Redacción MX Político.- La asociación civil Tojil –que en maya significa “lo justo o lo correcto”– presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado mexicano por corrupción en el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien se encuentra preso en el reclusorio norte y ya casi cumple la mitad de la sentencia de nueve años que le fue impuesta.
Tojil presentó la denuncia ante la negativa de la Fiscalía General y el Poder Judicial del estado para reconocer su carácter de víctima en el caso, lo cual –subrayó– violenta sus derechos humanos.
“La CIDH tiene la posibilidad de llevar a la Corte Interamericana uno de los precedentes más relevantes para combatir la impunidad en casos de corrupción”, expresó en un comunicado.
Lo que la asociación civil pretende es abrir la puerta para sentar un precedente internacional de combate a la corrupción que beneficie a todos los países de la Organización de Estados Americanos (OEA), según dijo.
El caso inició en 2018, cuando Estefanía Medina y Adriana Greaves, abogadas y defensoras de derechos humanos, presentaron una denuncia en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República (FGR), para que fueran investigados por posibles sobornos en el procedimiento penal contra el exgobernador de Veracruz, que derivaron en la negociación de una mínima pena, pese a que tenía graves acusaciones por lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionadas con posibles actos de corrupción.
“En ese entonces, la Fiscalía General de la República negó a Tojil su derecho a colaborar como víctimas en la investigación y, pese a que un juez de Amparo determinó reconocerles ese carácter, la Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que les fuera revocado, y le concedió la razón”.
Ahora la CIDH deberá resolver sobre su admisión, que de ser favorable llevará el caso mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo un gran precedente sobre la defensa de violaciones a derechos humanos en casos asociados a gran corrupción.
Las cofundadoras de Tojil advirtieron que, si este asunto se logra llevar a la máxima sede internacional y se genera una sentencia favorable, se trataría del precedente internacional más importante en la lucha contra la corrupción en América Latina, acorde con los estándares de la propia Comisión y el derecho internacional.
En Veracruz, el legado de desastre financiero y de sangre del exgobernador Javier Duarte puede contarse así: casi 10 mil homicidios dolosos ocurridos en su sexenio; más de 3 mil 600 desaparecidos; recursos financieros reclamados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por 33 mil millones de pesos; el Congreso local exhibiendo un desfalco superior a los 70 mil millones en organismos autónomos, Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y deudas no pagadas al sector empresarial.
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