Redacción, MX Político.- — La ausencia de Luis Echeverría Álvarez en el listado de nombres de los expresidentes que se pretenden llevar a juicio a través de una consulta ciudadana, responde a varios factores, entre los cuales destacan la prescripción de los delitos, la antipatía a juzgar a una persona de casi cien años de edad e incluso porque fue indiciado, aunque no juzgado, ni mucho menos sentenciado.
Así lo argumentó el profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Elisur Arteaga Nava, quien explicó que “es evidente que cualquier acción en su contra ya prescribió”.
Los hechos que se le imputaron en el sexenio de Vicente Fox fueron: la masacre del 2 de octubre de 1968, el Halconazo del 10 de junio de 1971, al igual que la llamada Guerra Sucia de los años 70 y 80.
“Además, en México se sigue respetando a los viejos, aunque tengan mucha cola que le pisen”, comentó el también colaborador de Proceso.
El jurista, autor de más de una decena de libros sobre derecho constitucional, recordó que, en su oportunidad, se ventilaron los procesos en contra de Echeverría, pero no está sujeto a consulta popular porque ya fue indiciado y sería violatorio del Artículo 14 constitucional sobre los efectos retroactivos de las leyes.
Aunque comentó que de 15 años a la fecha han cambiado las leyes, éstas no son aplicables al expresidente porque “hace 50 años los plazos de prescripción de la acción penal eran más cortos. No es imputable en razón de que por su edad ha perdido gran parte de su capacidad mental”, agregó.
Continúo: “podrían seguir los procesos judiciales que siguen abiertos en su contra, en principio, pero no sé hasta qué punto. A lo mejor ya caducaron. Pero por la edad, en este momento ya no lo pueden juzgar, es inimputable”, consideró.
Este mismo argumento fue considerado por Norma Alicia Camacho, representante del “Colectivo de Mexicanos por la 4T”, quien el 1 de septiembre, al recabar firmas para la consulta en Guadalajara, comentó: “para que podamos llevar a cabo nuestra consulta ciudadana, requerimos recabar un millón 800 mil firmas para que proceda. ¿Qué? El juicio para juzgar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Peña, Calderón y, bueno, todavía hay uno, pero ya es inimputable ¿verdad? Luis Echeverría. Ese se salva por la edad”.
Sin embargo, estos argumentos ni siquiera son considerados por el Comité del 68 Pro Libertades Democráticas, cuyos miembros entregaron, el 1 de septiembre, un pronunciamiento en Palacio Nacional en contra de la consulta ciudadana para castigar a los expresidentes por crímenes cometidos contra el pueblo de México, porque para ellos no es necesario preguntarle a la gente, sino que la Fiscalía General de la República (FGR) debe reactivas las denuncias en contra de Echeverría Álvarez y actuar contra el resto de los exmandatarios.
Porque, “de una manera sospechosa y cómplice las autoridades del nuevo gobierno –de Andrés Manuel López Obrador— no han hecho nada para continuar con las 52 averiguaciones previas que ya se habían integrado, afirmó un representante de Juristas Asociados en una videoconferencia realizada el 2 de septiembre.
“No necesitamos que haya una consulta popular para que se haga justicia. El presidente López Obrador dice que él no quiere venganza, pero la justicia no es venganza. La justicia es una obligación del Estado, de las instituciones del Estado que tiene para perseguir a aquellos que han cometido conductas reconocidas por el Código Penal como delictivas”, aclaró.
Citó el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien en el juicio en su contra ha mencionado a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, se está derivando que existe una probable responsabilidad penal de los exmandatarios.
En esa videoconferencia, se leyó el pronunciamiento donde se enumeran los agravios al pueblo de México cometidos desde Echeverría Álvarez hasta Peña Nieto, sin exculpar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes, a su juicio, hicieron de la represión y la violencia una política de Estado contra movimientos sociales y en agravio del pueblo mexicano.
Así, se expuso la masacre de campesinos copreros del 20 de agosto de 1967 y la masacre del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres culturas de Tlatelolco, con Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia.
El Halconazo o la masacre del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, la masacre de Nepantla del 14 de febrero de 1974 y el periodo de la Guerra Sucia que comenzó en los años setenta y continuó en la década de los ochenta bajo la responsabilidad del expresidente Luis Echeverría Álvarez.
El asesinato extrajudicial de más de 500 militantes del PRD, la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la década de los noventa, bajo la responsabilidad de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León. La masacre de Aguas Blancas del 28 de junio de 1995, la de Acteal del 22 de septiembre de 1997, la del Charco del 7 de junio de 1998 y la masacre de El Bosque del 10 de junio de 1998 bajo la responsabilidad del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
La represión en San Salvador Atenco del 2, 3 y 4 de mayo del 2006 y la represión contra el magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en noviembre de 2006, bajo la responsabilidad del expresidente Vicente Fox Quesada, así también, como del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz.
El incendio de la guardería ABC del 5 de junio de 2009, la extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre de 2009, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, del 22 de agosto de 2010, bajo la responsabilidad del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además, la desaparición forzada, tortura y asesinato de jóvenes en Lagos de Moreno, el 7 de julio de 2013, el asesinato de estudiantes y civiles en Ayotzinapa, Guerrero y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 bajo la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, así como también la masacre de Tlatlaya, del 30 de junio de 2014, la de Tanguato, Michoacán, del 22 de mayo de 2015 y la de Nochixtlán del 19 de junio de 2016, bajo la responsabilidad de éste mismo expresidente.
El 4 de septiembre, en la conferencia de prensa mañanera, se le preguntó a López Obrador sobre la consulta a los expresidentes y por qué no estaba enlistado Luis Echeverría Álvarez, a quien se debió juzgar sin someterse a consulta y el mandatario respondió: que no se les ha podido juzgar por interpretaciones sobre el fuero constitucional, que no hay una definición clara sobre los delitos por los cuales podría ser juzgado un expresidente, si se puede hacer al terminar la presidencia, hayan abandonado el cargo o exista alguna protección, si los delitos los cometieron cuando estuvieron en funciones y que, por eso, se solicitaría una consulta pública porque era mejor la consulta que dejarlo en manos del Ministerio Público.
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