Lilia Arellano
“Hay maestros que imparten su ignorancia”: Marco Antonio Almazán.
● Por presupuesto, paro nacional universitario
● “No aceptaré chantajes ni grupos de presión”, responde AMLO
● Exige E.U. garantías de aplicación de reforma a justicia laboral
● Advierte Olga Sánchez de una crisis migratoria sin precedente
Ciudad de México, 9 de octubre de 2019.- Ante las “restricciones presupuestarias” del gobierno federal a la educación superior y por el otorgamiento de recursos “extraordinarios” a universidades en crisis financiera, las cuales no podrán cerrar el año, personal académico y trabajadores de al menos 25 universidades públicas de los estados iniciaron un “paro nacional”. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante: no aceptará chantajes ni grupos de presión, se les otorgará el incremento inflacionario, el cual se ubicó en septiembre en el objetivo del Banco de México, de 3 por ciento anual por primera vez desde octubre de 2016. “Si no se tiene la razón, aunque se pare el país, porque si no vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas”, asentó el tabasqueño. La defensa del presupuesto para universidades públicas no es un chantaje, le respondió Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).
“La autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto”, apuntó López Obrador en su conferencia mañanera en donde exigió “cuentas claras y chocolate espeso”, al atajar el reclamo universitario en Veracruz, Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Zacatecas, Sinaloa, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit, Jalisco y el Estado de México. E ironizó: no es que “no tenemos dinero, tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero. Así ya no es la cosa”. Tal es la respuesta del titular del Ejecutivo federal a la petición, hace quince días, de rectores de varias universidades del país al gobierno federal y a diputados federales de un incremento presupuestal de 17 mil 230 millones de pesos.
En esa ocasión, el pasado 25 de septiembre, en la Cámara de Diputados, Jaime Valls, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), explicó a los legisladores ese monto es el necesario para que las instituciones puedan tener los recursos indispensables en 2020 para ajustarse a los planes del gobierno de López Obrador de otorgar educación gratuita y obligatoria. En ese monto solicitado están incluidos 7 mil 678 millones de pesos en el Ramo 33, el rubro dirigido a las entidades federativas; un incremento en el subsidio ordinario por mil 969 millones de pesos; mil 443 millones de pesos para la política salarial y 6 mil 139 millones para otros programas.
Valls manifestó a los diputados federales su preocupación de que en el Proyecto de Presupuesto para 2020 no se contemple el fondo de gratuidad, y puntualizó desde 2016 no ha habido un incremento presupuestal en términos reales, lo cual ha generado un déficit de 18 mil millones de pesos a la fecha. También destacó el hecho de que mientras la matrícula creció más de 122 por ciento del año 2000 a 2019, el Presupuesto Federal lo ha hecho solamente el 75 por ciento; los exhortó a reconsiderar el Presupuesto para el próximo año, pues hay instituciones en crisis y no se debe atentar contra las funciones sustantivas de las universidades.
Y ahora Levet Gorozpe, en respuesta a AMLO, expuso: el mismo presidente se ha pronunciado a favor de los derechos laborales, los cuales son reclamados en este caso por una cantidad de más de 3 mil millones de pesos. La preocupación de la Contu no recae sólo en los salarios de este mes, sino en los de noviembre y diciembre próximos, indicó. Frente a la falta de respuesta positiva por parte de los legisladores federales y del titular del Ejecutivo, los trabajadores de al menos 25 universidades públicas de los estados iniciaron un paro nacional. Presuntamente, funcionarios de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda, “ya tienen una ruta de solución” a la solicitud de apoyo extraordinario a ese grupo de universidades, dijo anoche Enrique Levet,). No obstante, la decisión sobre un mayor presupuesto a la educación superior está en manos de la Cámara de Diputados, en donde en las próximas semanas deberá discutirse y aprobarse el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Las limitaciones presupuestales no solamente afectan la propuesta-orden a las casas de estudios superiores de incrementar su matrícula sino prácticamente eliminan el terreno de la investigación y van en detrimento de una enseñanza de calidad al dejar fuera de apoyo económico cualquier posibilidad de lograr maestrías, doctorados, estudios sobre temas muy especializados a realizarse en el extranjero por los catedráticos. Con la respuesta presidencial recibida se torna aún más incomprensible la decisión de construir cien universidades más, las ya bautizadas como Benito Juárez, de las cuales algunos senadores y diputados van encargándose de publicitar y proponer hasta su ubicación.
PAROS DE UNIVERSIDADES
En demanda de apoyos extraordinarios por 550 millones de pesos, catedráticos y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) arrancaron un paro de labores nacional. En La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), más de 3 mil profesores hicieron un paro de labores de 24 horas y más de 55 mil alumnos no tuvieron clase. La Universidad Veracruzana (UV) se sumó al paro de 45 organizaciones sindicales y 25 instituciones de educación superior, cuyas demandas centrales son: se asignen cinco mil millones de pesos a nueve universidades del país (Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas), con presupuesto deficitario y quienes no cuentan con recursos suficientes para pagar a su personal y cerrar el ejercicio presupuestal del 2019.
