Cicuta
Jaime Flores Martínez
Viernes 6 de febrero del 2026.- Refundido en el número 140 de una lista de 180 países donde las sociedades perciben malos manejos del dinero público, México destaca como un territorio “altamente” corrupto.
¡Es el peor lugar que esta nación ha ocupado en la historia moderna!
Y es que, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México está en crisis de opacidad.
Argumentos de peso precisan que el país descendió al puesto 140 de 180 naciones, es decir, su peor calificación en la historia.
A ese nivel de podredumbre la nación mexicana se codea con Irak, Uganda y Nigeria, y queda último entre los 38 países de la OCDE.
Esto no es una mala noticia disfrazada, sino un diagnóstico de fallas estructurales, impunidad crónica e instituciones capturadas por intereses que no son del bien público.
El ranking aludido no es abstracto, sino un perfil que avala que la corrupción permea casi todos los niveles del quehacer público. Significa que millones de pesos de recursos sociales se esfuman en contratos inflados, trámites truchos y decisiones de funcionarios que prefieren el cálculo del beneficio personal sobre el interés colectivo.
El español coloquial lo traduce en una frase vieja pero precisa: “el que no transa… no avanza”.
Ubicados en este contexto, habrá que reconocer que el actual fenómeno de corrupción es coloquialmente como Grupo Tabasco.
La mancha actual no se explica sin el fenómeno político que medios y analistas comenzaron a llamar el “Grupo Tabasco”: un círculo de poder nacido en el sureste mexicano que hizo de la política mexicana no solo un camino al poder sino especialmente a redes de influencia con evidente aroma a corrupción.
El epicentro de ese grupo de poder ha sido Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y hoy ex líder de la mayoría en el Senado por Morena.
Su carrera política siempre estuvo acompañada de señalamientos sobre opacidad en contratos, favores a consorcios y una estrecha relación con personajes que hoy enfrentan procesos judiciales por graves delitos.
El caso más conocido es el de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H”, quien fue nombrado (por Adán Augusto López) secretario de Seguridad de Tabasco.
Habrá que subrayar que Bermúdez fue vinculado a proceso por delitos de asociación delictiva, secuestro y extorsión.
También fue acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bermúdez fue detenido en Paraguay y extraditado a México, donde enfrenta posibles penas que pueden llegar a más de un siglo de prisión.
Sin embargo, pareciera que esta “resguardado” en la prisión de Almoloya porque nadie se atreve a incomodarlo.
Aunque la autoridad simula inflexibilidad en el proceso contra Bermúdez, para la mayoría de los mexicanos es un síntoma claro de “captura institucional”.
También queda claro que el Grupo Tabasco no opera en el vacío.
A ese círculo se le asocia con estructuras familiares, negocios paralelos y silencios institucionales.
Las redes incluyen, según reportes de investigación, empresas vinculadas a obras públicas estratégicas como el Tren Maya, con contratos inflados y beneficios para parientes de funcionarios, como el sobrino del propio Bermúdez, quien fue removido de su cargo tras señalamientos de corrupción.
Además, existen expedientes que apuntalan el diagnóstico.
El caso de Carlos Treviño, ex director general de Pemex, acusado de recibir sobornos en el marco del escándalo global de la constructora Odebrecht, aporta otro clavo al ataúd ético del país. Treviño fue detenido en Estados Unidos y será juzgado en México, reflejo de una trama que involucra a altos ejecutivos de la petrolera estatal y permite ver cómo los sobornos transnacionales se enredan con la política local.
Otros casos clásicos como la Estafa Maestra, el desvío multimillonario en Segalmex o las investigaciones que involucran al gobierno federal en huachicol fiscal.
Estos casos demuestran que no estamos ante errores aislados, sino ante un patrón: impunidad institucionalizada y castigos cosméticos, mientras la economía política de la corrupción sigue intacta.
Y si alguien se pregunta por la autocrítica, se le podría responder que no basta con hablar de combate a la corrupción si los mecanismos de rendición de cuentas no funcionan.
Según Transparencia Internacional, solo una mínima proporción de investigaciones de corrupción terminan en sanción efectiva.
Ese dato, por sí solo, desmiente cualquier afirmación triunfalista sobre avances en la materia.
Si México quiere salir de ese pozo de corrupción, tiene que dejar de lado los discursos y enfrentar la realidad con instituciones autónomas, sanciones ejemplares y transparencia real.
De lo contrario, seguirá como un país que no solo percibe la corrupción, sino que la normaliza, la reproduce y —aun peor— la corona como sistema de gobierno.
GN
Resulta inconcebible que guardias nacionales entren a domicilios particulares a robar.
La noche del pasado martes en un domicilio del Fraccionamiento Chapultepec de Tijuana, las cámaras de video precisan la forma en que sujetos armados, ataviados con uniforme de la Guardia Nacional irrumpen en el domicilio de un médico, su esposa grita aterrada, los delincuentes saquean la vivienda y el médico asegura que lo golpearon.
Seguro que los jerarcas de la GN dirán que no fueron ellos, a pesar de las imágenes de la camioneta en que llegaron.
Y tal vez no fueron ellos, aunque la pregunta sería para que clonar a una autoridad impoluta.
Indigno
Cuán vergonzante resulta la imagen de la directora de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Amanda Pérez Bolaños al limpiarle los zapatos en plena calle al Ministerio Presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Al observar dicha imagen queda en evidencia el papel soberbio del ministro Aguilar.
Burgueño
Ayer por la noche el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, rechazó tener parentesco con una mujer de nombre Siria Zendejas Burgueño, quien aparentemente fue detenida por autoridades de Estados Unidos al intentar ingresar con droga al vecino país.
Alguien muy interesado en desprestigiar al alcalde Burgueño difundió que existía parentesco entre ambos.
Burgueño niega que sean parientes.
Positivo
Qué bueno que los diputados bajacalifornianos se ponen del lado de los trabajadores que son víctimas de empresas golondrinas.
La diputada Michel Sánchez Allende propone sancionar de forma ejemplar a empresas que dejan a sus empleados en la indefensión pues cierran sus puertas de manera intempestiva.
Las malas prácticas laborales deben ser considerados delitos, pues además de vulnerar los derechos laborales vulneran la economía de sus familias al quedar en el desamparo.
Michel Sánchez propone considerar esta acción como un delito en el Código Penal.
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