Gobernadores, legisladores, senadores y alcaldes de Morena han sido señalados por autoridades e instancias internacionales, principalmente de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico y el huachicol, de acuerdo con una investigación de Eme equis.
El recuento incluye a Marina del Pilar Ávila, Andy López, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, además de otros funcionarios y exfuncionarios; en varios casos, las personas mencionadas permanecen en sus cargos.
El 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a deslindarse de Marina del Pilar, de su exesposo Carlos Torres y del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum afirmó que no tenía confirmación de una investigación formal en México y señaló que, si existiera, la Fiscalía General de la República tendría que informar al respecto.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue imputado formalmente el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por una presunta conspiración con Los Chapitos para traficar fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
La acusación sostiene que Rocha Moya se habría reunido con Iván y Ovidio Guzmán antes de las elecciones de 2021. También señala que el grupo criminal habría intimidado a rivales y sustraído urnas.
El exgobernador solicitó licencia, regresó al cargo en agosto de 2026 y después volvió a tener fricciones con Sheinbaum y Morena. Estados Unidos pidió su detención con fines de extradición, mientras México ha señalado que no ha recibido pruebas suficientes.
Enrique Inzunza Cázarez, actual senador, fue incluido en la misma acusación como supuesto enlace con Los Chapitos. También ha sido señalado por una presunta intervención en la movilización del crimen organizado durante las elecciones en las que Rocha Moya resultó ganador.
Marina del Pilar fue sancionada políticamente por Estados Unidos en 2025 mediante la cancelación de su visa. El 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a su exesposo, Carlos Torres, y a su hermano por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa mediante influencia política.
El Departamento del Tesoro estadounidense sostuvo que la denominada “narcocorrupción” alcanza altos niveles del gobierno estatal.
El gobernador de Tamaulipas ha sido mencionado en investigaciones referidas por The New York Times, así como en denuncias del PRI y reportes sobre presunto financiamiento ilícito y huachicol. También se le ha señalado por supuesto lavado de dinero, financiamiento de cárteles durante las campañas de 2021 y 2022, y por aparecer en fotografías con operadores del Cártel del Noreste.
En el listado aparece Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, por investigaciones sobre redes de extorsión en Acapulco y presuntos vínculos con Los Ardillos, Guerreros Unidos y Los Tlacos.
Adán Augusto López, senador, coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, figura por señalamientos relacionados con La Barredora, notarías y huachicol fiscal. Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, es mencionada a partir del Operativo Enjambre, que derivó en la detención de alcaldes y una consejera estatal de Morena.
El gobernador de Michoacán ha sido relacionado por autoridades estadounidenses con presuntas operaciones o tolerancia hacia grupos delictivos locales y cárteles. Documentos de la Sedena y otros reportes también mencionaron a familiares suyos, entre ellos su tío Adalberto “El Fruto” Comparán y un primo, quienes fueron condenados en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina ligado a Cárteles Unidos y Los Viagras.
Otros nombres incluidos son Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en reportes de inteligencia atribuidos a agencias estadounidenses; Mario Delgado y Manuel Bartlett, incluidos en una denuncia penal presentada por el PRI en 2025 por presuntos nexos con el crimen organizado y huachicol; y Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz, mencionado en documentos de la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks.
El Operativo Enjambre también alcanzó a autoridades municipales. El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido el 23 de septiembre de 2026 y vinculado a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido por delincuencia organizada y secuestro agravado. En tanto, los alcaldes de Cintalapa, Chiapas, y Esperanza, Puebla, enfrentaron procesos por delitos como corrupción, malversación de recursos, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.