En la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), los maestros se unieron al paro nacional convocado por la Contu. Esta institución mantiene un déficit de alrededor de 150 millones de pesos. Solicitaron al gobierno federal condonar ese déficit, pues de continuar esa situación no tendrán los recursos necesarios para pagar las quincenas de diciembre ni los aguinaldos. Al arrancar el paro en la Universidad Autónoma de Zacatecas, los sindicatos de maestros y de académicos pidieron, a través de Pedro Martínez Arteaga, líder del personal académico de la UAZ, al presidente López Obrador y a la Cámara de Diputados apoyar a las universidades públicas en crisis financiera, no con salidas coyunturales, sino con soluciones de mediano y largo plazo. “La educación debe ser un asunto de seguridad nacional”.
También en la tierra del presidente de la República, Tabasco, los más de dos mil 300 docentes e investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT) se sumaron al Movimiento Nacional en Defensa de la Universidad Pública Mexicana, quien solicita la restitución presupuestal de Fondos Extraordinarios o su incorporación como subsidios ordinarios. Asimismo, se registraron movilizaciones de trabajadores universitarios en Baja California, Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Querétaro y Sinaloa, solidarizándose con el paro nacional y solicitando al Poder Ejecutivo que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se incremente, para atender los requerimientos y necesidades de las instituciones de educación superior. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se solidarizó con la decisión de las casas de estudios superiores en crisis financiera pese a no tener adeudos ni déficit y contar con una sana y equilibrada administración de recursos.
CHIAPAS Y UAEMex NO SE SUMARON AL PARO
La plantilla laboral de los 48 planteles de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) determinó no sumarse al paro, pero colocaron mantas donde demandan una mayor asignación de recursos a las instituciones de educación superior. Realizaron, dijeron, una “jornada de trabajo bajo protesta”. La UAEMex se encuentra dentro de las 9 universidades estatales con mayor presión financiera.
De acuerdo con el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Natarén Nandayapa, esta casa de estudios no está en riesgo de suspender labores ni pagos al personal, no obstante tener un adeudo de dos mil 200 millones de pesos, con un déficit de 500 millones al año. “El presupuesto que recibimos es de mil 548 millones de peso. La nómina es el 87 por ciento de dos mil millones, que es lo que gastamos realmente. Sólo el costo de la nómina excede el presupuesto total de la Unach. Es decir, necesitamos mil 800 millones sin contar el gasto corriente, mantenimiento y otros”, precisó. La Unach adeuda en contribuciones más o menos año y medio de su presupuesto. “Le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Foviste) y el Impuesto Sobre Nómina”, detalló Natarén Nandayapa, quien aseguró tienen el respaldo financiero del gobernador Rutilo Escandón, por lo que “nosotros ya salimos este año”.
GARANTÍAS DE AMLO, SÓLO A EU
Tras sostener reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete para abordar temas relacionados con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Richard Neal, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y presidente del comité de procedimientos, informó en un comunicado: “Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó más luz sobre el deseo del gobierno mexicano y sus intenciones para llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero EU necesita ver esas garantías en la práctica. Estoy ansioso por ver a México demostrar su compromiso con la implementación de los cambios necesarios para materializar su propia visión de la reforma y cumplir con las demandas laborales y los estándares de obligatoriedad que serán requeridos en el TLCAN renegociado”.
Los congresistas estadounidenses mostraron su preocupación por la existencia de mas de 400 amparos interpuestos por los sindicatos, pues ello muestra la resistencia existente a la reforma laboral. Los representantes del gobierno de AMLO les aseguraron van a ganar los amparos. El pasado 12 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de justicia laboral para facilitar la ratificación del T-MEC, dejando totalmente de lado el tema de la subcontratación y las condiciones laborales en el campo. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a cuatro leyes federales más, se centraron en garantizar la elección de líderes sindicales de manera personal, libre, directa y secreta, evitando la injerencia del patrón; en obligar a esos líderes sindicales a la rendición de cuentas; y en eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y transformar el sistema de justicia laboral privilegiando la conciliación y evitando las huelgas. Los conflictos deberán resolverse entre 45 a 60 días y no judicializarlos.
Nada se ha dicho sobre las outsourcing y tampoco se apoyo en la práctica la laceración de 20 Tribunales de justicia del Trabajo. A las calladas los eternos líderes sindicales buscan internacionalizarse para evitar cualquier rendición de cuentas y se supo por boca del propio Ejecutivo Federal se enviará una carta a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el fin de pedirle apoyo para la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y solicitarle no se mezcle con el proceso electoral, a fin de no retrasarse la aprobación del mismo. Sin duda, también le ratificará las garantías solicitadas por los congresistas demócratas.
DE LOS PASILLOS
Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, alertó sobre una factible crisis migratoria sin precedentes en nuestro país por la nueva política de asilo de los Estados Unidos. La Corte Suprema de EU autorizó al presidente Donald Trump restringir drásticamente el derecho a solicitar asilo de aquellos migrantes quienes llegan a suelo estadounidense vía la frontera con México. La medida obliga a los extranjeros a solicitar asilo primero en otros países. Las normas afectan a miles de centroamericanos, quienes huyen de la pobreza y la violencia en sus países, y también afecta a gente de África, Asia y Sudamérica, quienes llegan a la frontera entre México y EU. “Tenemos que saber que para México, el fenómeno migratorio puede convertirse en un refugio masivo de personas a los que tendríamos que brindar muchos servicios”, advirtió la presunta responsable de la política interior de México, quien ha sido desplazada en las definiciones en este tema por Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por cierto ni recibió ni se fumó -no en público- el “churro” de mota regalado por una legisladora para recordarle su intentona de legalizar las drogas.
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