Por Aurelio Contreras Moreno
Este viernes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, enviará al Congreso del Estado su primer informe de labores al frente del Poder Ejecutivo estatal.
Tal como lo establece la ley, durante la presente y la siguiente semana la entidad estará inundada de propaganda en la que se pretenden destacar los supuestos logros y acciones de la administración estatal durante su primer año en funciones, enmarcados por el eslogan “Por primera vez”, en alusión a otros –también supuestos- hechos sin precedente en anteriores gobiernos estatales.
Más allá de que se trate de publicidad oficial cuya función es precisamente hacer públicas las acciones gubernamentales, el sesgo triunfalista es siempre la nota dominante de este tipo de mensajes. Se busca convencer a la ciudadanía de que el gobierno está trabajando en su favor e incluso, que ha obtenido grandes resultados a partir de esa labor. Todos los gobiernos lo hacen. Todos, también, exageran o mienten.
La administración de Cuitláhuac García Jiménez no es la excepción. En la propaganda se intenta hacer ver la imagen de un Veracruz idílico, que está superando los problemas que se desatendieron o se provocaron en el pasado. Pero la realidad es completamente distinta.
La violencia desmedida, el nulo acceso a la justicia y la impunidad siguen siendo la constante en Veracruz durante este primer año de gobierno morenista. Tan solo mencionar que una semana antes del informe, fue asesinado a mansalva el diputado local Juan Carlos Molina, y en los días posteriores aparecieron cuerpos de personas ejecutadas en diversos puntos de la entidad.
O el caso de la desaparición forzada de comerciantes en la zona Orizaba-Ixtaczoquitlán-Fortín a manos de policías estatales y municipales, que de no haber sido exhibida en un periódico de la Ciudad de México por la periodista Peniley Ramírez, habría sido un hecho más para la estadística e ignorado por las autoridades veracruzanas, a pesar de que se denunció primero en medios locales. De las masacres en Coatzacoalcos y Minatitlán ni se acuerdan.
A los asesinatos de mujeres –que superan los 200 durante el tiempo que lleva como gobernador Cuitláhuac García, quien pide a los medios “no exagerar” con ese tema- hay que sumar las impunes agresiones y hostigamiento de que son víctimas las trabajadoras del propio gobierno estatal. Por ejemplo, el caso de acoso sexual en la Secretaría de Medio Ambiente expuesto en la Rúbrica esta misma semana, junto con los denunciados en estos mismos días en el Sistema Estatal Anticorrupción e incluso otro poco conocido de la Secretaría de Gobierno.
En los tres asuntos, los implicados –un secretario particular de una titular de dependencia, el secretario técnico del organismo autónomo y un ex director de la secretaría más importante del organigrama estatal- el punto en común ha sido la protección oficial más burda para los agresores y la vejación y criminalización de las víctimas por parte de un gobierno que dice que aplica “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres.
Y en el plano económico Veracruz está por las mismas. Basta salir a la calle para percatarse de que cada vez hay más locales comerciales y casas habitación en renta en ciudades como la misma capital del estado, en cuya región han cerrado siete hoteles en los últimos meses.
Simple y sencillamente no hay dinero circulando, la economía está estancada y muchas personas en edad productiva han tenido que tomar la decisión de emigrar a otras entidades e incluso al extranjero en busca de oportunidades de subsistencia.
De obra pública, ni hablar. No hay nada. Y la poca que existe, es entregada a los “favoritos” y los amigos a través de procedimientos amañados, según denuncian contratistas que también buscan opciones en otras latitudes.
Lo que sí sobra en Veracruz a prácticamente un año del gobierno estatal de la autodenominada “cuarta transformación” es una cada vez más evidente lucha por el poder entre los distintos grupos de Morena que intentan controlar el aparato gubernamental y los negocios alrededor del mismo. Como el que hizo el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, quien amarró un contrato de exclusividad con una refresquera para vender sus productos –considerados nada saludables para niños y jóvenes- en todas las escuelas públicas de la entidad. ¿Y la salud? La crisis de la epidemia de dengue habla por sí sola.
El resultado de todo lo anterior es la ausencia de coordinación, la ineficacia, la ineptitud y la permanencia de la corrupción en la práctica gubernamental, por más que digan que eso “ya se acabó”.
No es que eso pase “por primera vez” en Veracruz. Pero se suponía que con ellos sería “diferente”. ¿Qué será lo que vayan a “informar”?
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