El desamor por la justicia, por la verdad, por la congruencia, por la Carta Magna, se ha manifestado de manera muy cruda en algunos funcionarios del ámbito de procuración e impartición de justicia en ésta Cuarta Transformación de la República, gracias a ello, amplios sectores legales se encuentran en grave desasosiego jurídico. Después de una muy larga y perdurable, por tantos actos de corrupción perpetrados en el neoliberalismo, México esperaba definiciones para superar esa época de agobio producto de la narcopolítica.
Andrés Manuel López Obrador al entrar en funciones como Presidente de la República, juró por su honor combatir a la delincuencia, pero nos ha mentido.
La Fiscalía General de la Nación a cargo de Alejandro Gertz Manero ha templado las cosas al máximo de lo admisible; no se trata de revisar y perdonar el pasado, de lo que se trata es de aplicar objetivamente el Derecho, apelando a razones objetivas de justicia y respeto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de conocer la verdad de la gran responsabilidad en la cuál incurrieron los delincuentes de poder durante la pasada década, a fin de sancionar a los responsables jurídicos de ello.
De esa manera se va a zanjar, dentro de un sistema democrático, como el que se presume en la actualidad, una de las vergüenzas más repulsivas del neoliberalismo, al haber creado alianzas con el narcotráfico, como las efectuadas para obtener denarios a favor de funcionarios del orden público. Pero hasta hoy nada.
La militarización de múltiples instituciones impone razones que nada o nada de nada tienen que ver con nuestra racionalidad jurídica.
Como se ha visto, la narcopolitica sigue campeando en nuestro México. La narcopolítica es un delito ajeno al ámbito del fuero de guerra, por tanto ello no se puede poner en conexión con el objetivo, fin y medio que sólo le compete indagar a los Garantes de la Sociedad.
Los ilícitos vinculados con la narcopolítica sólo deberán de ser indagados por la jurisdicción ordinaria y el fuero de guerra sólo debe coadyuvar desde sus cuarteles con labores o informes de inteligencia.
La actitud del Poder Ejecutivo Federal solo viene a confirmar una realidad indeseable: Aún se le continúa protegiendo al poder del narcotráfico. Ello es un despropósito y, desde un punto de vista jurídico-político, es una aberración seguir con complicidades y encubrimientos a ese poder de facto.
Finalmente sólo cabe preguntar ¿Hasta cuando cumplirás tu palabra de honor Andrés Manuel López Obrador?.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de abogados de México, A.C..
