Secretaría de la Función Pública a definir si existe responsabilidad de funcionarios de Capufe por el manejo indebido de ingresos por cobro de telepeaje. El pasado 3 de octubre, el juez concedió un amparo a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien busca rendición de cuentas sobre el telepeaje en la red de carretera concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), cuyo fiduciario es Banobras… Capufe tiene la obligación contractual de entregar puntualmente los ingresos por telepaje a Banobras, pero a principios de 2015 arrastraba una deuda de mil 83 millones de pesos, que para octubre de este año bajo a 718 millones…
Por la mala organización en la entrega de cheques para quienes perdieron sus hogares tras el sismo del 19 de septiembre, casi dos mil personas (1,760) cobraron el apoyo sin ser damnificados. Por eso, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció modificaciones en el esquema de entrega de esos apoyos. “Llamé la atención de las áreas, no es culpa de la ciudadanía, es culpa nuestra en la operación y debemos de informar con mayor oportunidad a la gente para que no haya contratiempos”, dijo. En los diferentes módulos para la atención de damnificados ya se entregaron 18 mil 315 cheques para ayuda de renta…
Y así veremos, sin poder checar a fondo, hasta donde existe la voluntad de rendir cuentas y hacer transparente todos los manejos. Apenas empieza la danza multimillonaria de las cifras.
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